El martes 7 de febrero se jugó la final de la Serie del Caribe entre México y Puerto Rico en Culiacán. Un evento bien organizado, un estadio atiborrado y un torneo que el equipo de casa dominó hasta el final. Pero no alcanzó: las Águilas de Mexicali perdieron en extra-innings por apenas una carrera con los Criollos de Caguas.

En el estadio, el ánimo se apagó, la mayor parte de la gente se fue a su casa. Es cierto, dolía perder la final, pero había razones más fuertes para abandonar la fiesta: durante toda la tarde circularon por WhatsApp y redes sociales los videos de un fuerte enfrentamiento en la sindicatura de Villa Juárez, apenas a unos minutos de la capital sinaloense. Las imágenes y los videos son de miedo: vehículos repletos de sicarios, un fusil calibre 50 montado en una camioneta de redilas, hombres ejecutados con chalecos tácticos y AK-47 entre las manos. Gritos, lágrimas, sangre.

Ese mismo día en la mañana, 6 personas murieron en un enfrentamiento con la marina en un fraccionamiento de Culiacán.

Por eso, para la hora del juego estelar de beisbol la psicosis corría en redes sociales: ¿suspensión de clases?, ¿secuestros?, ¿balaceras por aquí y por allá? La memoria  y el miedo obligaban a preguntar continuamente: ¿repetiremos la guerra que vivimos durante 2008? Nadie sabe.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel lleva apenas 40 días en el cargo. En ese lapso, Sinaloa acumula 138 muertos. Tan solo en 72 horas, 12 personas fueron asesinadas en diversos enfrentamientos y persecuciones. Entre ellos un oficial de la marina y una mujer.

Ante la avalancha violenta, el discurso del gobernador es comprensible pero inaceptable: pide tiempo. Los boletines son parcos y la vocería de la Procuraduría local no alcanza. La sociedad quiere saber qué pasa y por qué pasa. Los sinaloenses merecemos saber de qué tamaño es el riesgo con el que convivimos en las calles. Y las autoridades no están explicando nada.

Con más del 50 por ciento de la policía reprobada en los exámenes de control de confianza, no es sorpresa que el nuevo gobernador haya apostado por la militarización de la seguridad en Sinaloa. Lo dijo una y otra vez desde su campaña: “vamos por el apoyo de la Federación”.

En el marco de esa estrategia llegaron más de 2 mil elementos de la policía militar a ocupar los liderazgos en tareas de seguridad bajo el mando del General Secretario Genaro Robles Casillas. Se sabe también que la policía esta siendo “capacitada” militarmente en Tlaxcala. Muchos ya desertaron y acusaron maltratos, falta de viáticos y la intención de usar el entrenamiento como excusa para despedirlos. Lo cierto es que estamos ante una evidente “operación limpieza” de las corporaciones policiales.

Por otro lado, la militarización tiene diversos efectos por atender. Sin los cables naturales del crimen organizado con la policía, los grupos delictivos pierden capacidad para coordinarse y atacar a sus enemigos de manera efectiva, lo que genera caos. Además, se sabe que de cara a la legalización de la mariguana en California y otros estados de la Unión Americana, el Cartel de Sinaloa ha empezado a diversificarse hacia la producción y comercialización de heroína y metanfetaminas, lo que hace que la mariguana empiece a ser más importante desde el punto de vista del narcomenudeo local. Por eso las pugnas entre grupos locales se tornan más violentas, ahora el territorio cuenta no solo como ruta comercial sino como mercado interno.

Tampoco hay que olvidar que la extradición de Joaquín Guzmán Loera obliga a una transición de poder al interior de los liderazgos del Cartel de Sinaloa entre los hijos del capo y el resto de los socios y lugartenientes. Esos cambios de estafeta casi siempre se procesan con violencia.

En suma, estamos ante un contexto sumamente complejo. La violencia del crimen organizado en Sinaloa no es una emergencia sino un mal crónico y estructural. Un modelo mafioso que se desarrollo orgánicamente durante décadas y que ningún Gobernador puede extirpar en 6 semanas.

Pero eso no significa que no se pueda hacer nada. Quirino Ordaz Coppel tiene que empezar por comunicar mejor la estrategia, explicar y transparentar lo necesario y posible. Debe comprender que la paciencia de la gente se agotó hace mucho y que el miedo es muy mal consejero para una sociedad que habita el estigma narco desde la Operación Cóndor. Una sociedad que ha normalizado cierta violencia para no morirse de miedo.

Si necesita tiempo, tiene que pedírselo a la gente con argumentos y razones. Podría empezar por convencer a la sociedad que la militarización es la estrategia correcta. ¿Lo es?

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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