La intención de clonar a la PGR y bautizarla como Fiscalía General de la República no se evita sólo con la generación de una ley que tenga el aval de académicos de prestigio y legisladores chambeadores. Tampoco sí solamente se consigue que el actual procurador renuncie a ser fiscal. Para evitar realmente que esa clonación se lleve a cabo se requiere una profunda modificación al artículo 102 de la Constitución. Dotarnos de reglas competitivas, democráticas y transparentes que determinen la designación de él o la Fiscal General, además y con la misma importancia, garantizar que no se realice un traspaso automático de los recursos materiales, humanos y financieros.

Extraer células de la PGR, ¿y luego?

Una clonación implica la reproducción de un ente absolutamente homogéneo a partir de una misma célula. Así que, con los mismos recursos humanos, materiales y financieros, más un líder sin autonomía de facto, difícilmente podemos esperar que la Fiscalía sea algo muy distinto de lo que es la Procuraduría.

La insistencia en que Raúl Cervantes deje de ser Procurador antes de que se apruebe la Ley que regulará la Fiscalía General Anticorrupción no debe detenerse. Sin embargo, la autonomía de la institución que regirá en el futuro la administración de justicia de la Nación, no depende únicamente de asegurar que quien la dirija lo haga con total distancia de los poderes y un estricto modelo de rendición de cuentas, sino que la ingeniería institucional y las garantías de su autonomía determinarán también los alcances de su renovación.

Como lo hizo Fujimori en Perú, Peña Nieto pretende levantar un blindaje integral a la procuración de justicia, de modo que los próximos años el Fiscal sea su allegado y las jerarquías de la Fiscalía le ofrezcan subordinación, podría quedar consumado si no se hacen cambios de fondo a los artículos transitorios que se escribieron para darle vida al clon de la PGR.

Mucho hemos hablado ya de la necesidad de que se defina un perfil idóneo para quien sea el Fiscal y para quienes lo releven en las próximas décadas. Así que concentrémonos ahora en la necesidad de plantear una transformación total al cuerpo de la institución. ¿Cuáles son las consideraciones fundamentales para construir una Fiscalía que en la medida de lo posible este ajena a los vicios de la PGR? Abordemos uno de ellos: la estructura orgánica y la selección del personal.

La cabeza importa, pero el cuerpo también

Es inadmisible que se transfieran tal cual al personal de la PGR. La renovación merece un diseño sólido de Servicio Fiscal de Carrera.  En el marco del Seminario Internacional “La fiscalía que México Necesita”  la especialista Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que se requiere institucionalizar un proceso integral para el ingreso, la formación, la evaluación, el traspaso, los ascensos y las medidas disciplinarias del personal de la Fiscalía en todos los niveles jerárquicos.

Las implicaciones de una Carrera Fiscal no podrían ser cubiertas si se recontrata al personal de la Procuraduría. Para ello se requiere un detallado trabajo de descripción de perfiles y asignación de plazas que no respondan a las prácticas ejercidas en el pasado. La descentralización de las fiscalías regionales debe plantearse igualmente dotándolas de cierta autonomía y facultades discrecionales, como sugiere Julio Contardo, Fiscal Regional de Chile. Insistió además que la autonomía de una Fiscalía está también sostenida por los criterios para los casos de impacto, la distribución de casos para dar seguimiento a aquellos que se cometen desde el poder del Estado, de modo que estén libres de cualquier injerencia de dichos poderes.

¿Los legisladores romperán el acuerdo de clonación?

El día de hoy tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Acción Nacional presentarán una iniciativa de ley exigiendo la renuncia de Raúl Cervantes, una vez que la Ley quede aprobada. Parece que en las negociaciones con las que consiguieron el consenso para nombrarlo se han debilitado.

En el tablero del juego está también la ficha de la Fiscalía Anticorrupción, en la que la oposición demuestra que no tendrá la mano para su designación. Se menciona la posibilidad de que se carguen los dados hacia Ximena Puente, quien se postuló sin renunciar a la Presidencia del INAI y tiene una cercanía considerable con Osorio Chong. Suena también un improvisado académico que más bien tiene larga trayectoria como funcionario público en el Estado de México: Ricardo Peralta Saucedo, quien sin militar en algún partido claramente ha servido a los intereses del PRI, incluso como Secretario de Gobierno de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

Esta ruptura de acuerdos entre el PRI y la oposición quizá no alcance para la modificación constitucional que México merece, pero al menos debe rendir para que Raúl Cervantes renuncie a ser fiscal y para que se evite que la ley sea el frondoso útero que geste la clonación de una institución que hasta hoy ha demostrado ser insuficiente a los enormes desafíos de administrar la justicia mexicana.

¿Negar el acceso de funcionarios de la PGR a la Fiscalía es la solución?

No se trata de impedir que funcionarios capaces y con un perfil ético se incorporen a la Fiscalía. Permitir que cualquier funcionario de la PGR sea sometido a procesos de reclutamiento y selección para que, en caso de cumplir con los requisitos formen parte de la Fiscalía General, debe ser un derecho garantizado. Sin embargo, eso no debe significar el pase automático que pondría en riesgo la salud y el pronóstico de vida de la nueva Fiscalía.

Los próximos días veremos si Peña se desiste al proceso de clonación que de gestarse pospondría unos años más la posibilidad de construir una institución realmente capaz de luchar contra la impunidad.

Maite Azuela

https://www.sinembargo.mx/author/maiteazuela/

Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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