La figura de “jueces sin rostro”, encargados de atender casos de delincuencia organizada en el anonimato, acumula críticas a nivel internacional por dar pie a violaciones a derechos humanos. En México, las y los legisladores discutirán desde septiembre si esta medida se sumará a la Reforma al Poder Judicial.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Legisladores incluyeron la figura de “jueces sin rostro” a la reforma al Poder Judicial que será votada en septiembre. Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) la respaldan al afirmar que servirá para proteger a juzgadores que tratan temas sobre delincuencia organizada y a sus familias. Sin embargo, las experiencias en países como Italia, Perú y Colombia muestran que la medida no garantiza más acceso a la justicia, en cambio, organismos internacionales han documentado que avala distintas violaciones a derechos humanos.
Eduardo Guerrero Lomelí, abogado del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que uno de los derechos que se vulnerarían es el de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, como establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un instrumento que el Estado mexicano suscribió y se comprometió a respetar desde 1981.
“Si no conozco quién me está juzgando no tengo la certeza de saber si es una persona que tiene las capacidades, o si pudiera tener un conflicto de interés hacia mi persona y que, por lo tanto, su veredicto no sea imparcial”, expuso. Esto ha sido confirmado por sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante la última década.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el 26 de agosto agregar una fracción al Artículo 20 de la Constitución para incluir la figura de “jueces sin rostro”, es decir, jueces anónimos que se encargarían de atender casos de delincuencia organizada.
“El órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, establece la propuesta presentada por la Diputada Lidia García Anaya. La morenista defendió que el objetivo es “salvaguardar la identidad de los jueces y sus familias”.
Italia propuso a inicios de los noventa proteger la identidad de los jueces, cuando se juzgó a decenas de personas relacionadas con la mafia siciliana, a la que se le atribuyó el asesinato de al menos 24 jueces.
Mientras que Latinoamérica se registraron casos similares que pronto destacaron porque derivaron en procesos irregulares. En Colombia, el Estado emitió entre 1988 y 1990 decretos pensados para para sancionar a grupos del crimen organizado, así como conductas que consideraban “con fines terroristas”, también se emitieron después de registrar asesinatos de policías.
Uno de esos decretos reservó la identidad de los jueces –al cubrir su rostro y distorsionar su voz– durante todo el proceso, en estos casos sólo el Fiscal conocía quien era el juez, y las audiencias eran reservadas; otro de ellos reservó la identidad de las partes, como testigos y peritos.
Aunque la llamada “justicia sin rostro” se aplicó para atender actos calificados como “terrorista”, en la práctica cientos de personas fueron juzgadas, por ejemplo, por conductas asociadas a la protesta social
“[La justicia sin rostro] tenía una capacidad de investigación y juzgamiento menor al 5 por ciento de la demanda de justicia, y dentro de este rango la persecución penal se concentraba especialmente en delitos y personas que no representaban las mayores amenazas en términos de orden público”, señala un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia publicado en 2015.
Perú es otro ejemplo de los riesgos de juzgar casos en la opacidad. Los tribunales sin rostro fueron implementados en 1992 en Perú, durante el Gobierno del Presidente Albero Fujimori, después de disolver el Congreso y dejar al Poder Judicial bajo el control del Poder Ejecutivo. Como antecedente, el país tenía décadas de un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares.
En 1996 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a Perú abolir el uso de los jueces sin rostro, pero siguieron operando un año más. Por las violaciones a derechos humanos se han revocado sentencias emitidas bajo este modelo, y sólo de 1993 a 1996, Amnistía Internacional documentó al menos 700 casos juzgados por jueces sin rostro donde personas fueron encarceladas siendo inocentes por delitos relacionados con el terrorismo.
Pese a este tipo de antecedentes internacionales, y aún cuando al Artículo 20 de la Constitución establece que el proceso penal en México es acusatorio, oral y debe regirse por el principio de publicidad, la propuesta para incluir la figura de “jueces sin rostro” avanzó y ahora será discutida por la nueva Legislatura que inicia en septiembre.
En 2010 el expresidente Felipe Calderón ya había propuesto proteger la identidad de los jueces a cargo de casos relacionados con el narcotráfico, pero la iniciativa no avanzó. Mientras que en 2020, como coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal planteó incorporar esta medida para proteger a las y los juzgadores.
El grupo parlamentario del PAN en el Senado mostró recientemente su respaldo a esta medida al presentar su propuesta de reforma al Poder Judicial en la que planteó que los “jueces sin rostro” también deberían ser designados para juzgar casos de secuestro, extorsión y trata de personas.
Por ello, organizaciones nacionales e internacionales alertan que abrir “excepciones” a algunos delitos pone en riesgo el derecho a acceder a juicios transparentes.
“No se debe justificar en ningún caso, porque una vez que se abre una excepción podría aplicarse [la figura de jueces sin rostro] en muchos otros”, expuso Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal.
La reforma al Poder Judicial que actualmente se discute no contemplaba proteger la identidad de los juzgadores hasta que el pasado 20 de agosto el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sugirió durante su conferencia matutina, un llamado que atendió Morena al aprobar la propuesta de la Diputada Lidia García en la discusión particular.
Morena y el PAN argumentan que es necesario proteger a las y los juzgadores ante las amenazas y violencia que enfrentan, sin embargo, desde el Centro Prodh y el Instituto de Justicia Procesal Penal señalan la importancia impulsar políticas públicas que garanticen su seguridad sin vulnerar los derechos humanos.
“El reto del Estado es encontrar mecanismos que sí sean eficaces, que sí sean compatibles con los derechos humanos. Aceptar que existan juezas y jueces de esta naturaleza es aceptar que pueden violarse las garantías judiciales de las personas que son procesadas y aceptar que eventualmente a nosotros se nos podrían vulnerar también esas garantías, sería como ponerlas en un segundo plano frente a las situaciones de inseguridad”, mencionó Guerrero Lomelí.
De igual forma, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó la propuesta que ya avanzó en la Cámara de Diputados. “Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial”, escribió esta semana en sus redes sociales.
La incompatibilidad de la figura con los #DerechosHumanos ha sido reiterada por los organismos internacionales especializados. Aquí lo dicho, por ejemplo, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su Observación General No. 32: pic.twitter.com/WKr9zr02cy
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) August 27, 2024
No sólo México discute recientemente el regreso de esta estrategia. Brasil instauró en 2019, con el Presidente Jair Bolsonaro, la figura de jueces sin rostro en varios estados para procesar delitos relacionados con el narcotráfico. En El Salvador, como parte de la declaración de estado de excepción declarado por el Gobierno para responder a una serie de asesinatos relacionados con pandillas, en 2023 se instauró el modelo de jueces sin rostro.
“Los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso”, alertó la ONU en mayo de 2023 año al Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
