La Ministra de la Suprema Corte de Justicia Margarita Luna Ramos ha presentado un proyecto de sentencia que favorece a una embotelladora de Coca Cola para que se de marcha atrás a los lineamientos de alimentos y bebidas en las escuelas de educación superior. El proyecto de dictamen lo presenta a unas semanas de haberse decretado la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en México, al darse a conocer que en 2015 murieron más de 96 mil personas por diabetes y que alrededor del 10 por ciento de la población adulta tiene diabetes, 40 por ciento sin saberlo.
La Ministra propone amparar a la embotelladora de Coca Cola cuando se sabe que el 70 por ciento de los azúcares añadidos en la dieta de los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas; que el consumo regular de una de estas bebidas, un hábito entre un alto porcentaje de los mexicanos, aumenta el riesgo de obesidad en 60 por ciento y el de diabetes en más de 20 por ciento; cuando se sabe que hemos sido los mayores consumidores de estas bebidas y que somos los mayores consumidores de Coca Cola en el mundo. México fue bautizado por el exrelator de la Organización de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, como un país cocacolinizado.
La Ministra Luna Ramos repite una serie de argumentos que favorecen al amparo de la embotelladora que son exactamente los argumentos de la industria refresquera para evitar las regulaciones en México y el mundo: que los productos por si mismos no se vinculan a las enfermedades, que debe educarse a los consumidores en vez de limitárseles el acceso a estos productos, que los consumidores ya son adultos con capacidad de realizar elecciones informadas, etc, etc.
La Ministra desconoce, o quiere desconocer, la evidencia científica existente en relación a que lo que determina los hábitos son los ambientes y que en este caso, lo que prevalece es el ambiente obesogénico. Lo que los lineamientos buscan es modificar ese ambiente obesogénico en un ambiente más saludables, al menos, en las instituciones de educación. No se trata de cualquier espacio, se trata del espacio al interior de una institución educativa donde el Estado tiene la facultad de regular.
En eso se enfocan las recomendaciones internacionales y nacionales, desde las expuestas por la propia Organización Mundial de la Salud hasta la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Instituto Nacional de Salud Pública. Se deben modificar los ambientes insalubres en saludables, al menos aquellos sobre los cuales tiene potestad el gobierno.
En México vivimos en el abandono de lo público por lo privado, el imperio de la corrupción en las instituciones gubernamentales y la profunda intervención del conflicto de interés en el diseño de la política ha dejado un país en una crisis profunda: un sistema educativo en muy grave deterioro, un sistema de salud en colapso, una nación con los más altos índices de desigualdad y, un país sumergido en la violencia y la impunidad.
El poder judicial debe ser un contrabalance en este proceso, no debe abonar al deterioro de la salud, a alterar una de las pocas normas que se han establecido para enfrentar esta epidemia que ha rebasado por mucho la capacidad del sistema de salud. México se convirtió ya en el país con uno de los mayores índices de sobrepeso, obesidad, diabetes y muertes por diabetes en el mundo. Los estudios de la Organización Panamericana de la Salud muestran claramente cómo el aumento en el alto consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas (comida chatarra y refrescos) es la principal causa de esta situación.
A más consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas mayor es el índice de sobrepeso y obesidad entre las poblaciones de América Latina y el Caribe. Basta ver nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, convertida en un muladar de comida chatarra, una muestra más de cómo se han impuesto estos productos a través de sus multimillonarias estrategias de publicidad y comercialización, acompañadas del deterioro en la elaboración de ciertos alimentos tradicionales que también deben salir.
La regulación de los alimentos y las bebidas en las instituciones de educación superior es clave, ya que entre la adolescencia y la edad adulta de los mexicanos se da un segundo disparo en la incidencia de sobrepeso y obesidad. En estas instituciones se debe garantizar la oferta única de productos saludables y reforzar esta medida con campañas de orientación alimentaria. De nada sirve educar si el ambiente promueve malos hábitos alimentarios.
El 70% de los adultos mexicanos tiene sobrepeso y obesidad y un 10% de toda la población sufre diabetes, alrededor del 40% no lo sabe, se enterará cuando acuda al médico al comenzar a perder la vista o a tratarse una llaga en el pie que posiblemente terminaran amputándoselo. Cuando el 70% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad no se trata de una suma de malas decisiones personales, se trata de que se ha conformado un ambiente obesogénico que lleva al consumo de alimentos y bebidas no saludables.
La industria de bebidas y comida chatarra tiene invadido el país con sus productos, con más de i.5 millones de puntos de venta. Señores Ministros: ¿no pueden establecerse las instituciones de educación superior como espacios saludables? ¿Quién tiene más derechos, la salud o el comercio?
¿No puede el Estado garantizar, en medio del ambiente obesogénico nacional, de un país Cocacolinizado, que las instituciones de educación superior sean espacios saludables? Los Ministros votaron en contra del primer proyecto del Ministro Fernando Franco que desechaba el amparo y defendía los lineamientos en las Instituciones de Educación Superior. Sabemos que la comida chatarra y las bebidas azucaradas prevalecen en gran parte de las escuelas de educación básica y media, vemos el imperio de la chatarra en las universidades, sin embargo, los lineamientos son una herramienta para luchar por espacios saludables, por lograr que un día sean espacios saludables y así sean espacios de educación alimentaria..
La decisión de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia va en contra los propios recursos de revisión interpuestos por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. El proyecto de dictamen que se discutirá y votará este miércoles presenta argumentos insostenibles en base a la evidencia científica. La sentencia responde al amparo que establece que estos lineamientos son una restricción injustificada a la libertad de trabajo y de comercio de la embotelladora de Coca Cola por encima del derecho a la salud de los alumnos que se encuentran en instituciones de educación superior.
¿No ha sido un exceso a la libertad de trabajo y comercio la cocacolinización del país? ¿no ha sido un exceso el ambiente obesogénico creado por una publicidad invasiva y la omnipresencia de estos productos en el territorio nacional? ¿no puede garantizarse al menos en las instituciones de educación superior la ausencia de estos productos?
Señora Luna Ramos, señores Ministros: lo que ustedes están determinando es quién tiene mayor potestad sobre el ambiente en las instituciones de educación superior, ¿las autoridades educativas y de salud o una empresa que embotella y distribuye un producto cuyo consumo contribuye a la emergencia epidemiológica que vivimos?
Ustedes decidirán si contribuyen a mantener el ambiente obesogénico y la cocacolinización del país en las instituciones de educación superior en medio de la emergencia epidemiológica que vivimos.
¿Por qué no garantizar un espacio saludable en las instituciones de educación superior?
Ustedes deciden qué derechos ponen por delante.
