Justamente hace un año, revisando mi correspondencia, encontré un sobre amarillo tamaño media carta de papel manila que no traía remitente, sólo el sello y timbre de la oficina de Correos de México en la calle de Obrero Mundial que marcaban como fecha de recepción el 9 de noviembre. En el interior encontré una foto mía ampliada a color, que tomaron de mi perfil del periódico para el que en ese momento colaboraba como articulista. Sobre ella escritos con plumón negro y mayúsculas intercalaban insultos como “ratera, hija de puta”, con la advertencia sobre la frente: “te voy a matar” y la reiteración escrita sobre el cuello: “ya se donde vives? te mataré [sic.]”.

No era la primera vez que recibía alguna intimidación. Había un referente de amedrentamiento previo que tuvo lugar el 28 de marzo de 2014 en el que policías con armas de alto calibre intentaron irrumpir mi domicilio. En aquella ocasión acudí a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que encargó la revisión de los videos para determinar la procedencia de los policías que sin orden alguna ingresaron al edificio en el que habitaba. Meses después recibí la llamada de la oficina del Visitador quien mintió indicándome que las cámaras no dejaban ver ningún tipo de acción en la fecha y hora que señalé que había ocurrido la intimidación. Para entregar pruebas de este antecedente a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR, solicité por escrito el expediente a la CDHDF y me percaté de que las cámaras efectivamente habían revelado la entrada de policías armados al edificio, mismos que incluso fueron entrevistados por la CDHDF con declaraciones contradictorias que no justificaron su presencia en mi domicilio. La CDHDF omitió informarme de estos hallazgos y de sus entrevistas a los policías del gobierno del entonces Distrito Federal, incluso incorporó al expediente una foja en la que señala falsamente que me buscaron para darme información y que no pudieron localizarme. El descuido llega a tal grado que la fecha de esta foja anexada de último momento es de tres días antes de entregarme la copia del expediente. A más de 15 meses de presentada la queja. De inmediato solicité a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atrajera el caso y no he recibido su resolución.

El primer contacto que tuve con una institución federal para denunciar la amenaza fue con el equipo del Mecanismo de Protección a Periodistas de la SEGOB que aún con las mejores intenciones de varios de sus integrantes, está rebasado por procedimientos mal diseñados que carecen de metodologías serias para determinar el riesgo que corremos los periodistas amenazados. Las medidas de protección que otorgan están basadas en evaluaciones discrecionales que desafortunadamente delatan falta de profesionalismo,  prácticas discriminatorias y que confrontan a la víctima con los posibles agresores.

A pesar de la insistencia de muchas personas cercanas a mí de no acudir a la PGR y de no acercarme al Mecanismo de Protección, decidí hacerlo por dos razones: por un lado dejar documentado lo que estaba viviendo, confiando en que eso inhibiría de alguna manera futuras agresiones y, por otro lado, conocer a fondo el proceso por el que atraviesan otros compañeros periodistas o defensores una vez que son amenazados de muerte.

El trayecto ha sido tan desgastante como desalentador. Afortunadamente he contado con el apoyo de abogados muy capaces y comprometidos de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. que se ofrecieron a llevar mi caso pro bono y que me han acompañado y orientado sin escatimar tiempo y esfuerzo. La falta de abogados que tomen los casos de los periodistas en riesgo es otro de los elementos que alimenta la impunidad y el escaso seguimiento y documentación de los mismos.

Les enlisto solamente algunas de las omisiones graves que durante estos doce meses revelan la nula intención de la PGR para realizar una investigación a fondo:

1. No han hecho la recabación de información básica para comprender los hechos que conforman la denuncia, mucho menos se allegan de información sobre el contexto en el que acontecieron.
2. La investigación no responde a la comprobación de hipótesis que debían elaborarse a partir de la información acumulada. Generan conclusiones aisladas, con procedimientos revictimizantes que no refieren nunca al contexto y al ejercicio periodístico realizado.
3. En consecuencia, las líneas de investigación no ofrecen una justificación bien solventada que determine la secuencia y el calendario aproximado de diligencias. Por ejemplo: Se entrega la prueba fundamental (amenaza en papel original) a una grafóloga perito que en ningún momento conoce el trabajo periodístico que pudo haber dado lugar a la acción intimidatoria.
4. Carecen de expeditez en las actuaciones.
5. Una de las pocas acciones en las que sí fueron muy insistentes fue en convocarme a que me realizaran unas pruebas para evaluar mi equilibrio psicoemocional. Mis abogados sugirieron que no aceptara ya que la justificación para realizarla no tenía sustento alguno y, en su experiencia, las conclusiones que se derivan del resultado suelen ser utilizadas para dar por terminado el proceso de investigación. Para la PGR si la víctima está afectada, sus declaraciones son poco confiables y si no lo está difícilmente es creíble que la amenaza le represente un riesgo real.

El 28 de marzo con un grupo de co-denunciantes integrado por José Pablo Giraullt Ruíz, Ximena Andión Ibañez y José Antonio Guevara Bermúdez entregamos a la FEADLE una petición dirigida a Ricardo Nájera Herrera, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión consultando las razones de las omisiones de su investigación. A la fecha no tenemos respuesta.

Hay detalles en el proceso de investigación que por el momento no puedo compartir, pero lo que aquí expuse evidencia la impunidad que se ejerce voluntariamente desde las instituciones responsables de procurar justicia y salvaguardar la integridad de los periodistas y defensores. Si en casos más críticos se replican estas negligencias, los periodistas sin apoyo legal, marginados en comunidades violentas y amedrentados físicamente por las autoridades están en completo abandono.

Ahora que se redactará la nueva Ley de la Fiscalía General de la República será crucial dedicar un capítulo que garantice procesos de investigación profesionales, expeditos y sobre todo que no redunden en el blindaje de quienes son los mayores perpetuadores de agresiones y asesinatos contra periodistas: los funcionarios públicos.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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