2017 se ve, para decirlo como es, difícil. No es derrotismo. Tampoco mala leche. Pero los pronósticos están complicados. Los números que tenemos hasta ahora nos permiten pensar que el año que viene será complejo, sobre todo en lo económico.

Razones hay de sobra: la presión inflacionaria por el gasolinazo será difícil de digerir en otros productos. El control del tipo de cambio con el dólar, sobre todo a partir de que Donald Trump tome posesión, será otro tema clave. Amén de las posibilidades que existen de una cerrazón comercial en Estados Unidos, lo que afectaría negativamente la balanza comercial con México. Eso, traducido en términos llanos, son menos exportaciones, menos dinero, menos inversiones, menos empleos.

Por otro lado están las variables “macro”, que no se ven, pero que cuando se sienten, pueden doler muchísimo: el endeudamiento del gobierno ya es una medida preocupante para los organismos financieros internacionales. A México ya no se le ubica afuera como un gobierno responsable en cuanto a disciplina financiera. Y eso erosiona la confianza de inversionistas externos. Otra vez: menos inversión=menos empleos=menos crecimiento económico. Y el fantasma de una devaluación que ronda.

Pero lo que está por venir en 2017 no son sólo problemas económicos, sino sus afectaciones en otras esferas. Mientras no crezcamos a tasas competitivas, ni generemos la cantidad de empleos necesarios para absorber el bono demográfico (1.2 millones por año, según expertos), la brecha de la desigualdad seguirá ensanchándose y la pobreza también crecerá. México ya es uno de los países más desiguales de la OCDE y no estamos mejorando, al contrario, el problema se agrava.

A la desigualdad hay que sumar la debilidad del Estado de derecho. Lo que significa que en nuestro país la ley es letra muerta la mayor parte de las veces. La impunidad abre la puerta a un estado de injusticia permanente hasta en las cosas más simples. Vamos, no es solo que en nuestro país se pueda asesinar con un 2 por ciento o 3 por ciento de posibilidades de ser arrestado y condenado, es que casi lo mismo sucede si te robas un auto, disparas al aire para celebrar en Año Nuevo o te pasas un alto. La suma de ambas crisis redunda en mayor desigualdad: el pobre suele ser la víctima recurrente que nuestras procuradurías y ministerios públicos re-victimizan.

Y ya entrados en gastos, están la inseguridad y la violencia. Por más que el Gobierno federal nos quiera convencer de su sofisticada estrategia, la coordinación entre corporaciones y la cantidad millonaria de recursos gastados en armas, tecnologías y fornituras, los resultados son decepcionantes: más muertos, más “hoyos negros” de legalidad, más sistemas mafiosos. No sería de extrañar que en 2017 veamos otro Tlatlaya, otro Ayotzinapa, otra emboscada a militares como la de Culiacán. ¿Por qué? Muy simple: no pasó nada.

Eso sí. Habrá temas relevantes a los cuales los ciudadanos, los periodistas y los medios debemos ponerle atención si queremos contribuir en ir arreglando algo. Sin duda, lo primero será vigilar con férrea voluntad la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Para que los elegidos sean cuadros reconocidos por su estatura moral/técnica y puedan hacer diferencia. A este país le urgen liderazgos que sean referente éticos. Ya estamos hasta la madre de tanto pillo legitimado.

Estará también el seguimiento a la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Tenemos que exigir y vigilar que las salas orales funcionen, monitorear los resultados, ponerle la lupa a los jueces, cuidar los derechos de víctimas y victimarios. El reto es grande para un país acostumbrado al abuso, el circo y la exhibición en materia penal.

También deberemos poner mucha atención al desenlace de los casos documentados de corrupción con los ex gobernadores de todo el país. Los Duarte, Borge, Padrés, López Valdez, entre otros, tienen que ser referentes de investigación y aplicación de justicia y no solo escándalos mediáticos. Hay que seguir poniendo la atención, y la presión, para que las instituciones investiguen y persigan los delitos que surjan de investigaciones serias y profundas. Peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ese vocabulario de la corrupción de nuestra cínica clase política que se enriquece a manos llenas mientras le pide a la sociedad “que entienda”, “que aguante”.

Y por último, entraremos de lleno en el juego de la sucesión para 2018. En el PRI hay de dos: inventarse un candidato milagro o pactar una sucesión tersa con… ¿el PAN? A eso huele el acercamiento Calderón- Peña Nieto para posibilitar la candidatura de Margarita. Veremos de que tamaño resulta Anaya. Y está también -no podía faltar- López Obrador, con amplias posibilidades a menos que se autodestruya antes. Sin duda sería la opción más “diferente”, el problema es que no sabemos qué tanto, ni para dónde. Y esa incertidumbre, sumada al discurso evangelizador del personaje, aterra a amplios grupos de poder en México. ¿Un independiente competitivo? No se ve quién, ni cómo. Nomás recuerde: A río revuelto… gana el PRI.

En fin, no hay mucho por esperar del Gobierno Federal ni de su demeritado líder Enrique Peña Nieto. Prefiero pensar que en 2017 seremos prudentes y que la sociedad civil mexicana dará pasos más firmes en articulación, exigencia, coordinación. Si nuestra política divide, la sociedad civil debe sumar. Es un asunto de generosidad. No abunda, pero se puede.

En fin, que el problema es nuestro. Siempre lo ha sido ¡Feliz Año Nuevo!

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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