Este 14 de febrero, el periodista y académico Sergio Aguayo hizo pública una solicitud para recusar al juez titular del litigio que libra con el ex Gobernador Humberto Moreira.

Con argumentos sólidos, la defensa de Aguayo acusa al Juez Alejandro Rivera Rodríguez de operar con parcialidad y en favor del desprestigiado ex Gobernador del lavadero... en el abdomen, digo.

Desde una redacción tendenciosa, hasta la solicitud de una fianza que terminó en manos de la defensa de Moreira, la defensa de Aguayo sostiene que existe una “violación sistemática de la legalidad y la ausencia del debido proceso…” por parte del Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México.

El caso es relevante por dos razones. Primero, porque Aguayo es una de las voces críticas más respetadas de este país, tanto por su solidez técnica como por su integridad personal.

Y segundo, porque el caso no es único. Están ahí muchos otros, como el de Sanjuana Martínez contra Jesús Ortega, pero con un fondo similar: periodistas demandados por políticos poderosos por “daño moral”.

No se me mal entienda, los periodistas debemos ser responsables de nuestra voz y asumir las consecuencias. Pero eso debe dirimirse en los juzgados en igualdad de circunstancias y con la garantía de un proceso correcto y limpio. El problema es cuando el sistema judicial no está allí para proteger los derechos humanos y la libertad de expresión, sino para garantizar la impunidad de los corruptos.

Demandar por daño moral se ha vuelto una vía que los poderosos usan para a través de sus influencias y su dinero, torcer el sistema y afectar, tanto el proceso judicial, como el resultado del mismo.

En la lógica actual, el sistema judicial mexicano no solo permite que la corrupción no se castigue sino que impide que se hable de ella. Eso es grave, porque a la falta de justicia pronta y expedita, también se renuncia a un mínimo de justicia narrativa.

¿Qué nos queda a los mexicanos frente a la corrupción y el abuso de autoridad si nos quitan la voz?

Por eso la importancia de que la sociedad ponga especial atención en estos casos. Porque no hablamos solo de un juicio entre un periodista y un político, sino de una discusión más amplia y con alcances más generales: la afectación del derecho humano de libre expresión, uno de los pilares de la democracia moderna.

Por eso hay que solidarizarse con Sergio Aguayo y todos los periodistas intimidados por esta vía. Para que el ojo público ayude que a su juicio corra con el debido proceso. Para que todos sepamos los argumentos de ambos lados, para que no nos enteremos de repente de resoluciones en lo oscurito.

Repito, no es sólo el pleito de Sergio Aguayo contra Moreira. Todo parece indicar que –también en esta ocasión y como suele suceder en este país-, el periodismo y la libertad de expresión tendrán que enfrentarse contra el sistema completo.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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