Organizaciones de la sociedad civil y legisladores del Estado de México cuestionaron las promesas de seguridad ofrecidas por la autoridad a los comerciantes del mercado de San Pablito, Tultepec. Las irregularidades alcanzan a los tres niveles de Gobierno, refirieron. En tanto, las autoridades del Estado de México han negado que deducir responsabilidades de la tragedia sea una prioridad. El número de muertos asciende a 35 hasta este jueves por la noche. ¿Quién pagará por la falta de seguridad del recinto que explotó?
Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).— El mercado pirotécnico de San Pablito, Tultepec, no contaba con garantías de seguridad para funcionar y críticos de lo sucedido ven encubrimiento de parte de las autoridades para evitar dar con los responsables.
El último recuento del Gobierno del Estado de México da un total de 35 muertos por el incendio del mercado ocurrido el martes al medio día. Además de 36 hospitalizados. El hecho ha arreciado las críticas sobre la negligencia de diversas autoridades.
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El Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Luis Sánchez Jiménez apuntó que la negligencia de las autoridades llevó al accidente. Y responsabilizó en primer lugar a Juan Ignacio Rodarte Cordero, director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMPEDI).
“[Juan Ignacio Rodarte] quien por cierto se anda escondiendo. Justo su función se trata de ver que se lleve a cabo esta actividad [comercio] en las mejores condiciones, y parece que fue el principal promotor de la violación de las normas”, dijo el legislador.
Apenas el 5 de agosto, Rodarte inauguró la temporada de alta venta de juguetería pirotécnica en Tultepec, en la que resaltó que San Pablito era el tianguis de pirotecnia más seguro de Latinoamérica.
De acuerdo con el director, San Pablito contaba con espacios diseñados con suficiente espacio como para evitar un incendio en cadena.
Sánchez, quien es Senador por el Estado de México, recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la encargada de entregar permisos federales para vender pirotecnia. “Y nadie nos ha podido decir si existían”, recriminó.
Para que una persona física o moral pueda abrir una fábrica de pirotecnia deberá realizar una solicitud al Presidente de la República, por conducto de la Sedena, expone el artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
“Evidentemente es una negligencia avergonzante de las autoridades mexicanas en todos los ámbitos”, dijo José Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
La organización civil lamentó que no fuese la primera vez que una accidente de este envergadura sucede en San Pablito.
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El 12 de septiembre del 2006, el mercado quedó prácticamente devastado por un incendio. En ese momento, Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, y pese a la promesa de que habría medidas de seguridad, la catástrofe volvió a destruir los locales en 2007.
Hoy, pero ya como Presidente, Peña Nieto prometió durante su visita a los heridos del incendio, en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, reconstruir una vez más el mercado.
“Dialogamos con artesanos y nos comprometimos para apoyarlos, a los 300 locatarios de ese mercado, para que recuperen y nuevamente reinicien el próximo año sus actividades normales”, dijo Peña.
Por su parte el Gobernador de la entidad Eruviel Ávila Villegas dijo que la reconstrucción del mercado buscará la forma de conjugar la seguridad, la protección a la gente y su actividad artesanal.
Osmar León Aquino, dirigente del Movimiento Vida Digna y fundador de México Suma, apuntó que es necesario que las autoridades abandonen la idea de que la venta de pirotecnia es artesanal e implementen medidas de seguridad industrial.
“Habría que pasar del simple mercado a la constitución y construcción de la industria pirotécnica que requiere de otras características, no sólo fiscales, sino de control civil, de reglamentación más precisa”, especificó.
La necesidad de que haya responsables por lo sucedido continúa latente, recordó Sánchez, quien espera que la Procuraduría General de la República no retarde las investigaciones.
Sin embargo, ayer el Secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, negó que sea una prioridad por parte de las autoridades estatales buscar las causas que provocaron la explosión del mercado, ya que estarán enfocándose en atender a las familias.
La respuesta fue vista como una evasiva.
“Un Gobierno eficiente puede buscar responsables y atender a las víctimas. El Secretario Manzur no es el que está curando las heridas o está viendo los trámites. Él es el principal responsable de que se conozca quienes son los responsables, pero es un práctica cotidiana de encubrir a sus funcionarios”, dijo Sánchez.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero apuntó que la negligencia estuvo en el presupuesto y su falta de aplicación.
El IMPEDI recibió este año un presupuesto de 18 millones 266 mil pesos. De los cuales, el 71 por ciento, 13 millones 69 mil fueron destinados a la remuneración del personal.
Al tiempo que no gastó un solo peso al concepto de “materiales y artículos de construcción y reparación, prendas de protección, materiales y suministros para seguridad o para equipo de defensa y seguridad”, de acuerdo con una revisión hecha por este medio.
“Todo indica que los grandes presupuestos que se habían destinado para una cuestión de seguridad no fueron debidamente aplicados, y ahí están las consecuencias. Un ejemplo más de la corrupción”, dijo Lara.
