Hay de saqueadores a saqueadores. Tenemos los saqueadores del país, los políticos saqueadores, los empresarios que no pagan impuestos y también son saqueadores y por último, tenemos a los saqueadores al menudeo.

Pero la ley y el estado de derecho no es parejo. A los saqueadores al menudeo que en los últimos días han orquestado disturbios en las manifestaciones los ha procesado y encarcelado rápidamente, pero a los saqueadores del país, políticos y empresarios saqueadores siguen impunes.

La mano dura contra los ciudadanos y la impunidad a mis amigos, parece ser el lema del gobierno de Peña Nieto. Mientras a los políticos, funcionarios y gobernadores corruptos que han robado miles de millones de pesos no les hacen nada, a los ciudadanos rápidamente los etiquetan y los encarcelan.

Sorprende la celeridad de la justicia en algunos casos y la nula actuación en otros. Los llamados saqueadores podrían alcanzar hasta 21 años de cárcel acusados de robo y asociación delictuosa, algunos por robar una caja de leche.

Mientras tanto, hay una docena de ex gobernadores acusados de corrupción y de robo al erario que gozan de su libertad. Hagamos cuentas. Por ejemplo, los ex Gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo Léon, Sonora y Coahuila, incrementaron la deuda en sus estados por más de 186 mil 535.7 millones de pesos respecto a la deuda que recibieron al llegar a su cargo.

La suma de las grandes cantidades de dinero que se han robado podría ser utilizado para las necesidades del gobierno, en lugar de incrementar el precio de las gasolinas.

En lugar de exigir que los gobernadores corruptos regresen lo robado, el Estado insiste en perjudicar la economía de los ciudadanos. No hay limite para sus ambiciones. No existen controles para impedir que sigan robando a manos llenas. Tampoco voluntad política para encarcelar a los corruptos saqueadores, mucho menos para recuperar el dinero que se llevaron.

Pero insisto, ¿por qué aplicar un diferente racero para unos y otros saqueadores? En una democracia se supone que la ley debe otorgar igualdad a todos.

En los últimos días han sido detenidas mil 500 personas por participar en saqueos y actos vandálicos durante las manifestaciones en contra del gasolinazo que se han registrado en diferentes ciudades del país. Nadie puede justificar estos delitos con millones de perdidas para la Iniciativa Privada, pero sorprende la diferencia en la aplicación de la ley.

Por otro lado, algunos de los saqueos parecen orquestados o planeados por fuerzas políticas interesadas en desacreditar el movimiento ciudadano de protesta. Y lo más importante, interesados en propagar el miedo.

No es fácil determinar cuántos de los saqueadores fueron por encargo y cuántos, sencillamente se lanzaron a robar por repetición aprovechando la confusión o por necesidad. Cuando la gente ya no tiene nada que perder, es difícil predecir lo que puede suceder.

Solo hay que hacer un recuento de la pobreza en México para saber que este es el preludio de lo que puede pasar si este país no combate la enorme desigualdad social que existe. Con más de la mitad de los mexicanos viviendo en pobreza, 28 millones de los cuales tienen necesidades alimentarias, el estallido social podría estar a la vuelta de la esquina.

Los últimos gobiernos han sido auténticas fábricas de hacer pobres, mientras el hoyo negro, producto del expolio y el saqueo indiscriminado de presidentes, gobernadores, senadores, diputados y funcionarios, sigue aumentando.

México no puede seguir con una clase política rica y ciudadanos pobres. Los ciudadanos estamos hartos de tener políticos corruptos impunes, funcionarios saqueadores de todos los niveles que se están acabando al país.

A la pregunta que hizo Peña Nieto de ¿qué hubieran hecho ustedes? Las respuestas de la sociedad civil son contundentes: rebajar el gasto público, rebajar los sueldos de la alta burocracia, recuperar lo robado por los gobernadores y funcionarios corruptos saqueadores, adelgazar el aparato gubernamental, disminuir el número de diputados y senadores, controlar y prohibir el auto otorgamiento de bonos y beneficios indiscriminados…

En definitiva, se trata de que Enrique Peña Nieto comprenda que la solución está en su gobierno no en empobrecer más al pueblo mexicano.

Y si no puede, que renuncie.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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