En numerosas ocasiones he escuchado, incluso dicho, que México es un país sumido en la impunidad y que la corrupción parece un valor institucional. Entre más lo escucho más se asume como algo sin solución o algo que se puede dejar pasar.

A finales de septiembre, el Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2016), advirtió que solo 6.3 por ciento de los delitos cometidos en México son denunciados y que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo o, incluso, la simple desconfianza. Estos motivos tienen un sustento y los resultados de la misma encuesta dan la razón. Si denuncias en nuestro país, hay 45.9 por ciento de posibilidades de que no pase nada o de que la denuncia no se resuelva. Entonces sí podemos decir que la ineficacia de las instituciones es un elemento que contribuye a la impunidad. La falta de credibilidad en estas se ha acentuado con el paso del tiempo y poco se ha hecho por revertir esta tendencia; por el contrario, parece que se esfuerzan por mantenerla.

De esta manera, aunque algunas autoridades asuman que la percepción ciudadana es fantasía, no lo es, es algo que se palpa y se vive todos los días. Entre el 59.6 por ciento y el 65 por ciento de la población,concibe a la Procuraduría General de la República, los Ministerios Públicos y Procuradurías Estatales (encargados de investigar los delitos) como entidades corruptas y casos tan trascendentes como Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco y Guardería ABC aún distan de alcanzar justicia y verdad. Por lo tanto, no es para nada descabellado que la sociedad vea como una oportunidad la creación de una Fiscalía de cero, que sirva y que deje atrás los vicios y malas prácticas que hasta ahora nos han lapidado en la impunidad.

La transición a una Fiscalía General no se trata de cambiar de nombre y escudo a la PGR, buscamos verdadera autonomía e independencia respecto a los poderes públicos para combatir la desconfianza y garantizar imparcialidad en las investigaciones; generar nuevos protocolos de investigación para identificar patrones delincuenciales, reconocer el contexto en la comisión de delitos y violaciones graves a derechos humanos y procurar una debida diligencia; dotar de capacidad técnica de investigación a los funcionarios y también garantizar la autonomía de los servicios periciales, entre otras cuestiones. Buscar un verdadero cambio entre lo que hoy es la PGR a lo que será la Fiscalía requiere un diálogo nacional con pluralidad de voces, que parta de experiencias y conocimientos comparados y compartidos. Además, debemos reconocer aquello que se debe mantener o fortalecer y aquello que se tiene que ir.

Por esto, si en verdad queremos autonomía e independencia, la creación de la Fiscalía tiene que traer consigo un nuevo Fiscal. De ninguna manera el recién nombrado Procurador General -priista, cercano al Presidente y nuevo integrante de su gabinete- puede ser quien proclame estos principios, su sola presencia pervierte el espíritu de cambio y la misma naturaleza autónoma de la Fiscalía.

El nombramiento de Raúl Cervantes preocupa, primero porque el Estado lo reconoce como aquel que se quedará hasta el año 2024 a cargo de la Fiscalía General y segundo porque es muestra de un estado cooptado donde no existe ni división de poderes ni la intención del Senado de figurar como un contrapeso al Ejecutivo a dos años de las elecciones presidenciales. Por extraño que parezca, los integrantes del Senado deciden enterrar las reformas que ellos mismos han promovido e impulsado. Además, la decisión es muestra de la indolencia, rechazo y lejanía del gobierno pues una semana antes más de 200 personas y 50 organizaciones habían hecho un llamado para cuidar este proceso. En el pequeño mundo de la clase política y en su estrechez de visión de Estado sólo existen ellos y sólo existe el ahora; no importan las cifras oficiales, las recomendaciones de instancias internacionales o lo que será de México al término del sexenio.

Por esto, hablemos de una fiscalía que sirva, no de simulación, no de leyes que nadie aplica, de un verdadero cambio para combatir la impunidad.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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