En una reunión privada se habría decidido cómo mantener a Josefina Vásquez Mota cercana a la administración de Enrique Peña Nieto después de que éste ganara las elecciones presidenciales. Algo sintió Peña que tenía que ofrecerle a Vásquez Mota y a su vez ésta tenía que demandarle al presidente electo. Podría haber habido un ofrecimiento de embajada, instituto académico o puesto en el gobierno. Pero se vería mal que la panista accediera al cobijo tan evidente del Presidente. Pero que quede claro que el cobijo sí era bienvenido. Sólo de otra forma.

Hoy sabemos que el gesto amable de Peña con la panista consta de 900 millones de pesos que ella decidiría cómo se gastaría para ayudar a la población migrante de mexicanos en Estados Unidos.

Después de una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se descubrió que hay un elaborado sistema para bajar la bondad presidencial a los intereses de doña Josefina. Jamás se afirma en la investigación que es un acto ilegal el diseño de apoyo por parte del gobierno federal a la iniciativa panista. Pero no por ello cumple con los requisitos de rendición de cuentas y efectividad del gasto y política pública.

En entrevista en La Jornada, Vásquez Mota negó que ella o Juntos Podemos recibieran dinero del erario. Sin embargo, hay gran parte de mentira en la aseveración de la panista porque la realidad es que, desde mayo del año pasado, a través de un organismo llamado Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), la organización con la que Vázquez Mota hace actividades promigrantes ha recibido fondos por 414 millones 468 mil pesos en 2015, y 468 millones 666 mil 169 pesos en 2016. Nada más.

El día de ayer se informó que el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá un presupuesto –para su nacimiento y funcionamiento del primer año- de 143 millones de pesos. Ante las necesidades de la nación es insostenible que sucedan gastos como el apoyo a la iniciativa promigrante de Josefina Vásquez Mota. Sin embargo, es producto de la práctica gubernamental de usar el presupuesto como si el dinero fuese suyo.

Para entender el mecanismo de financiamiento es necesario tener en cuenta que Juntos Podemos es la marca de la iniciativa, y que está soportada en otras organizaciones, especialmente AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc., que sí están registradas como donatarias en Estados Unidos, y que dependen de la Asociación de Empresarios Mexicanos. A esas fundaciones es precisamente a las que el gobierno mexicano ha hecho los depósitos para Juntos Podemos, según ha podido confirmar MCCI.

El sistema ideado por Josefina Vásquez no es sencillo de entender. Sin embargo, sí queda perfectamente claro que Juntos Podemos y el entramado de fundaciones en Estados Unidos son los brazos operativos para disponer de 51 millones de dólares.

En entrevista con el director ejecutivo de Juntos Podemos, Jorge Santibáñez, confirmó que en 2015 su organización, a través de las fundaciones norteamericanas, recibió 25 millones de dólares. Repartieron, entre organizaciones civiles en Estados Unidos que trabajan con migrantes, 17 millones. Al cuestionarle sobre los 9 millones de USD restantes, no supo precisar su paradero.

La iniciativa de Josefina podrá tener aciertos. Lo cierto es que no lo sabemos porque sus mecanismos de rendición de cuenta de fondos públicos son laxos, opacos y casi inexistente. ¿Si esto implica que hay mal uso de los recursos? Tampoco se sabe. ¿Por qué el umbral de rendición de cuentas de esta iniciativa panista tendría que ser diferente a la de otros programas que se financian con dinero público?

Después de la publicación del reportaje Juntos Podemos mandó una inocua e inconexa carta sobre el contenido del reportaje. Su carta se refería a la loable labor que ellos hacen –y que nadie ha puesto en duda-. Pero teniendo la oportunidad de desmentir a los periodistas y mostrar que nuestros millones de pesos han sido gastados de la mejor manera, optaron por la defensa aduciendo una campaña (inexistente obviamente) en contra de Josefina Vásquez Mota. Es mejor jugar el papel de víctimas que la responsabilidad de rendir cuentas.

Si el reportaje no es verídico entonces hay un mecanismo de rectificación. Si Josefina tiene información que desmienta, precise, corrija la información, sería momento de darla a conocer públicamente. Su silencio y absurda victimización no hace más que alimentar –con justa razón- la idea de que la discrecionalidad en el otorgamiento de los recursos, su fin y propósito, así como el arreglo con Peña Nieto parten de un pacto político.

Los millones otorgados a Juntos Podemos fueron aprobados por altos mandos de la administración de Peña Nieto. La discrecionalidad para dicha designación de recursos va en contra de lo que sea intentado implantar en el país, es decir, mecanismos no discrecionales sobre el gasto público. Repito, no es ilegal. Pero sí es opaco y contrario a la máxima publicidad de la información pública cuyo principio está contenido en la Constitución.

Todo parece indicar que en las élites de poder siempre hay arreglos a quienes las reglas de la transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno no les aplican. Por lustros los políticos se han sentido con las facultades discrecionales para otorgar recursos que no obedezcan al interés del desarrollo y la política pública.

Josefina Vásquez Mota pactó con Enrique Peña Nieto que le otorgara 900 millones. Ambos tendrían que estar respondiendo sobre este pacto.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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