El Gobierno tiene una política integral y bien planeada en contra de los periodistas, defensores de derechos humanos y toda aquella voz que sea crítica al status quo.

Creer que esto es una exageración implica no conocer el contexto nacional y las decenas de ataques que le dan forma y fondo a la política integral contra los derechos humanos. Después de erigirse como el gran transformador de México por haber logrado reformas estructurales, Enrique Peña Nieto, sigue cayendo en un vacío que al parecer ya no tiene freno.

Ayotzinapa, Tlatlaya y los más ominosos casos de corrupción en la historia reciente de México comenzaron a darle forma a lo que sería la esencia de su Gobierno. Preocupado por proteger a su camarilla y hacer negocios que convertiría a simples funcionarios en los nuevos ricos de México, Peña Nieto.

El semanario inglés The Economist describió –temprano en la administración lo que sería el sello de la casa peñista “no entienden que no entienden”, refiriéndose a la necedad de rectificar el camino que claramente iba mal. Pero la intransigencia calificó casi toda acción de Gobierno. El sentido común se alejó rápidamente de la casa presidencial. Se optó por atacar voces críticas (inclusive amigas) que avizoraban el desastre al cual se encaminaba el Gobierno federal sobre todo referente al combate a la corrupción, impunidad y violaciones graves a los derechos humanos. La cerrazón se instaló como manera de hacer política.

El día de ayer, Enrique Peña Nieto volvió a ser motivo de una lacerante nota del New York Times en primera plana. En esta ocasión el diario neoyorquino describió con fidelidad los ataques que ha recibido una nueva organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los ataques no son solo contra MCCI. Reducirlo a eso sería un despropósito y una falta de respeto con otras organizaciones, defensores y periodistas que cada día buscan hacer su trabajo de manera honesta y ética, lo cual implica enfrentarse contra el poder. El clima adverso es generalizado. El disenso es algo mal visto por los que detentan el poder político, no solo en Los Pinos, sino en los pequeños virreinatos que son algunos estados de la República.

“La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”, le dijo Peña Nieto a la elite empresarial más importante de este país. Buscando su lealtad y apoyo, señaló específicamente Claudio González Laporte, padre del presidente de MCCI. El mensaje era para que MCCI cesara de denunciar hechos que le incomodan a la clase política. Algunos interpretan las palabras como amenazas presidenciales, otros como mero comentario directo.

Sin embargo, si el incidente fuera aislado tal vez no se podría determinar una tendencia de reacciones negativas contra personas e instituciones críticas. Hace un mes se supo que el Gobierno compró a través de la PGR un sistema de espionaje. El contrato lo firmó Tomás Zerón con una empresa fantasma. Con pruebas inequívocas, el espionaje a periodistas, activistas y políticos salió –también- en primera plana del New York Times. Otra vez la cerrazón y autoritarismo era motivo de primera plana. Ahora se sabe que tres prominentes personajes de MCCI están dentro de la lista de personas espiadas por Pegasus. Las fechas de actos importantes – como la publicación de piezas periodísticas- coinciden con las fechas de cuando hubo los intentos de infección para ser espiados.

Las coincidencias en política no existen. El pasado 1 de febrero, señaló personalmente al Presidente y le dijo a un panel que “si existiera un salón de la infamia, Peña Nieto estaría en los diez primeros lugares”.

Semanas más tarde, el 27 de febrero, las autoridades fiscales anunciaron nueve auditorías relacionadas con cinco organizaciones que habían sido fundadas o dirigidas por González Guajardo en los últimos 20 años, afirma el New York Times en su texto. El acoso fiscal –una vieja estrategia usada por gobiernos- revela el verdadero cariz de esta administración.

La respuesta de Los Pinos, en voz de Eduardo Sánchez, fue lamentable. En una hoja sin rótulo y a través de su cuenta de tuiter, el vocero se limitó a decir argumentos que no desmentían realmente la información del diario. Como si les importara poco salir señalados en las páginas del diario más influyente del mundo.

Muchos afirman que lo único que le duele a esta organización es los golpes internacionales. Que tienen muy medido y controlado el sistema de medios nacional. Y eso parece. Muchos medios optaron por ignorar la nota del NYT pero sí retomar los dichos inocuos del vocero. Eso solo se podría explicar por motivos económicos meta periodístico.

Pero parece ser que se están acostumbrando hasta de los golpes internacionales que denuncian hechos contrarios a la democracia que afirman se vive en el país. Sin importar lo que sigue afirmando el Gobierno federal, la corrupción sigue siendo reportada en todos los ámbitos de Gobierno y no tenemos instituciones que logren frenarla.

Ante el desdén gubernamental, amenazas y violencia, queda redoblar esfuerzos para cambiar la realidad. Echar andar las instituciones que han sido secuestradas por intereses que no responden al interés general. Y es aquí donde el periodismo comprometido, así como la defensa de los derechos humanos se convierte en el último bastión de resistencia ante los embates feroces de la clase política. Está claro que la presión social y mediática todavía no es suficiente para cambiar la realidad. Pero cejar en el intento implicaría limpiarles el camino. Por el contrario, es momento de hacer valer la voz de la sociedad civil.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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