El 12 de enero, la comunidad cubana recibió la difícil noticia de la repentina decisión del gobierno de Barack Obama de revertir la acción ejecutiva “pies secos, pies mojados”. La nueva medida cambia radicalmente la dinámica migratoria desde Cuba hacia Estados Unidos, donde radican 1.8 millones cubanos o sus descendientes. Plantea, al mismo tiempo, un enorme reto para el Estado mexicano, país clave en el paso de esta migración.

Esta acción fue tomada por el expresidente demócrata Bill Clinton en 1995, durante la crisis migratoria conocida como “los balseros”, que llevó a más de 30 mil cubanos a cruzar -en precarias embarcaciones construidas a veces sobre la arena, con madera y llantas de automóviles- los 198 kilómetros de aguas bajas que separan a Cuba del cayo más al sur de la península de la Florida.

Hasta ahora “Pies secos, pies mojados” permitía a los migrantes cubanos, a diferencia de los centroamericanos, mexicanos o asiáticos, pagar hasta 10 mil dólares por un traslado ilegal hacia o dentro de México. La medida estadounidense aseguraba a esta población un estatus legal en ese país, y la certeza para recuperar su inversión en el corto plazo, gracias a trabajo legal en la unión americana.

En términos simples, permitía a todos los nacidos en la isla que llegasen a fronteras estadounidenses, aún sin visa, legalizar de inmediato su estatus migratorio y obtener ayuda alimenticia, económica y de educación. A esto seguía un permiso de trabajo, regularmente otorgado tres meses después, obtención de residencia legal permanente al cumplir un año de radicar en Estados Unidos y la posibilidad de tramitar la ciudadanía cinco años más tarde.

Durante las elecciones de noviembre, Trump ganó el estado de Florida con el apoyo de un 54 por ciento de los votantes cubanos, según una encuesta del Pew Research Center. A pesar de este apoyo electoral, en Cuba muchas familias vendieron sus pertenencias, arreglaron viajes legales o ilegales de última hora, y se lanzaron a México para cruzar la frontera antes de que el republicano tomase el poder. Temían que, una vez en el cargo, eliminase “pies secos, pies mojados” como una forma de presionar al régimen de Castro.

Sin embargo, fue Obama quien aceleró la eliminación de la acción ejecutiva. Con ello, cerró un ciclo de acercamiento de su administración con el gobierno castrista y legó a Trump su primera crisis diplomática. Para el republicano, la gran paradoja radica en que deberá deportar a Cuba a los migrantes que lleguen a sus fronteras, a pesar de que él declaró la isla como un país que ha sido gobernado por “un dictador brutal”, el fallecido Castro, y aseguró que su gobierno “ayudará a los cubanos”.

En el corto plazo, los cubanos que lleguen a México sin una visa para Estados Unidos deberán cruzar el desierto e internarse en la unión americana ilegalmente, como los migrantes de otros países. Estos nuevos riesgos reducirán el número de quienes pagan a los traficantes de personas, y con ello las ganancias de los cárteles de la droga, principales operadores del movimiento de los nativos de la isla en territorio mexicano en los últimos años.

Según ha operado la lógica del crimen organizado en el país, en especial entre Los Zetas, una reducción en estas ganancias seguras devendría en mayor violencia en las rutas de tráfico, incluso para los propios cubanos, una vez que estos grupos deban sustituir los ingresos perdidos con otros negocios adyacentes a la delincuencia organizada, como los secuestros o la extorsión.

En México las autoridades no se han pronunciado sobre la medida. En la escena pública, al menos, no parecen haber tomado nota de qué papel juega y jugará México en esta nueva composición de una ola migratoria que no se frenará, dado que las familias en Cuba no dejarán de necesitar un exilio económico y los cubanos en Miami continuarán buscando, de una forma u otra, su reunificación familiar.

Los primeros ejemplos de este nuevo fenómeno son los cientos de cubanos que estaban en camino hacia Estados Unidos al momento en que se anunció la medida, quienes se han quedado apostados con y sin visa en las ciudades fronterizas mexicanas. Allí esperan conocer cuál será la determinación de Trump respecto a la acción ejecutiva, una vez que jure como presidente el próximo 20 de enero.

El paso de los inmigrantes que durante años viajaron sin visa en lanchas de traficantes desde la isla hacia Cancún, o atravesaron por tierra varios países de Latinoamérica hasta territorio mexicano, ha sido recurrentemente un dato perdido en la estadística del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con datos oficiales, entre septiembre de 2015 y de 2016, 41 mil 523 cubanos entraron a Estados Unidos desde puestos fronterizos colindantes con México. En ese mismo periodo, solo 5 mil 886 cubanos fueron presentados por autoridades mexicanas para repatriación, por estar en el país sin visa. En los documentos públicos del INM, sin embargo, no es posible desglosar cuánto llegaron legalmente a México y cruzaron pocos días más tarde la frontera estadounidense, o cuántos otros recorrieron el país por tierra sin ser detectados oficialmente por ninguna autoridad migratoria.

Esta diferencia no es un error en las estadísticas, sino el volumen de un gran mercado de tráfico humano de cubanos hasta algún punto fronterizo con Estados Unidos, que ha sido controlado en la última década por la delincuencia organizada, en especial por el cartel de Los Zetas, en la ruta que va desde Cancún hasta Nuevo Laredo o Matamoros.

Faltan solo unas horas para que Donald Trump se convierta en el presidente de Estados Unidos. Si su gobierno mantiene la medida, ¿los cubanos en camino hacia México, o que ya están aquí, obtendrán una visa humanitaria en este país, serán ignorados por el Estado, caerán en las fauces del crimen organizado, o serán repatriados en masa, con cargo al erario que proviene de los impuestos de los mexicanos?

Una vez más, como en la historia reciente de la diplomacia mexicana, la falta de respuestas públicas claras y tempranas a interrogantes como estas coloca al país en el punto de contención de un fenómeno ajeno. De mantenerse el silencio actual, esta crisis agregaría un componente al complicado escenario político y social que hoy vive México, y podría acarrear consecuencias de violencia, violaciones graves a los derechos humanos y tensiones diplomáticas en el corto y mediano plazo.

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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