“No protegió a quien debía proteger” soltó con pasmo el informante, al anunciarme la semana pasada que desde las oficinas de la Secretaría de Gobernación habían pedido la renuncia de Enrique Galindo a su cargo de comisionado en la Policía Federal.

Su destitución estuvo públicamente relacionada con la cruda recomendación de la CNDH contra la Policía Federal por la ejecución arbitraria de 22 civiles a manos de policías federales en Tanhuato, Michoacán.

Su salida tiene, no obstante, un entramado más oscuro.

En la versión confirmada por la CNDH con base en indagatorias propias, los supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron acribillados por policías federales el 22 de mayo de 2015 en un rancho en Tanhuato, una localidad michoacana de 15 mil habitantes, con casas grises y clima templado, que se ubica a menos de 10 kilómetros del estado de Jalisco.

El operativo dejó un policía y 42 civiles muertos. Ocurrió tres semanas después de que un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana fue derribado por el CJNG, que ha fortalecido exponencialmente su mega estructura de lavado de dinero y terror durante el sexenio de Peña Nieto.

Varios vecinos del sitio donde sucedió el ataque, con quienes hablé aquel 1º de mayo, resumieron su experiencia como “haber visto una zona de guerra”.

Seis días después del operativo en que los policías, ahora en la versión confirmada por la CNDH, llegaron incluso a quemar vivo a uno de los civiles, Peña Nieto protagonizó un evento en un predio a menos de 20 minutos en coche desde Tanhuato.

En Vista Hermosa, el mandatario daba el banderazo de salida de México a 16 contenedores para exportación de SuKarne, una compañía de Jesús Vizcarra, un empresario sinaloense que aceptó en 2010 haber aparecido en una antigua fotografía con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, organización de narcotráfico que tuvo al CJNG como su brazo armado.

Cuando los testimonios de los vecinos y las filtraciones de documentos oficiales comenzaron a sugerir que los policías habían ejecutado a los civiles en Tanhuato, Galindo se mantuvo firme en su puesto, desde el que se quejaba siempre que podía, ante un pequeño círculo, por la imposición de Frida Martínez Zamora como su secretaria general en la Policía Federal, por órdenes del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el mismo que este lunes anunció la separación de Galindo de su cargo.

Frida Martínez llegó al gobierno federal en el actual sexenio, después de haber sido durante todo el periodo de gobierno encabezado por Osorio Chong en Hidalgo, de 2005 a 2011, la directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor en el gobierno estatal.

En marzo de 2013, cuando Osorio ya fungía como secretario de Gobernación, ella fue nombrada como jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de acuerdo con su declaración patrimonial. Un documento desclasificado, que publicó la revista Contralínea, revela que allí devengó un salario de 189 mil pesos mensuales.

Varios empresarios y funcionarios me han contado de ella con un gesto de disgusto. La describen como los ojos, oídos y manos de Osorio Chong en la Policía Federal. “Ni un centavo se mueve allí sin que pase por ella”, me advirtió hace poco uno de sus proveedores, quien debía lidiar al mismo tiempo con el poder de Martínez y la frustración de Galindo. La imposición de la abogada penalista también fue reseñada por el periodista Raymundo Riva Palacio en su libro La segunda fuga del Chapo. Crónica de un desastre.

Ante la salida del comisario, al menos hasta ahora, la exempleada de Osorio mantiene su rango de suboficial y su sueldo neto de 131 mil pesos mensuales.

Menos de 24 horas después del informe sobre la violación a derechos humanos, la Policía Federal reaccionó a los graves señalamientos de la CNDH con la detención en Guadalajara de Sergio Kurt Schmith, operador financiero del CJNG. La detención –y no la recomendación de la CNDH- marcó el punto final en el debate sobre la salida de Galindo, según fuentes que solicitaron anonimato.

Durante varios días, la designación de un sucesor se barajó entre dos funcionarios de la Policía Federal, que reportaban directamente a Galindo: el titular de la División de Gendarmenía, Manelich Castilla, y el de la División de Inteligencia, Omar García Harfuch.

La decisión sobre Castilla luce tan inexplicable como la ratificación de Alfredo Castillo en la Conade, luego del escándalo por los escasos resultados de los atletas mexicanos en las olimpiadas de Río de Janeiro, por dos antecedentes principales: su cercanía con Carlos Slim y con Genaro García Luna.

Castilla trabajó durante 12 años, entre 1997 y 2009, como ejecutivo y luego director en el programa Telmex-Reintegra, parte de la Fundación Telmex, en la cual otorgaba fianzas a personas de escasos recursos, para su reinserción social.

En 2009 llegó al gobierno federal como inspector en la Secretaría de Seguridad Pública, que García Luna dirigía. Su carrera como policía ascendió allí y se mantuvo este sexenio hasta dirigir la Gendarmería, uno de los programas más anunciados por el gobierno de Peña Nieto, que hasta ahora ha sido cuestionada por sus manejos de recursos, detectados por la Auditoría Superior de la Federación y por la actuación de sus elementos durante un enfrentamiento con simpatizantes del conflicto magisterial en Nochixtlán, Oaxaca.

¿Qué hará quien estuvo encargado de sacar presos de la cárcel con fondos de la Fundación Telmex, al frente de una de las corporaciones más cuestionadas del sexenio? ¿Qué motivó a sus superiores a nombrarlo en ese puesto, ante los retos de más cuestionamientos de derechos humanos y un nuevo cártel súper poderoso a combatir?

La designación ha levantado las alarmas de más de uno al interior del gobierno y, considero, debería hacerlo también en algunos sectores de la sociedad que vive diariamente una presencia directa de la Policía Federal en sus ciudades.

En sus antecedentes, Castilla será revisado en primer término por su experiencia de campo en San Luis Potosí, una zona que antes controlaron Los Zetas, el cártel de Sinaloa y ahora se ha convertido en uno de los objetivos territoriales del CJNG.

En los próximos meses veremos si la experiencia de Castilla como conocedor de la realidad de muchos presos en México y como policía que ha ascendido en la corporación en pocos años, sirve para hacer frente a las acusaciones contra la corporación, que aún faltan por concretarse en recomendaciones y en informes de derechos humanos.

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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