Al interior del Tricolor no sólo no han avanzado las demandas de expulsión en contra de cuatro ex gobernadores señalados por corrupción y otros delitos, además en septiembre pasado su dirigente, Enrique Ochoa Reza nombró como Secretaría Jurídica y de Transparencia del CEN a Carolina Viggiano Austria, esposa del actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, y cuñada del ex mandatario Humberto Moreira Valdés, señalado en cortes de Texas y de España como probable implicado en delitos de lavado de dinero. En tanto, Humberto Moreira fue ratificado como integrante del Consejo Político Nacional priísta, por su calidad de ex dirigente nacional del partido.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– El plazo estimado para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) resuelva las demandas de expulsión contra tres ex gobernadores se acorta. De acuerdo con lo previsto en octubre por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Tricolor, Enrique Ochoa Reza, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria entregaría a fin de año los resultados de las demandas internas impulsadas contra César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León.
“Va lento, porque ya debería de estar en el proceso de la suspensión de los derechos para determinar después la expulsión, con tantos elementos nuevos que han salido después de las denuncias que presenté”, dijo Armando Barajas Ruiz, integrante de la corriente interna partidista Solidaridad.
Barajas exigió el inicio de la suspensión de derechos partidarios de los cuatro hoy ex gobernadores priistas –los citados, más el veracruzano Javier Duarte de Ochoa– desde julio pasado, luego de las derrotas del Tricolor en siete de las 12 gubernaturas disputadas en la elección del pasado 5 de junio.
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En el texto de la demanda, Barajas advirtió que los señalamientos de corrupción contra los denunciados –que también dejan cuatro de las mayores deudas públicas del país– “constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”.
A la fecha, sin embargo, sólo ha concluido el procedimiento contra Duarte de Ochoa, expulsado del Revolucionario Institucional el pasado 26 de octubre, cuando también era ya prófugo de la Procuraduría General de la República (PGR).
“En cuanto a los otros gobernadores, si bien es cierto que no son los mismos hechos denunciados, son similares; estamos hablando de que son denuncias presentadas por la Auditoría Superior y por el Servicio de Administración Tributaria, en cuanto a que existen empresas fachadas, o fantasmas para desviar los dineros del erario de estos estados”, dijo hoy Barajas en entrevista.
“Entonces, si es similar, el asunto debería tener la misma celeridad”, agregó.
El vocero del PRI, Jorge Alberto Pérez, dijo no contar con información sobre el avance de las demandas.
‘ES UN JUEGO DE ESPEJOS’
La expulsión de los ex gobernadores ha sido impulsada dentro del PRI como una medida “preventiva” para evitar que las denuncias de corrupción que los rodean provoquen la derrota del partido en 2018, cuando se renovará la Presidencia de la República.
El septiembre, sin embargo, Ochoa Reza nombró como Secretaría Jurídica y de Transparencia del CEN a Carolina Viggiano Austria, esposa del actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, y cuñada del ex mandatario Humberto Moreira Valdés, señalado en cortes de Texas y de España como probable implicado en delitos de lavado de dinero.
Éste, a su vez, el pasado 27 de noviembre fue ratificado como integrante del Consejo Político Nacional priísta, por su calidad de ex dirigente nacional del partido.
“Creo que hay mucho escepticismo entre la gente de hasta dónde quiere llegar el PRI, o de si van a ir a fondo contra la corrupción”, consideró José Antonio Crespo, analista político y académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
“El mensajes que mandan es que son cambios cosméticos, simbólicos y que, a final de cuentas, no van a ir a fondo, de que son selectivos y de que se decide contra quién irán en función de los compromisos”, agregó el autor de libros como “PRI, de la hegemonía a la oposición” y “2006, hablan las actas”, entre otros.
La presunta cruzada priísta contra la corrupción ha sido motivo de cuestionamientos entre varios analistas. Sobre todo, por la recurrencia de casos de probable abuso de poder o uso de recursos públicos para fines personales –desde la adquisición de la Casa Blanca de la familia presidencial hasta los desfalcos denunciados de los ex mandatarios priístas–, pero también por la falta de consecuencias.
En Chihuahua, por ejemplo, el abogado y activista Jaime García Chávez ha insistido en que la carpeta de investigación iniciada a partir de su denuncia contra Duarte Jáquez –por su participación en un banco privado– está sin avances en la PGR, ahora a cargo del ex senador priísta Raúl Cervantes Andrade, además “amigo” del ex mandatario.
“No parece que vayan en serio”, sostuvo Crespo. “Y resulta poco convincente el esfuerzo; sigue siendo un juego de espejos para salir del paso de los resultados de la elección de este año, que fue un claro castigo contra la corrupción”, agregó el experto.
