Aunque se espera que el siguiente periodo ordinaria de sesiones en el Congreso de la Unión sea muy polarizado y de pocas negociaciones, finalmente Morena sí podría sacar adelante la mayoría de los asuntos de su interés porque cuentan con mayoría calificada, salvo la Reforma Electoral, donde requiere quiere de consensos con otras fuerzas políticas.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo) .- La Reforma Electoral, la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Paquete Económico 2023, la eliminación del Horario de Verano, reformas a la Ley de Telecomunicaciones y al Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Sistema Nacional de Cuidados, y la legalización del uso recreativo del cannabis son algunos de los temas que se espera que se aborden en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que arranca este 1 de septiembre.
El principal obstáculo frente a esta agenda legislativa es la tensión que existen actualmente entre Morena y los partidos de oposición, principalmente el PAN, PRI y PRD, quienes en junio pasado anunciaron una “moratoria constitucional”, es decir que no respaldarán ninguna reforma constitucional para la cual se requiere una mayoría calificada, que Morena no puede alcanzas con todo y los votos de sus aliados, una situación sobre la cual es consciente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el caso de la Reforma Electoral insistió en presentar su propuesta.
“Se espera que (el periodo ordinario) sea polarizado, con poca capacidad de lograr acuerdos, con temas que van a llamar mucho la atención mediática, pero que va a tomar tiempo resolverlos, a menos que ya estén muy avanzadas las negociaciones”, expresó Sergio A. Barcena, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Poder Legislativo.
El también investigador del Tecnológico de Monterrey y director de la asociación Buró Parlamentario, explicó que las pocas expectativas de un consenso entre el partido oficialista y las fuerzas políticas opositoras es porque “no se prevé todavía que existan los incentivos para que las dos fuerzas más importantes puedan negociar […] Se antoja que no se logren acuerdos en temas de importantes y lo peor de todo, es que los más perjudicados somos los ciudadanos que necesitamos de muchas leyes”.
El primer periodo ordinario del segundo año de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión arranca formalmente este jueves. Los seis grupos parlamentarios que integran el Senado ya realizaron sus respectivas reuniones plenarias para acordar los temas que priorizarán en la agenda legislativa.
Morena junto con sus aliados, PT y PVEAM, acordaron en sus respectivas reuniones que buscarán contar con una agenda legislativa que incluya la ley relativa al uso del cannabis y la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Procesar 50 nombramientos, modificaciones en materia de salud, cuidados paliativos, ciberseguridad y la eliminación de las terapias de conversión, son otros de los temas que se mencionaron para tratar. Mientras que el Partido del Trabajo, en su reunión plenaria, acordó que darán prioridad a la estrategia de seguridad del Ejecutivo Federal.
En tanto que el bloque opositor integrado por los partidos PAN, PRI y PRD, fijaron su postura de rechazar las reformas constitucionales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en concreto contra la Guardia Nacional y la Reforma Electoral.
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, señaló en la reunión plenaria que los legisladores de la coalición Va por México, que cerrarán filas en el periodo ordinario de sesiones del Congreso.
En la reunión plenaria en la cual también participaron los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, así como los coordinadores parlamentarios de los tres partidos, el líder nacional del PRI dijo que la primera acción legislativa de Va por México, será defender al “pueblo y no al Gobierno o al Presidente.”.
En tanto que el PAN ya había hecho su reunión plenaria en Querétaro, en donde acordaron que los temas prioritarios de su bancada se centrarán en la seguridad pública, la salud y la economía.
Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano se pronunció por dar preferencia a la agenda de seguridad y justicia social para las mujeres y el Grupo Plural impulsará las garantías en el funcionamiento orgánico del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como una ley de salud en materia de reproducción asistida.
LOS TEMAS PENDIENTES
Los principales temas y de interés mediático serán la Reforma Electoral, la Guardia Nacional, la eliminación del Horario de Verano y el Paquete Económico 2023, que contempla la Ley de Ingresos el Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal.
Sergio Barcena indicó que uno de los primeros temas será la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, dado que el Ejecutivo anunció hace unos días que iba a introducir esa reforma como una iniciativa preferente, por lo cual no será constitucional.
El especialista explicó que debido a que Morena no cuenta con los votos suficientes para reformar la Constitución, buscará hacerlo por medio de una Ley Secundaria.
“Lo más probable es que sea una discusión ríspida, una discusión bastante ágil. Desde luego que la oposición ocupará el debate plenario para hacer notar su postura en contra, porque la oposición dijo que iría en contra de toda iniciativa que pretenda militarizar al país”, indicó el académico.
Al ser una reforma legal no requerirá de una mayoría calificada —dos terceras partes de los asistentes— sino de una mayoría simple, es decir la mitad más uno de los legisladores presentes en la sesión.
“El resultado será que una vez que se apruebe esta reforma y se publique en el DOF, la oposición se irá por la vía de la acción de inconstitucionalidad. El asunto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en lo que se resuelve, que no va a ser pronto, pues tendremos la posibilidad de que en efecto la Guardia Nacional pase al sistema militar”.
La Reforma Electoral es el pendiente más complicado para Morena, porque se trata de cambios a la Constitución y para tal efecto se requieren de las dos terceras partes de votos, los cuales, Morena con todo y sus aliados no tiene. La situación la conoce el Presidente, quien ha señalado que él cumplirá con presentar estos cambios a la Constitución.
La propuesta del Ejecutivo Federal es reformular y replantear por completo la estructura institucional de la autoridad electoral y una modificación muy profunda al sistema electoral, que propone pasar de un sistema electoral mixto a un sistema electoral de representación proporcional.
El especialista recordó que la oposición está unificada para ir en contra de aprobar la propuesta del Presidente, lo que vuelve muy complicado el panorama para Morena. Además, consideró que el escenario para que sea avalada, es que deberá tendría que ser una Reforma Electoral que les convenza a ambas partes, es decir, que haya consenso.
“Ambas posturas se mantienen polarizadas, el Gobierno y la oposición, y el acuerdo más importante tendrá que ser en 2023 para el nombramiento de cuatro nuevos consejeros electorales del INE”, expresó.
Con respecto al Paquete Económico se aprobará según lo proponga el Ejecutivo Federal, aunque la oposición no esté de acuerdo porque para su aprobación solo se requiere de la mayoría absoluta y Morena sí la tiene.
Sin embargo, no será una sesión fácil, ni rápida ya que se espera que haya numerosas reservas por parte de la oposición. “Y vamos a ver también como cada reserva termina siendo desestimada por la mayoría y el Presupuesto se va a aprobar”, dijo Barcena.
Y agregó: “No será sencillo, ni rápido, va a ser una sesión bastante tediosa, precisamente porque la oposición pues no tiene otro mecanismo más allá que la presentación de reservas en el pleno”.
Con respecto al tema de la legalización del cannabis para su consumo recreativo, Jorge Barcena dijo que falta todavía que se pongan de acuerdo en algunas modificaciones del dictamen, sin embargo, consideró que el tema aun genera escozor en varios sectores de la población y no considera que vaya a ser aprobado a la brevedad.
Otro tema importante tiene que ver con reformas a la Ley de Telecomunicaciones con respecto a la obligación de los medios de radiodifusión y de televisión de que sus comentaristas hagan la distinción entre información y opinión.
El Congreso de la Unión tendrá que hacer de nueva cuenta modificaciones porque las reformas que se hicieron en el año 2017 sobre esa particular diferenciación entre información y opinión fueron derrumbadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La Suprema Corte hizo notar que en una reforma de 2017 no se siguió el proceso correcto para la aprobación de modificaciones a esta ley y resolvió que las modificaciones que se hicieron a esa ley se tenían que retomar y volver hacer”.
Otros temas que están pendientes son la eliminación del Horario de Verano, el Sistema Nacional de Cuidados y una modificación sustantiva al Código de Procedimientos Civiles.
“En el caso del Código de Procedimientos es prácticamente rehacer el código. Se trata de una reforma que ha estado avanzando en conjunto y me parece que está en la mira de ambas partes”.
En resumen, el especialista consideró que el panorama es que nuevamente el Congreso de la Unión tendrá una baja productividad debido a la poca capacidad de lograr acuerdos.
“Hemos visto, sobre todo en el último periodo ordinario, que las dos cámaras han sido poco productivas porque no han podido lograrse acuerdos en torno a asuntos fundamentales. El nivel de porcentaje de aprobación de iniciativas no llega ni al 1 por ciento, cuando normalmente ha estado entre el 6 y el 7 por ciento ”, detalló.
No obstante, el especialista comentó que, aunque se espera que el siguiente periodo ordinaria de sesiones en el Congreso de la Unión sea muy polarizado y de pocas negociaciones, finalmente Morena sí podría sacar adelante la mayoría de los asuntos de su interés porque cuentan con la mayoría calificada, salvo la Reforma Electoral, donde requiere quiere de consensos con otras fuerzas políticas.
“Morena va a poder seguir usando esta mayoría absoluta que tiene para impulsar temas. Hay algo muy interesante que he estado haciendo Morena: aunque sabe que no tiene la mayoría para hacer reformas constitucionales, a lo que le ha está apostando y va a hacer con la Guardia Nacional, es a realizar cambios a leyes secundarias, esperar mientras llega a la Suprema Corte y se declare inconstitucional, ellos ya tuvieron cambios, es decir, le está apostando a eso a introducir los cambios a través de reformas a leyes secundarias”, detalló.
UN CAMINO YA CONOCIDO
Aprobar decretos, acuerdos, leyes secundarias o cambios a leyes generales –que no requieren el aval de las dos terceras partes del Congreso de la Unión– es un camino ya conocido por Morena y el Presidente López Obrador.
De al menos 14 normas, reformas de ley, decretos o asuntos del interés del Ejecutivo que se han resuelto, en ocho casos el Máximo Tribunal ha declarado que existe algún tipo de inconstitucionalidad.
La prisión preventiva oficiosa para delitos de defraudación fiscal; la prohibición para que exfuncionarios trabajen en la iniciativa privada por 10 años; el Padrón Nacional para Datos Biométricos; la declaratoria como asuntos de seguridad nacional a las obras de infraestructura del Gobierno Federal para blindar la información sobre los mismos; la prohibición de acceso público a información del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establecía el tope de salarios a Presidentes de organismos autónomos; el decreto que permitía al Ejecutivo disponer a su criterio de los ahorros generados por el plan de austeridad y la Ley Zaldívar, son parte de los proyectos que la Corte determinó había inconstitucionalidad, es decir, que echó para atrás.
En tanto que la Ley de la Industria Eléctrica, la Consulta Popular, la reducción de los tiempos fiscales de Radio y TV , la creación de la figura de Superdelegados, la reforma a la Ley de Adquisiciones que exceptúa al gobierno federal de licitar la adquisición de bienes y servicios para la salud ante organismos internacionales y preceptos de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, que regulan la actuación policial en manifestaciones públicas, son parte de los proyectos del Ejecutivo que sí fueron avalados por la Suprema Corte.
“Creo que el Presidente ya aprendió que puede violar la Constitución de manera sistemática por la vía de los decretos y los acuerdos, esto es de manera unilateral y arbitraria”, destacó el profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia (CIDE), Javier Martín Reyes, en entrevista con SinEmbargo.
El mandatario federal ya ha confirmado que será este primero de septiembre en que enviaría una iniciativa de Ley preferente para reformar la Ley de la Administración Pública para que la Guardia Nacional dependa completamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cuestiones de seguridad.
El anuncio desató críticas entre legisladores de la oposición, así como organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional, quienes señalaron que la medida contraviene los artículos 21 y 73 de la Constitución de México, mismos que establecen que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional” y que solamente el Congreso de la Unión es el único facultado para hacer reformas en cuanto a la organización de la Guardia Nacional.
Legisladores de la oposición destacaron que, con estas acciones, el Jefe del Ejecutivo nuevamente pretende pasar por encima del Poder Legislativo, demostrando un “desprecio” por la división de poderes.
El presidente anuncia que buscará incorporar la #GuardiaNacional a la SEDENA, vía un Decreto.
Gobernar a base de decretazos es pisotear la Constitución; tan grave es la forma, como el fondo, es decir, la militarización del país.
— Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) August 8, 2022
Por su parte, el Presidente reiteró el pasado 9 de agosto que enviará una iniciativa para modificar la Ley de Administración Pública, a fin de pasar la Guardia Nacional a la Sedena, pero también enviará la iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión.
La reforma a la Ley de la Administración Pública, explicó el Ejecutivo, es por si no se aprueba la reforma constitucional, dado que los cambios a una ley solo requieren de una votación por mayoría simple (la mitad más uno), a diferencia de una reforma constitucional que necesita la mayoría absoluta, es decir, las dos terceras partes de los legisladores presentes.
López Obrador argumentó que nuevamente recurre al decreto presidencial o una iniciativa de modificación a ley porque los legisladores de oposición, a los que llama conservadores, “están en huelga y no trabajan”. Es algo similar a lo que hizo con la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que su reforma constitucional en la materia fuera rechazada.
Morena junto con sus aliados logran juntar los votos para la mayoría simple en el Congreso de la Unión, pero para modificaciones a la Carta Magna, requieren de consensos y obtener al menos 53 votos de la oposición en la Cámara de Diputados y de al menos 10 en el Senado.
La jugada es ventajosa para el Presidente López Obrador, según explicó el jurista Javier Martín Reyes, pues explicó que, aunque los decretos y acuerdos presidenciales sean impugnados, el mandatario gana en los hechos porque la Corte es la única que puede invalidarlos y, en segundo lugar, porque no resuelve siempre a tiempo.
“Por ejemplo, el primer acuerdo militarista fue emitido hace más de dos años, y aunque fue impugnado, lo cierto es que la Corte aún no resuelve esa controversia constitucional”, dijo el especialista.
Entre los proyectos o acuerdos del Presidente que aún siguen pendientes a resolver en la SCJN se encuentran el decreto con el que el mandatario elimina los fideicomisos; el acuerdo con el que se ordena el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024; la Ley Nacional del Registro de Detenciones; Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza; las reformas para que la Secretaría de Marina tome el control de los puertos y aduanas marítimas.
“Ahora bien, los tribunales no siempre invalidan o aplican las decisiones del Presidente. Aquí los resultados son mixtos: a veces el Poder judicial le ha puesto límites al Poder (Ejecutivo); en otros casos, no; y en otros más, simplemente no se resuelve a tiempo”, abundó el investigador del CIDE.
La anunciada reforma a la ley ni siquiera ha sido enviada al Congreso de la Unión, pero ya generó controversia y se anticipó que terminará en la esfera del Poder Judicial. El propio López Obrador sabe que es cuando se apruebe la citada Ley, la oposición va a impugnarla con el argumento de que es inconstitucional y entonces será la Corte quien va a resolver, como en el caso de la Ley Eléctrica.
“Si hay una agresión a la Constitución, ahí está el Poder Judicial”, insistió.
Javier Martín Reyes consideró que este tipo de acciones, emitir decretos o acuerdos a sabiendas que serán controvertidas en el Máximo Tribunal significa y se traduce en un “brutal desgaste de la legitimidad de la Suprema Corte.
Y es que no es la primera vez que asuntos del Ejecutivo federal son controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tan solo en lo que va de este año, al menos cinco leyes, norma o modificaciones resueltas por el Poder Judicial.
