Hace un par de días, Jacobo Dayan me envió el aterrador informe titulado Permiso para matar. Asesinatos y desapariciones por agentes federales y estatales. Se trata de un estudio sistemático, construido a partir de una base de datos levantada por Data Cívica, coordinado por Daniel Moreno e introducido por el propio Dayan, concienzudo investigador y defensor de los derechos humanos.

Un trabajo excepcional, pues reúne información precisa sobre crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en contra de víctimas inocentes o indefensas, auténticos crímenes de lesa humanidad contra personas con nombre y apellido, que no son solo cifras, a pesar de sumar 1524 casos documentados, asesinados unos, desaparecidos otros. Los casos recogidos se refieren a hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.

De acuerdo con la jerga militarista, se trata de “daños colaterales” de una guerra en las que las víctimas de la actuación arbitraria de las fuerzas estatales son muchas más, como muestran los brutales índices de letalidad de los enfrentamientos entre civiles armados y los pretendidos agentes de la ley, que solo lo son de nombre, porque si algo ha dejado de tener valor en México cuando se trata del conflicto armado interno en el que está sumido el país es precisamente el orden jurídico.

Hace ya algunos años, en 2016, Alejandro Madrazo, Rebeca Calzada y yo publicamos un análisis de los “combates” entre las agencias de seguridad federales –marina, policía federal y ejército– y los presuntos grupos armados del crimen organizado durante los cinco primeros años del gobierno de Felipe Calderón, con base en el análisis de una base de datos muy acuciosa, que recogía las descripciones de cada uno de los enfrentamientos, casi con toda seguridad levantada por el CISEN en aquellos primeros años de guerra abierta contra los narcotraficantes. Los resultados de nuestro estudio mostraban un comportamiento de las fuerzas armadas que no se regía por ningún criterio judicial o ministerial y que más bien se trataba de acciones resultado de patrullajes que tenían la finalidad de cazar a las bandas de civiles armados para exterminarlas.

Sin duda, esa forma de actuar, sin sustento alguno en investigación previa u órdenes de jueces o fiscales o basadas en tareas de inteligencia, implicaba violaciones generalizadas de derechos humanos, pues a los presuntos delincuentes no se les detenía de acuerdo con la ley, ni se pretendía someterlos a juicios con debido proceso, sino que se pretendía aniquilarlos. Crímenes de lesa humanidad sin paliativos.

Pero si aquel análisis se refería a enfrentamientos armados donde probablemente había intercambio de fuego, aunque las cifras de muertos mostraran un evidente abuso de la fuerza, los datos de Permiso para matar simplemente espeluznan, porque las víctimas documentadas por el estudio son en su mayoría jóvenes que se encontraban a solas o en pequeños grupos, habitantes de localidades conflictivas, manifestantes, integrantes de grupos marginados o estigmatizados –como usuarios problemáticos de sustancias o con tatuajes–. Víctimas elegidas por su apariencia, por su vulnerabilidad o por encontrarse en el lugar equivocado.

La arbitrariedad de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano es proverbial. Siempre han pasado por encima de la ley y han actuado contra hombres y mujeres por tener conductas supuestamente indebidas, aunque estas no constituyan delito o falta alguno. Se ha tratado de un comportamiento habitual, que forma parte de la manera de hacer las cosas de los cuerpos represivos. Pero este estudio prueba que se trata de un comportamiento rutinario, institucionalizado, que no puede reducirse a conductas excepcionales, actos de “manzanas podridas”, como de manera chabacana se refiere a ellos el Presidente López Obrador. Se trata de la actuación de cuerpos del Estado que cometen impunemente crímenes de lesa humanidad, gracias a la impunidad concedida por los mandos a sus agentes.

El informe demuestra que el mexicano es un Estado violador sistemático de derechos humanos, donde el abuso de poder es moneda corriente en la relación entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía, de una manera que, por lo demás, evidencia la desigualdad social, pues la abrumadora mayoría de las 1524 víctimas con nombre y apellido que recoge la base de datos pertenecen a la mitad del país que no solo no está protegida por el Estado, sin derechos sociales y sin acceso a servicios básicos, sino que es vista como enemiga por parte de quienes negocian su desobediencia de la ley de manera favorable y tienen sus privilegios garantizados.

A lo largo de la historia de México, el Estado ha mostrado capacidades institucionales débiles, que se ha pretendido paliar con el uso de la violencia descarnada. La “guerra contra el narcotráfico” puesta en marcha por Calderón empezó como un nuevo episodio de uso de la violencia estatal sin control como sustituto del combate de los delitos con los recursos legales y constitucionales. Los siguientes tres lustros, con Presidentes de la República de tres partidos distintos y con el actual que se llena la boca con la falsedad de que ya no hay guerra, lo único que han hecho es terminar de carcomer los débiles cimientos sobre los que se debería construir una justicia auténticamente constitucional.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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