RAÚL CERVANTES ANDRADE
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
VIDA
Nació el 3 de junio de 1963 en la Ciudad de México. Milita en el PRI. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene cuatro especialidades en Derecho Económico Corporativo, Derecho Financiero y Comercio Internacional, Derecho Penal y Amparo. En el Congreso de la Unión repitió como Diputado y antes de ser nombrado Procurador era Senador. Sus vínculos con el Primer Mandatario son estrechos. Humberto Castillejos Cervantes, primo de Raúl, es el brazo derecho de Peña Nieto y funge como su Consejero Jurídico, mientras que Alfredo Castillo Cervantes, otro primo de Raúl, acompaña a Peña desde el Gobierno del Estado de México y ha desempeñado distintos cargos en el gabinete.
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FRAGILIDAD
Está encargado de la justicia de la Nación y podría llegar a ser Fiscal General si los Diputados modifican la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La cartera que ahora tiene será pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción que ahora se debate en el Congreso de la Unión y cuyo engranaje es tan largo que ha tomado cuatro años. Y Cervantes Andrade quedaría en medio del nuevo sistema como un gran zar anticorrupción. Hace casi diez años fue denunciado por su ex esposa, Angélica Fuentes Téllez, ante el Ministerio Público por golpes. Tras el suceso, la empresaria se escondió y le llevó más de un año poder contarlo a alguien que no fuese de su círculo cercano. Fuentes, quien empezó su carrera en la compañía de su familia llamada Grupo Imperial, inició luego de esa experiencia violenta una Fundación en la que apoya proyectos económicos para empoderar a las mujeres.
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SU GANAR-GANAR O LA OPACA FORTUNA
Hasta ahora, ha percibido en salario bruto 512 mil 805 pesos. Su declaración patrimonial no tiene ningún elemento de transparencia. El funcionario dice que no acepta hacer públicos sus datos patrimoniales, ni de posible conflicto de interés. Es decir, si tiene casas, menaje de casa o joyas no es posible saberlo según lo que él mismo asienta ante la Secretaría de la Función Pública, la dependencia que se encarga de vigilar la ética de los servidores públicos.
