Las activistas enfatizaron que una de las mayores preocupaciones son las prácticas de intimidación, presión y privación de la libertad que ha emprendido el Gobierno federal, y que esas prácticas las lleva justo con los grupos en mayor condición de vulnerabilidad: personas con enfermedad, o con discapacidad, que son los que se van rezagando de la Caravana.
Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que active protocolos de emergencia para atender a los integrantes de la Caravana Migrante. Exigieron al Gobierno federal que intervenga con atención y acciones necesarias para salvaguardar la salud, integridad y posesiones de los centroamericanos que avanza por territorio nacional.
Integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Sin Fronteras, Oxfam México, el Instituto de Estados y Divulgación sobre Migración (INEDIM), y del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) dieron a conocer que hoy se realizó la petición formal al Gobierno federal para que se brinde atención humanitaria a los migrantes, y que su objetivo sea protegerlos y no amedrentarlos.
Las organizaciones destacaron que el Gobierno mexicano tiene la obligación de atender a las personas en transito, independientemente de su estatus migratorio.
Rocío Stevens de Oxfam México recordó que la Caravana Migrante está integrada principalmente por mujeres, niñas, niños y jóvenes.
“Hay algunas cifras, no oficiales, aproximadas de que son alrededor de 2 mil 500 menores de edad que forman parte de este éxodo de personas. Difícilmente podríamos pensar que esas familias completas tengan otra intención que no sea intentar sobrevivir”, dijo.
La activista puso especial énfasis en que la caravana es un “éxodo de desplazamiento forzado”, pues son, en su mayoría, personas que huyen de sus países por la violencia y están en busca de refugio o asilo.
Stevens comentó que, de acuerdo al monitoreo que realiza Oxfam, los migrantes en transito actualmente no tienen acceso suficiente a alimentos, agua segura y accesible y no tienen instalaciones sanitarias mínimas.
“Hay una situación tremenda de deshidratación, necesitan atención psicológica, de contención, hay una necesidad tremenda de atención a mujeres embarazadas, y ese tipo de atención consideramos que son indispensables desde enfoque humanitario”, dijo.
Ana Mercedes Saíz, Directora de Sin Fronteras IAP, sostuvo que “sí corren peligro las vidas, la integridad y salud de las personas” que están la Caravana, principalmente de los que están en condición de vulnerabilidad.
Las activistas enfatizaron que una de las mayores preocupaciones son las prácticas de intimidación, presión y privación de la libertad que ha emprendido el Gobierno federal, y que esas prácticas las lleva justo con los grupos en mayor condición de vulnerabilidad: personas con enfermedad, o con discapacidad, que son los que se van rezagando de la Caravana.
“Hay una situación grave de epidemia de enfermedades gastrointestinales y deshidratación. Las embarazadas no tienen atención particular”, enfatizó Saíz Valenzuela.
La defensora reconoció que los gobiernos municipales y estatales de Chiapas y Oaxaca, han brindado apoyo pero que desafortunadamente no es suficiente.
“Estamos muy preocupados porque los esfuerzos de la sociedad civil y de los gobiernos locales, municipales y estatales, se ha desbordado pero están rebasados ante esta emergencia”, indicó la activista.
Las defensoras coincidieron en hacer un llamado urgente a que Gobierno Federal intervenga en dar protección y apoyo a las necesidades básicas de salud e higiene a los migrantes. Todo ello con base a la Ley general de Protección Civil.
“La población que entra está en una condiciones de vulnerabilidad y intervención de la fuerza pública tiene que ser limitada a protegerlos y no amedrentarlos, es una población que debe de ser atendida por médicos, psicólogos”, abundó la activista.
“Es necesaria la ayuda humanitaria de Gobierno federal y solo hemos visto el uso de la fuerza para agredir a las personas en transito y eso nos preocupa mucho”, insistió Saíz Valenzuela
Daniela Gutierrez, de la CMDPH, reiteró que otra de las principales preocupaciones es la privación de la libertad a las personas de la caravana, quienes, en su mayoría son los de en mayor condición de vulnerabilidad
d, pues es esta misma condición la que los rezaga del grupo.
“Hemos sido testigos de la falta de perspectiva de derechos humanos por parte del Estado mexicano para atender el fenómeno migratorio”, comentó la abogada.
Gretchen Kuhner, Directora de IMUMI, coincidió en que son los gobiernos estales y municipales quienes han realizado un esfuerzo y una reacción de apoyo a las migrantes, al darles agua y atención médica. Pero, “al mismo tiempo tenemos a las autoridades federales llegando a acotar y prohibir de alguna forma la acciones de los municipios y los estados para la protección de migrante”, dijo.
Kuhner recordó la escena trascendida en redes donde un helicóptero de las fuerzas federales está sobre migrantes. Al respecto, responsabilizó al Gobierno federal en caso de fallecimiento por ahogamiento de estas personas en transito.
MÉXICO VIOLA TRATADOS INTERNACIONALES
Fabienne Venet Rebbiffé, directora INEDIM, afirmó que el Gobierno federal violenta tratados internacionales, tanto humanitarios como de derechos humanos, al amedrentar y no dar atención a los migrantes.
La activista añadió que varias organizaciones han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interponga medidas cautelares para la protección de las personas que están en camino” .
“Yo diría que todas esas personas, independiente que sean o no reconocidas como refugiadas, son sujetas de protección internacional por la situación de vulnerabilidad de la que provienen y por la vulneración de derechos de la que son sujetos en México, todos deben de ser protegidos”, pronunció.
Ana Saenz reiteró que el Estado está obligado a proteger.
“Hay que aclarar que no es una cuestión de generosidad, la generosidad la ha tenido la gente, esa es una obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes”.
Las activistas aseguraron que una de las soluciones es que México expida visas humanitarias que permitan la estancia temporal y el acceso a sus necesidades:
“que puedan acceder a salud, higiene, alimentación, pero también con trabajo, esas personas necesitan acceder a recursos para asegurar su vida, y su estancia en México. Todo ellos es posible si hay voluntad política y si hay una visión de derechos humanos, cuya carencia es evidente en el enfoque mostrado por Gobierno Federal con un despliegue de fuerza que pone en riesgo la vida de esas personas, y eso no es algo menor, ya ha habido eventos de perdida de vida”, puntualizó.
