El gran legado del Presidente Enrique Peña Nieto, las 11 reformas estructurales que su gobierno impulsó, fueron ideales en el papel. Pero en la realidad, dejaron mucho a deber y no cumplieron con sus objetivos principales que eran aumentar la productividad nacional, ampliar los derechos de los mexicanos y fortalecer la democracia, dijeron nueve analistas consultados por SinEmbargo.
El fracaso reformista tendrá consecuencias para la administración entrante, que deberá modificar e incluso derogar algunas de las enmiendas constitucionales y/o sus respectivas leyes secundarias. De momento, Andrés Manuel López Obrador está determinado a dar marcha atrás a la Reforma Educativa. Además, el tabasqueño se ha mostrado inconforme con la Energética, Laboral y Fiscal.
¿Cuál será el derrotero de las 11 reformas con la llegada de López Obrador al Ejecutivo federal? “No está claro”, respondieron los especialistas. Sin embargo, concordaron en que el verdadero reto de AMLO será hacer valer las normas existentes y hacer un “rediseño institucional” para eficientar, democratizar y transparentar los procesos de Gobierno.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El sexenio de Enrique Peña Nieto impulsó 11 reformas constitucionales que moverían a México hacia adelante. Inclusive, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fraguó un pacto con las principales fuerzas políticas de oposición (PAN y PRD) para lograrlo. No obstante, así como el pacto, los efectos positivos de las enmiendas se deslavaron. Y en los albores de una nueva administración, a cargo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el destino de las “grandes reformas” no está claro.
De momento, Andrés Manuel López Obrador está determinado a dar marcha atrás a la Reforma Educativa. Además, se ha mostrado inconforme con la Energética, Laboral y Fiscal.
“Acerca del destino de las llamadas reformas estructurales […] aunque nuestra postura sea revertirlas porque no benefician al pueblo, no responderemos a una imposición con otra imposición. Se consultará a los ciudadanos si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión de la voluntad ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría”, refiere el Proyecto de Nación 2018-2024 del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El plan de trabajo de López Obrador establece la necesidad de realizar un diagnóstico base antes de comenzar a hacer enmiendas a la Carta Magna y a los reglamentos administrativos. Por ello, en un inicio, la nueva administración se apegará “a la observancia de las leyes tal y como se encuentren redactadas en diciembre de 2018”. Sin embargo, “a mediano plazo, es posible que se presente alguna iniciativa de reforma” en caso de que la reorganización de la Administración Pública Federal lo amerite.
A pesar del apego a la normatividad vigente, AMLO ha sido tajante al reafirmar que tendrá su propia agenda, según la cual, “lo primero es acabar con la corrupción, lo segundo es acabar con los privilegios, lo tercero es que haya producción y haya trabajo, lo cuarto es que haya bienestar y lo quinto es que podamos vivir con un gobierno democrático”, dijo en abril de este año.
Las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto, en general, nacieron de iniciativas sustentadas en demandas sociales y prometieron cambios de fondo –como la educativa, que buscó limitar y transparentar al sindicato educativo–. Incluso, en el papel, las enmiendas fueron la base de cambios importantes –e.g. la energética, que abrió el mercado nacional a productores extranjeros de gasolinas–. Pero en la práctica, estas reformas dejaron mucho que desear, coincidieron nueve analistas consultados por SinEmbargo.
“Había muchas expectativas en las reformas; pero al final de cuentas, todas no tuvieron los resultados esperados. Esto no es sorpresivo [porque] no hay recetas mágicas para generar crecimiento y desarrollo”, comentó el doctor César Armando Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre las causas del fracaso reformista del actual sexenio, los especialistas señalaron la falta de aplicación de la normatividad vigente; de mecanismos para efectuarla, diagnosticarla y ejercer control sobre sus procesos, así como “inmadurez” institucional. Estos factores, aunados a problemas coyunturales –como la caída del precio del petróleo o la inestabilidad económica internacional– y a problemas de planeación estratégica, lograron que el sueño que inició en 2013, tropezara.
“Juntos hagamos historia”, dijo Enrique Peña Nieto en el marco de su Primer Informe de Gobierno. “Tenemos 120 días para que 2013 sea recordado como un año de grandes transformaciones”, abundó en un momento en que las reformas estructurales –que venía impulsando y que marcaron los primeros 20 meses de su administración– comenzaban a materializarse. Su objetivo era aumentar la productividad nacional, ampliar los derechos de los mexicanos y fortalecer la democracia.
La Reforma Educativa buscó garantizar la educación integral y de calidad. La Energética, “modernizar” el sector y garantizar el abasto de energéticos (petróleo, luz y gas natural) a precios competitivos. Aquella en materia laboral, flexibilizar el mercado de trabajo y aumentar la formalidad. La de Competencia Económica, acabar con prácticas monopólicas y abusos al consumidor. La Fiscal, incrementar la recaudación. Y la Financiera, disparar el número de créditos comerciales y de consumo.
Asimismo, la Reforma Político Electoral persiguió –sobre todo– acotar la autonomía de los institutos electorales estatales y dar mayor certidumbre, equidad y transparencia a todos los comicios electorales. La de telecomunicaciones, acabar con monopolios, garantizar los derechos de las audiencias y reducir la brecha digital. La de transparencia, fomentar la rendición de cuentas y aumentar las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ahora INAI). Y la Nueva Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, evitar los abusos de los poderes públicos, garantizar juicios justos y homologar y ampliar la tipificación de delitos (sobre todo los relativos al peculado).
¿Cuál será el derrotero de las 11 reformas con la llegada de López Obrador al Ejecutivo federal? “No está claro”, respondieron los especialistas. Porque el proyecto y las declaraciones del tabasqueño sólo dejan entrever sus posturas que, inclusive, son contradictorias.
El virtual Presidente de México ha declarado estar incómodo con la reforma educativa (que podría ser derogada). Pero también está incómodo con la Energética, la Laboral y la Fiscal. El resto de las enmiendas podría sufrir modificaciones o quedarse igual.
Sin embargo, concordaron los analistas, el verdadero reto de AMLO será hacer valer las normas existentes y hacer un “rediseño institucional” para eficientar, democratizar y transparentar los procesos de gobierno. Esto incluye castigos ejemplares a funcionarios públicos y a particulares que reciban recursos gubernamentales y que no cumplan con sus obligaciones de ley.
MARCHA ATRÁS A LA REFORMA EDUCATIVA
“La llamada reforma educativa impuesta por el Gobierno de Enrique Peña Nieto afectó los derechos laborales de los docentes y creó una fractura en la gratuidad de la educación pública al atribuir a las familias la responsabilidad de administrar los planteles”, reza el Proyecto de Nación 2018-2024. En ese sentido, López Obrador ha prometido “dar marcha atrás” a la reforma y eliminar la “evaluación punitiva” de docentes.
De acuerdo con Esteban Moctezuma Barragán, quien será el nuevo Secretario de Educación Pública, la administración morenista derogará la ley de servicio profesional docente e implementará “una nueva legislación”. En el caso de las evaluaciones a maestros –dijo en julio pasado– “no van a dejar de existir” porque “siempre han existido. Pero la de la reforma no es adecuada porque es laboral” e “incorrecta porque se evalúa igual a un maestro que está en la ciudad como al que está en la sierra. Tendrán que ser regionales”, concluyó.
La Reforma Educativa sólo tuvo un efecto positivo. Evidenció que “hay muchos temas que convergen en lo educativo, que seguimos arrastrando y que no los hemos enfrentado. Todo este proceso –tanto del nuevo modelo educativo como la propuesta curricular o la formación docente– dejó ver que estos temas siguen siendo temas pendientes”, dijo a SinEmbargo la maestra Catalina Inclán Espinosa, especialista en pedagogía y políticas de educación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
Pese a que reconoció que era un paso necesario, la académica estimó que fue un trabajo “precipitado”, que omitió escuchar “a todos los involucrados” (maestros, personal sindicalizado, directivos, servidores públicos y especialistas) y que careció de una “visión sistémica”. Es decir, que pusiera “en movimiento no sólo la dimensión educativa, sino todas las demás dimensiones involucradas” (políticas sociales y económicas, aparatos de producción, mecanismos de inclusión, etcétera).
Por eso, explicó, el gran reto de AMLO será garantizar la calidad de la educación en el marco de la sociedad del conocimiento. Pero además, garantizar las condiciones de oportunidad que permitan el acceso a la educación (con políticas sociales equitativas). Al respecto, explicó que el político tabasqueño “no empieza mal” al reconocer la deuda social y de equidad que tenemos (reflejado, por ejemplo, en la iniciativa de modificar el artículo 3 constitucional, para que la educación superior sea un derecho fundamental).
REVISIÓN A CONTRATOS DE LA ENERGÉTICA
El proyecto de Morena en materia energética no contempla, por lo menos a corto plazo, más reformas constitucionales.
“Vamos a estar respetando la estructura que existe en la reforma energética y lo que está pasando, que son estas reglas del mercado”, explicó Manuel Bartlett Díaz, virtual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lo que sí harán es una revisión exhaustiva de los contratos de licitación gubernamentales, como la anunció Rocío Nahle García, quien será la próxima Secretaría de Energía federal.
Al igual que lo establece la reforma, el proyecto de AMLO, en su “Objetivo 7 a 2030”, considera lograr “el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”. Entre las propuestas, está la idea de limitar los subsidios y sustituir su uso con una política de “precios congelados de gasolinas” (lo que según especialistas en la materia, es una “ocurrencia” porque no es posible congelar los precios que dependen del mercado internacional).
De acuerdo con la doctora Miriam Grunstein Dickter, especialista en temas energéticos, la reforma “está bien y es muy perfectible”. A pesar de reconocer que “tiene muchas cosas buenas” –como la reforma en materia de gasolinas que no redujo los precios de los combustibles, pero que sí mejoró la calidad de los mismos– indicó que “nos fuimos muy rápido, hay mucho desorden y no hubo maduración institucional y eso condena a la reforma energética al fracaso”. Además, está el problema irresoluto de robo de combustible “que la reforma no pudo resolver porque es un problema de seguridad pública, no de política energética”.
Como saldo final, la socia fundador de la consultora Brilliant Energy expresó que está fue la acción política más importante de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y que, ahora, tiene un saldo negativo para la economía nacional y para los bolsillos de las familias mexicanas. Para sacar adelante esta deuda, urgió la necesidad de transparentar, lograr la rendición de cuentas y acabar con la corrupción en el sector. Sobre las propuestas de AMLO, dijo que “no son claras” y que hay “afirmaciones contradictorias”.
CAMBIOS EN LA REFORMA LABORAL
López Obrador ha manifestado que su administración revisará la reforma y adelantó que habrá cambios para aumentar el salario mínimo a 100 pesos diarios. Cambios que estarán ajustados a la enmienda de 2017, para evitar “vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Además, su programa de trabajo propone revivir la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria sobre Salarios Máximos –que está en la congeladora del Poder Legislativo desde 2011– para limitar los salarios, beneficios y compensaciones que tienen los servidores públicos.
La Reforma Laboral de Peña Nieto tuvo una intención de fondo: desaparecer los contratos colectivos de trabajo para la protección patronal –que son acuerdos que firman los líderes de los sindicatos con los patrones, sin la participación de los trabajadores– con la finalidad de evitar actos de corrupción, dado que el Gobierno siempre ha dominado y ejercido una “gran influencia” sobre los sindicatos, explicó el doctor Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo-UNAM.
Contrario a ello, “el proyecto de Peña Nieto tuvo por objeto encapsular todos los contratos colectivos de trabajo para la protección patronal, tanto federales como locales, para no molestar a la clase patronal en México. Entonces el Gobierno federal decidió en esa reforma establecer el Instituto Federal de Conciliación y Registro de Contratos Colectivos de Trabajo […] con el objetivo de evitar que hubiera demandas en contra de los patrones y que los contratos colectivos fueran tocados”.
Esta reforma agravó los problemas causados por la enmienda de 2012, que dio paso a los contratos eventuales y a las subcontrataciones, además de romper la estabilidad en el empleo (fueron agregadas cláusulas que limitaron el derecho a beneficios de los trabajadores).
En ese sentido, el doctor en economía de la UNAM, César Armando Salazar López, refirió que “la reforma laboral flexibilizó las condiciones laborales para facilitar la contratación”. Sin embargo, el propósito del Gobierno fue “presumir que habían más de tres millones de nuevos empleos. Pero al final, no valió de mucho porque las tasas de ocupación formal siguieron siendo prácticamente las mismas”.
Los analistas coincidieron en que AMLO deberá apegarse a los convenios 87 (para la libertad sindical) y 98 (para la negociación colectiva) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para así obligar a que los trabajadores estén involucrados en la firma de los contratos colectivos. Además, urgieron la necesidad de aplicar la ley en materia de sindicatos, cuya falta de transparencia está ligada a los intereses políticos, cuyos “gobiernos han prohijado” la corrupción y la opacidad.
“Un gobierno progresista lo que necesita hacer es revisar el marco constitucional para eliminar los factores neoliberales de ese proyecto que tenía fines específicos [a favor de unos cuantos]. Y una vez consultando y entendiendo el problema, modificar la reforma”, explicó Larios. Ello implica mantener las juntas de conciliación y arbitraje que la reforma quiso desaparecer, e instituciones y mecanismos “que atraigan la informalidad, a la formalidad”, concluyó.
MODIFICACIONES EN REFORMAS ECONÓMICAS
Las modificaciones constitucionales en materia económica incluyeron tres reformas: una de competencia económica, una hacendaria y otra financiera. Estas reformas tendrán algunas modificaciones durante el sexenio de López Obrador.
En materia de competencia, el proyecto de Morena plantea fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF). Ello con el afán de abolir “fueros y privilegios”. En materia fiscal y financiera, AMLO buscará “erradicar dispendios, derroches, corrupción y nuevos endeudamientos”, según su Proyecto de Nación 2018-2024.
Entre las políticas propuestas, está “la eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando se investiguen delitos tributarios y prácticas financieras ilícitas”, además de fortalecer los sistemas informáticos “para garantizar que el Estado retome el control de la seguridad”. Además, planea mantener a la banca de desarrollo como el motor de financiamiento de empresas pequeñas, medianas y de reciente creación, así como reducir el fondeo para las grandes empresas del país.
La Reforma de Competencia no disminuyó los monopolios. La financiera no necesariamente generó más créditos (fue la actividad económica) y no redujo el alto costo de las tasas comerciales y de consumo, aunque sí logró proteger aún más a las empresas en materia moratoria. Y la fiscal, pese a que aumentó las tasas de recaudación y logró que las autoridades fiscales tuvieran más coordinación, no aplicó el cobro de impuestos diferenciados (según el estrato socioeconómico del deudor) y “mantuvo las posibilidades de eludir fiscalmente los ingresos” (porque no se pagan las tasas completas), explicó a SinEmbargo el doctor César Armando Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
En su opinión, el reto de AMLO en materia económica será evitar generar más leyes. Pero tendrá que modificarlas, y sobre todo, fortalecer las instituciones y mecanismos de supervisión para que se haga valer las normas existentes, además de evitar tributar por impuestos indirectos (como el IEPS y el IVA), porque son medidas “altamente regresivas”.
Al respecto, el proyecto de Morena busca evitar el aumento de impuestos y reducirlos en la zona fronteriza norte (como en el caso del IVA y el ISR). Sin embargo, habrá un ajuste de impuestos a medio camino del sexenio.
REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL
La Reforma Política de 2014 partió de dos supuestos: que nuestra democracia era muy cara y que había que recentralizar algunas competencias, en particular las del Instituto Nacional Electoral (INE), para quitar el monopolio de los procesos electorales en algunos estados.
“La Reforma Política fue un fracaso en materia de hacer más barata nuestra democracia”, porque las elecciones de este año, por ejemplo, fueron las más caras de la historia. En cambio, “el hecho de que el INE tuviera que compartir atribuciones con los institutos estatales, generó una especie de contrapeso […] que ayudó a que hubieran mejores condiciones democráticas en los estados”, refirió Enrique Toussaint, analista político de la Universidad de Guadalajara.
Para el especialista, “la Reforma Electoral se quedó muy corta”. Sobre todo en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, la transparencia y el uso eficiente de recursos públicos para cuestiones electorales. Además, comentó que el modelo de comunicación política resultó ser poco dinámico, máxime en materia de sanciones a los medios de comunicación en tiempos electorales.
La nueva administración no tiene propuestas específicas en esta materia. No obstante, dijo Toussaint, deberá evitar hacer “parches” del modelo actual, porque de entrada, “es un sistema que no funciona”. Lo que México requiere, abundó, es un cambio de fondo, ya que de lo contrario, estaremos “derrochando recursos sin tener beneficios para la ciudadanía”.
“Si algo sabemos es que en cada sexenio hay una reforma política […]. Creo que la reforma político-electoral que se va a impulsar en esta administración –tanto por la mayoría de Morena como por el resto de los partidos– es la reducción de presupuestos públicos y a los partidos políticos, mejores condiciones a los candidatos independientes para poder competir tanto a nivel presidencial y en los estados, así como un debate sobre las competencias del INE, que es una instancia que tiene demasiadas atribuciones”, mencionó Toussaint.
El analista prevé que haya un debate en materia de fiscalización electoral, que en lugar de estar en manos del INE podría pasar a ser una atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la posible reducción de los escaños de representación proporcional en el Congreso de la Unión.
SE SALVA LA DE TELECOMUNICACIONES
Abel Mauro Hibert, asesor económico de López Obrador, manifestó en julio pasado que la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión “ha sido muy exitosa”, por lo que el nuevo gobierno contempla su fortalecimiento con inversiones público privadas, el respeto a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), además del fomento a la competencia (con énfasis en cobertura social y servicios de banda ancha en comunidades que carecen de infraestructura digital), el establecimiento de un organismo que coordine los esfuerzos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, el ensanchamiento de la agenda digital nacional, la revisión de licitaciones y de pagos por derechos, así como la eliminación del IEPS en telecomunicaciones.
La Reforma en Telecomunicaciones y radiodifusión fue una de las mejores reformas estructurales, concordaron la doctora Clara Luz Álvarez, investigadora especializada en telecomunicaciones de la Universidad Panamericana, y Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia.
Según las especialistas, la reforma peñanietista generó beneficios como el establecimiento de medidas especiales a los grandes grupos corporativos, para evitar prácticas competitivas desleales –como sucedió en los casos de América Móvil (Telmex y Telcel) y Televisa–. Sin embargo, dijeron, en la práctica esas medidas han sido “insuficientes e ineficaces”, ya que en la realidad, estas empresas acaparan sus respectivos mercados.
Las modificaciones de papel, sin consecuencias concretas en la vida diaria, fueron la constante durante este sexenio, refirieron. No acabaron con los monopolios en materia de radiodifusión y telecomunicaciones; en lugar de ampliarse los derechos de las audiencias, éstos fueron limitados y la ciudadanía carece de mecanismos para hacerlos valer; quedaron a deber la eliminación de criterios discriminatorios para medios de uso social comunitario e indígenas; en materia de mecanismos de pluralismo y diversidad, la ley se quedó corta; los medios oficiales (Canal 11, Canal 22, IMER, etcétera) no se hicieron “verdaderamente” públicos y autónomos; y el IFT perdió atribuciones y no cumplió con sus responsabilidades de ley (como el establecimiento de lineamientos para limitar la publicidad en televisión, por ejemplo).
Por eso, dijeron, la nueva administración deberá revertir la Ley General de Comunicación Social (o “Ley Chayote”) que regula el gasto de gobierno en medios de comunicación y que ha sido criticada como un medio de control a la información; restituir los derechos de las audiencias; limitar la publicidad; incentivar el pluralismo y la diversidad; atacar los monopolios; establecer sanciones para los medios de radiodifusión y de telecomunicaciones que violenten los derechos de las audiencia; y hacer que el IFT defienda el interés público, ya que hoy en día, no lo hace.
“El nuevo gobierno tiene la mesa puesta para hacer un rediseño institucional completo que realmente democratice los medios y materialice derechos” (le tocará, por ejemplo, le renovación de cuatro de siete consejeros del IFT), dijo en entrevista Aleida Calleja.
No obstante, una de las medidas que más urgen, comentaron las especialistas, es quitarle a la Secretaría de Gobernación su injerencia en en la regulación a los medios, porque es una de “las herencias autoritarias más viejas que tenemos y que hay que sacudirnos”, concluyó la también ex comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Clara Luz Álvarez.
REFORMA EN TRANSPARENCIA
En materia de transparencia y rendición de cuentas, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador propone “hacer sujetos obligados de las leyes de transparencia a los actores privados” que reciban recursos públicos, ya que de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, sólo las entidades y autoridades públicas son responsables de entregar información a los ciudadanos.
Asimismo, el Proyecto de Nación 2018-2024 contempla fortalecer la transparencia en materia administrativa y electoral con regulaciones más estrictas; el establecimiento de tipos penales contra la opacidad, simulación, o colusión; la creación de un padrón de contratistas sancionados o incumplidos, como también transparentar todo tipo de publicidad gubernamental en medios de comunicación.
“Lo que vimos con Peña Nieto fue una proceso de regresión constitucional, porque desde el punto de vista constitucional, habíamos logrado que las resoluciones del entonces IFAI fueran definitivas. Y hoy, esa definitividad se eliminó [porque] ahora el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo federal y cualquier órgano del Estado mexicano puede interponer una acción ante la Suprema Corte de Justicia”, explicó el doctor Ernesto Villanueva Villanueva, especialista en ciencias de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Mientras que la reforma de 2007 fue “de avanzada”, la de 2014 limitó la libertad de expresión y dejó desprotegidas a las personas, lamentó Villanueva. Por eso, dijo, el reto de AMLO no sólo será abatir la corrupción e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. Deberá lograr que haya un equilibrio entre la libertad al acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales.
Empero, señaló que “el hecho de que AMLO tenga la voluntad política para hacer un cambio –sin que haya garantía– ya es un punto positivo. Pero para generar cambios, debe ser fortalecida la participación de la sociedad civil en los procesos de gobierno”.
¿Y LAS REFORMAS PENALES?
La Ley de Amparos y el Código Nacional de Procedimientos Penales no cumplieron con su objetivo central, que era no sólo incrementar los delitos graves, sino “considerar como graves los delitos de peculado”, dijo a SinEmbargo el doctor José Óscar Valdés Ramírez, abogado constitucionalista especializado en Derecho Fiscal Penal.
Para el litigante, lo ideal sería que Andrés Manuel López Obrador “soltara la Fiscalía”, es decir, dotarla de autonomía para que no dependiera del Ejecutivo federal. “Ese sería el mensaje de que va en serio contra la corrupción”.
Según el plan de Morena, habrán cambios en materia penal, que consisten en tipificar como delitos graves aquellos relacionados con corrupción, robo de combustibles y fraude electoral. Asimismo, contempla la posibilidad de que las víctimas civiles de un delito de corrupción, por parte de funcionarios públicos, puedan iniciar el ejercicio de una acción penal sin la necesidad de pasar por ministerios públicos.
“La idea fundamental es vincular a la sociedad en el combate a la corrupción, pero la única forma de hacerlo es que las personas puedan de verdad actuar en contra de los servidores públicos corruptos […]. Por ello [es necesario] modificar el artículo 428 [del Código Penal] para que la acción penal por particulares se amplié a todos los delitos cometidos por servidores públicos y exservidores públicos en el ejercicio de su encargo”, se lee en el Proyecto de Nación 2018-2024.
