Pues resulta que, como seguramente usted ya sabe, querido lector, los ministros de la Suprema Corte de Justicia no pueden cambiar la Constitución ni las reformas constitucionales… hasta que no les convienen. En un lance desquiciado e irresponsable, el ministro González Alcántara ha propuesto que siempre sí, los ministros de la corte sí pueden ponerse por encima de la Constitución, por encima del poder ejecutivo y el legislativo y, por su puesto, por encima de los millones de mexicanos que eligieron a esos legisladores y a la presidenta Sheinbaum.

Su decisión es indefendible: tomar artículos de la Constitución e invalidarlos, y validar otros, es una aberración total. No solo porque los ministros no tienen facultades para ello, sino porque tienen un evidente conflicto de interés.  La situación es muy grave, porque de aceptar los otros poderes la aberración judicial, avalarían a los jueces como un poder superior del Estado, cosa que no son. Es decir, peor que la afrenta del proyecto mismo que será sometido al pleno la próxima semana, es que el poder Ejecutivo y el Legislativo, vayan a atender sus disposiciones ilegales e ilegítimas. Eso sí significaría una deformación política total del estado mexicano, pues obligaría al poder ejecutivo y al legislativo a someterse a la voluntad desquiciada de ocho ministros de la Corte que, de facto, estarían usurpando sus funciones.

Es una aberración inaceptable, me parece, para todos los mexicanos. Es decir, si los cambios constitucionales no los pueden llevar a cabo los legisladores por los que votamos, y solo pueden llevarlos a cabo los ministros de la Corte, estaríamos ante un régimen distinto, que no figura en ninguna de nuestras leyes, ni nuestras disposiciones políticas. Pues en ningún lado figura que los ministros de la Suprema Corte pueden cambiar la Constitución ¿lo permitirán los legisladores y la presidenta Sheinbaum?

Es una afrenta, sin duda, para el orden constitucional y para todos los mexicanos, ya le decía. Pero es más grave porque al intentar actuar fuera de sus atribuciones están creando una crisis que a su vez ha llevado al poder legislativo a responder con otra reforma de supremacía constitucional, para blindar sus reformas, que muy probablemente, en efecto, invalide todas sus triquiñuelas legales pero que también crea espacios de indefensión para los ciudadanos. Es decir, el conflicto lo único que está provocando es que las partes endurezcan sus posiciones.

El Poder Judicial, en su infinita soberbia y miopía, junto con la oposición, no parecen entender que los legisladores y el movimiento morenista tienen mucho más poder que ellos y que pueden llevar a cabo reformas constitucionales, incluyendo la organización del Poder Judicial, porque tienen las mayorías para ello, en el Congreso y en los congresos locales.

Es una total locura, por eso, intentar frenar las reformas con medidas extremas e inconstitucionales: los morenistas pueden cambiar la constitución, legal y legítimamente, una y otra vez, gracias a que su movimiento ganó legítimamente en las urnas. Es más, si quisieran, podrían volver a reformar el poder judicial no una, sino varias veces… ¿O pretenderán eso, que se estén haciendo, al vapor, reformas constitucionales hasta que el Poder Judicial entienda que no tiene facultades para inhibirlas? De ser así, nos esperan unos meses muy desgastantes, hasta que los ocho ministros de la Corte que ayer renunciaron se vayan a su casa el año que entra, tan contentos, con sus privilegios asegurados.

Pésimo incentivo, por cierto, que los mismos legisladores les dejaron a los jueces.

La verdad, querido lector, esta situación ya se veía venir, desde el sexenio pasado, cuando el poder judicial se convirtió en actor político contra el gobierno del presidente López Obrador. Nadie puede decir que no jugó contra éste, abierta y deslealmente. López Obrador elevó su apuesta, entonces, y ganó. La mayoría de los mexicanos le dio su apoyo al Plan C y a su candidata. Negar esto, crear un discurso donde este hecho desaparece, es totalmente tramposo. No hay ninguna dictadura, ni se está legislando contra los ciudadanos, ni para constreñir sus libertades.

Lo que queda, creo yo, es que el movimiento transformador que ganó en las urnas democráticamente siga su curso, que no se deje amedrentar por las resistencias de jueces y ministros y que cumpla con el mandato ciudadano. No creo, francamente, que le quede otro camino si quiere mantener su poder y el futuro de su movimiento. Pésima estrategia sería transigir con ocho ministros en rebeldía, olvidar sus promesas de campaña, y no cumplir con la Constitución. Seguramente, quienes les dieron su voto apoyarán los cambios que se están llevando a cabo e incluso sería probable que salieran fortalecidos de estos desfiguros.

Porque no podemos olvidar que hay una brecha insalvable entre la opinión mediática y el verdadero sentir de la mayoría; que hace apenas unos meses mientras unos se desgañitaban gritando el fracaso del lopezobradorismo, el presidente López Obrador cosechaba a manos llenas la simpatía y el apoyo popular. No dudo que ahora esté sucediendo lo mismo y el morenismo esté más fortalecido que nunca entre quienes les dieron todo el poder para continuar con “la cuarta transformación”.

El poder judicial y la oposición harán muy mal en no recordarlo, una vez más.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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