Pese a la promesa que el Gobierno de López Obrador hizo sobre la resolución del caso Ayotzinapa, con lo que se conseguiría justicia para las víctimas, en los últimos meses las investigaciones se han vuelto a nublar de hechos cuestionables. El GIEI indicó en conferencia de prensa que las omisiones, filtraciones o intento de cambiar ciertas pruebas sobre el caso Ayotzinapa deben de ser objeto de investigación.
Por Fabiola Sánchez
Ciudad de México, 31 de octubre (AP) — El caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México ocurrida en el 2014 ha entrado en una crisis ante los cuestionamientos que han surgido contra las investigaciones, la salida del fiscal especial, y ahora el retiro de parte de los integrantes del grupo de expertos internacionales.
Así lo evidenció el lunes el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una exposición en la que cuestionaron la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad que dirige el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Tras un peritaje de las 467 capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, que se incluyeron en el informe de la comisión gubernamental, los expertos reconocieron que la prueba presenta “inconsistencia” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron.
“No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico”, plantearon los expertos en su informe.
Ante las inconsistencias Carlos Beristain, integrante del grupo internacional, afirmó tajante que los mensajes de WhatsApp “no pueden considerarse como una prueba digital”.
Encinas presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Cada elemento es importante, juntos son la clave para alcanzar la verdad y el acceso a la justicia.#Ayotzinapa pic.twitter.com/1pJybYziST
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 27, 2022
Los especialistas también se quejaron de la cancelación de 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra presuntos implicados en el caso, y admitieron que ha surgido una confusión al tratar de vincular esas acciones de la Unidad Especial de la Fiscalía General que investiga el caso con el documento de la Comisión de la Verdad, e insistieron en que “no hay ninguna relación” entre las órdenes de detención y el informe de Encinas, pese al que el gobierno ha tratado de relacionarlos.
La suspensión de parte de las órdenes de captura, entre las que se incluían 16 militares y cinco exfuncionarios, precipitó la renuncia en septiembre del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019.
Medios locales señalaron que el proceso que siguió la Fiscalía General para la detención en agosto del ex procurador Jesús Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar.
Al respecto el grupo de expertos admitió que la salida de Gómez Trejo puede ocasionar retrocesos importantes en las investigaciones, y poner en riesgo varias de las órdenes de captura debido al escaso conocimiento sobre el caso que tiene ahora la Unidad Especial de la Fiscalía General.
En los últimos dos meses han sido arrestadas unas cinco personas, entre ellas tres militares, por su presunta vinculación con el caso. Una de las detenciones más importantes fue la de Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso en agosto por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
A mediados de septiembre también fue detenido el General retirado José Rodríguez Pérez, quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que enfrenta cargos por delincuencia organizada. Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.
Tras admitir que el proceso enfrenta una situación grave, el grupo exhortó a las autoridades a “retomar el camino de una investigación seria, y con resultados fiables”, y dar una respuesta a las familias y la sociedad mexicana “sin esconder, minimizar o alterar investigaciones”.
La especialista Angela Buitrago aprovechó para reiterar las críticas del grupo contra la Secretaría de la Defensa Nacional a la que señaló de no proporcionar todas las informaciones clave que tienen del caso, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las fuerzas armadas apoyar en las investigaciones.
Durante la exposición Beristain anunció que el grupo, que se creó hace cuatro años por un acuerdo entre la CIDH, los representantes de las víctimas y Estado mexicano, se reducirá a dos miembros quienes continuarán bajo un mecanismo provisional de seguimiento del proceso por un par de meses.
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Hasta ahora se desconoce el destino de los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados, pero sólo se encontraron restos de tres. Tampoco está claro el móvil del ataque aunque se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de droga.
El caso Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia, según los expertos.
