Por Gina Ileana Chacón, investigadora de @FundarMexico
El acceso a la información pública es considerado una herramienta primordial para activar la participación ciudadana. Ésta puede darse de diversas formas y, a su vez, tener un impacto en la toma de decisiones de la esfera pública. Para comenzar, el acceso a la información pública como derecho establecido en el artículo 6 de la Constitución Mexicana permite, entre otros aspectos, conocer las acciones que realizan las autoridades de gobierno y, a partir de ello, generar una opinión acerca del quehacer público. En segunda instancia, el acceso a la información facilita la observación de lo que las autoridades nos informan y asimismo el cotejo de dichas acciones con los hechos que acontecen en nuestro entorno social y ambiental; es decir, lo que ocurre a nivel de piso, en nuestras comunidades.
Desde esta perspectiva, la participación social cobra especial relevancia, pues es a través de la observación y el monitoreo de las políticas o acciones de gobierno y de la colecta de evidencias (ya sean resultado del impacto de esas acciones o por la ausencia de las mismas) como las y los ciudadanos podemos aportar elementos para cuestionar las acciones de los gobiernos, exigir una explicación (llamar a rendición de cuentas) e, inclusive, realizar propuestas para mejorar ciertas situaciones o problemas.
Un claro ejemplo del uso de la información pública como una herramienta clave para la participación ciudadana es el caso de la defensa de un área destinada voluntariamente a la conservación, ubicada a un costado del Río Cocóspera, en el municipio de Imuris, Sonora. Allí, una organización de la sociedad civil (dedicada a la conservación de grandes carnívoros) y el propietario del rancho donde se encuentra dicha área de conservación se dieron a la tarea de averiguar los pormenores del proyecto de ampliación de la carretera federal No.2, cuya construcción se tenía planeada cerca del cauce del Río Cocóspera.
Como primer paso, la organización realizó algunas solicitudes de información a las autoridades encargadas del proyecto con el fin de conocer los detalles del mismo y de averiguar si éste consideraba los daños ambientales en ese ecosistema boscoso, que se encuentra en una región predominantemente desértica conocida como ‘Islas del Cielo’. Por ello, dirigieron las solicitudes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esta última responsable de emitir autorizaciones en materia de impacto ambiental. La respuesta de la primera institución, que sí atendió sus obligaciones, fue favorable pues envió al solicitante toda la información pública relacionada con la ampliación de la carretera federal No 2 [1].Con esta información, se percataron de que las Manifestaciones de Impacto Ambiental sometidas para obtener las autorizaciones de los proyectos de ampliación no proveían suficiente evidencia para identificar y mitigar, de manera efectiva, los efectos adversos del proyecto en el ecosistema de la región. Por mencionar sólo algunos: exterminio de plantas y animales; contaminación de suelo, aire y agua; muerte de animales por atropello de vehículos; obstrucción del corredor biológico de fauna como el jaguar (Panthera onca), el oso negro (Ursus americanus), el berrendo (Antilocapra americana), el castor (Castor canadensis), el reintroducido lobo Mexicano (Canis lupus baileyi [2]), así como de diversas aves de la región y de otras especies migratorias como la mariposa Monarca (que sobrevuela el territorio en su camino a Michoacán).
Los interesados en la defensa de esta región elaboraron un documento en el que expusieron los efectos de la ampliación de la carretera en la región de las Islas del Cielo, mismo que presentaron a las autoridades responsables del proyecto. La apertura y disposición de funcionarios de la SCT resultó en una visita de campo al área de conservación, y fue así como se percataron de la importancia que tiene para el equilibrio ecológico de toda la región.
Como resultado del intercambio de información entre el propietario del rancho, el colaborador de la organización ambiental y los funcionarios de gobierno, actualmente se realiza un ajuste al proyecto para que la ampliación de la carretera no afecte de forma severa al ecosistema. Dicho ajuste considera propuestas para evitar, mitigar y compensar los daños al ambiente. La colaboración entre sociedad civil y las autoridades a través del diálogo y el intercambio de conocimientos se ha concretado en acuerdos que favorecen la protección del río y de la región Islas del Cielo, así como la construcción de vías de comunicación. De esta manera, el nuevo tramo carretero contará con pasos de fauna (puentes o túneles) que reducen el riesgo de los animales de sufrir una colisión.
Esta experiencia da cuenta de una cadena virtuosa de participación y colaboración ciudadana, la cual se detonó por el acceso efectivo a información pública y se continuó con el diálogo abierto y propositivo entre gobierno y sociedad para la toma de decisiones informada y responsable. Todo lo anterior en favor de la protección de un territorio que compartimos con otros seres vivos: flora y fauna única cuya supervivencia depende de nuestras disposiciones.
[1] Actualmente la carretera está en ampliación en el tramo Cananea-Agua Prieta, que se extiende a 4 carriles y en otros tramos de 7 a 21 metros. “Modernización de la Carretera Federal Pavimentada 02 Imuris-Agua Prieta tramo Cananea-Agua Prieta” Autorizaciones en Materia de Impacto Ambiental S.G.P.A./DGIRA.DG.6465.10, S.G.P.A./DGIRA.DG.0455.11, y S.G.P.A./DGIRA.DG.0235.11. Juan Carlos Bravo, director del programa México, Wildlands Network.
