La Presidencia de la República quiere que en Yucatán se siembren Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Para que esto sea posible, hace unas semanas el gobierno de Peña Nieto presentó una controversia constitucional sobre un decreto en que el Gobierno de Yucatán declaraba a este estado como zona libre de transgénicos.

Uno de los argumentos más comunes para oponerse a los OGM es que sus potenciales daños a la salud justifican establecer, a manera de medida preventiva, su prohibición temporal hasta que no se haya comprobado a ciencia cierta su inocuidad. Sin embargo, mucho de lo que en este debate se ofrece como evidencias no rebasa la categoría de las especulaciones.

Una preocupación mucho más concreta es la que manifiestan aquellos que advierten las peligrosas consecuencias del creciente poder de las grandes transnacionales dedicadas a los OGM –la más famosa de ellas Monsanto-. Este tipo de empresas suelen propietarias de las patentes de las semillas y complementos necesarios para el proceso, que va desde su distribución hasta la cosecha y comercialización. Esto les permite actuar como monopolios e imponer discrecionalmente sus condiciones a los agricultores. En este esquema el agricultor es aplastado y la productividad de los monocultivos no beneficia a los consumidores.

Sin embargo, hay otro grupo de razones que, a pesar de que suelen ser menos discutidas, encarnan la amenaza más inminente de los OGM. A finales del año pasado se realizó en Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la audiencia temática “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán”.

En esta audiencia, un grupo de defensores de derechos humanos, activistas y reconocidos académicos presentaron evidencias de que el actual modelo de desarrollo impulsado en la zona -que está basado en megainversiones privadas en energías renovables, monocultivos y transgénicos- ha violado los derechos indígenas a la libre determinación, al agua y al medio ambiente sano y a la consulta previa libre e informada. De esta forma, los expositores detallaron cómo “diversos estudios y evidencias muestran que el desarrollo agroindustrial basado en monocultivos y en el uso intensivo de semillas transgénicas e insecticidas, pone en grave peligro recursos naturales como el suelo, el agua, la selva y los polinizadores, y con éstos, rompe el equilibrio de este frágil ecosistema, la recarga de mantos, fertilidad de suelos y otros ciclos naturales que han permitido la sobrevivencia de las comunidades Mayas locales”.

Las evidencias presentadas en Panamá, y muchas otras documentadas por organizaciones de la sociedad civil yucateca –entre las que destaca el invaluable Equipo Indignación-, dejan claro que el gobierno de Yucatán no sólo no se ha caracterizado por representar o defender a los mayas que viven en ese estado, sino que ha alentado un contexto que favorece la opresión de aquellos a quienes dice representar y presume orgulloso. Un botón de muestra es que, de acuerdo con una investigación reciente publicada en la publicación académicas indexada Environmental Pollution (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116319054) que reveló que 30% de los mayas yucatecos están expuestos a beber agua contaminada por el uso de pesticidas. El Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán ha documentado la contaminación del agua yucateca con plaguicidas y la acumulación de estos plaguicidas en la sangre de mujeres mayas con cáncer cervicouterino e incluso en leche materna.

El Gobierno de Yucatán también ha permitido –o fomentado- las condiciones para que los mayas yucatecos no puedan ejercer su derecho a la consulta (http://yucatan.com.mx/editoriales/que-es-una-consulta-indigena) y se han abierto las puertas a megaproyectos que muy probablemente terminen por deteriorar las condiciones de vida de miles de personas. La tortura y otras violaciones a derechos humanos son también constantes en Yucatán; la población más vulnerable es la más afectada por ello (http://indignacion.org.mx/category/comunicados/portema/tortura/ ).

Sin embargo, en este tema el gobierno yucateco parece haberse colocado del lado de sus gobernados al declarar a Yucatán cómo zona libre de OGM. Uno podría pensar que, dado que la siembra de transgénicos representaría un daño irreversible al ecosistema y a la forma de vida de miles de personas, esta decisión es tan sólo lo mínimo que cabía esperar de un gobierno. Pero claramente esto no es lo que normalmente ocurre en otras áreas y con otras decisiones del gobierno yucateco.

Sin embargo, contra viento y marea, el gobierno de federal no ha descansado en su intento de imponer su decisión de abrir Yucatán a los OGM poniendo trabas al ejercicio del derecho que tienen los mayas yucatecos a una consulta libre e informada. El 3 de enero de este año el gobierno de Enrique Peña Nieto reaccionó ante la creciente preocupación, generado por las evidencias sobre los efectos que permitir los OGM tendría sobre el ambiente y la vida de miles de personas, publicando un proyecto en el que se determinan una serie de nuevos requisitos que deberán cumplir los estudios que deben evaluar los posibles riesgos de la liberación experimental de los OGM al ambiente y a la diversidad biológica; es decir, cambiando los criterios para determinar los años al ambiente (http://dof.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?codigo=5468449&fecha=03/01/2017).

En este contexto la pregunta abierta es qué está llevando al gobierno federal a defender, a pesar de todas las evidencias disponibles, y contra un decreto estatal, una posición que generará efectos tan perniciosos.

@asalgadoborge

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Antonio Salgado Borge

https://www.sinembargo.mx/author/antoniosalgado/

Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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