Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).— La organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos, que lleva la defensa legal de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez –desaparecidos forzadamente en 2007–, y familiares de éstos realizarán un mitin esta mañana afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para demandar a los Ministros de su Primera Sala que se pronuncien sobre la atracción del caso, que ya fue resuelto por un tribunal colegiado y que sentó un precedente para casos de desaparición forzada que involucran a elementos del Ejército.
Aunque un juez emitió una sentencia favorable a las víctimas desde el año pasado, ésta no ha sido cumplida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por la Procuraduría General de la República (PGR); de ahí que familiares y abogados busquen la intervención del máximo órgano del Poder Judicial en el país, dijo el abogado Sandino Rivero.
Sin embargo, la petición de atracción no fue hecha por ellos directamente sino por nada menos que el Ministro Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, tras reunirse con los familiares de los desaparecidos y sus representantes legales, hace tres meses.
Registrada con el folio 222/2015, la solicitud de atracción no ha sido contestada por los integrantes de la Primera Sala de la Corte, ya sea para aceptar atraerla o no. En esa sala despachan los Ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Villegas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La intención de los familiares y abogados de los eperristas es poder hablar con ellos y con el Ministro Presidente.
Rivero refirió que en la solicitud de atracción el Ministro Presidente consideró que había interés y trascendencia en el asunto, ya que se planteaban las medidas que los jueces pueden ordenar para la búsqueda y localización de personas desaparecidas forzadamente, cuando dichos casos son llevados a instancias judiciales a través de demandas de amparo.
La Corte “no puede decir que no es un asunto de interés y trascendencia en el contexto en que México está viviendo todo este tema de desapariciones forzadas, algunas motivadas con fines políticos, otras que se han dado en el contexto del [combate a] la delincuencia organizada”, consideró Rivero.
Reyes Amaya y Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca el 24 de mayo de 2007, durante un operativo policiaco. La última noticia de su paradero fue que habían sido trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca entre el 24 y 25 de mayo. Después, nada se volvió a saber de ellos.
Una versión de los hechos es que de la Procuraduría habrían sido trasladados al Campo Militar Número 1 por elementos del Ejército Mexicano.
Esta posibilidad es una de las líneas de investigación que abrió la PGR en la averiguación previa del caso, de acuerdo con el abogado. Rivero refirió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) envió un oficio al juez de amparo en el que reconoció cuatro hipótesis sobre la desaparición de los eperristas y una de ellas era la posible participación de los militares.
Las otras hipótesis de la PGR son que los presuntos responsables fueron policías ministeriales de Oaxaca, que los eperristas fueron detenidos por Policías de Caminos en la carretera Oaxaca-Puebla, o que habrían sido desaparecidos por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.
Pero en los ocho años que han transcurrido desde la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, la indagatoria ministerial no ha tenido avances, denunció Rivero. Por ello es que recurrieron a la vía judicial, a través de un amparo.
El 12 de junio de 2014, el IX Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió a favor de las víctimas y ordenó abrir los cuarteles militares para buscar a los dos luchadores sociales y exhumar los cuerpos localizados en instalaciones castrenses para verificar si correspondían a ellos, citar a declarar a los mandos militares que estaban en funciones cuando los eperristas fueron desaparecidos y la creación de comisiones especiales de búsqueda.
Sin embargo, hasta ahora la Sedena y la PGR se han negado a acatar la resolución judicial, dijo Rivero.
Si bien por sí sola la resolución del Tribunal Colegiado sienta un precedente para casos de desaparición forzada que pudieran involucrar a miembros del Ejército, llevarla ante el máximo órgano del Poder Judicial en el país y que éste se pronuncie “le da una proyección pública, política” al asunto, consideró el abogado defensor.
“No podemos decir que solamente es jurídica, porque el caso es político, la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel la motivó su pertenencia al Ejército Popular Revolucionario, entonces claro que hay todo un contexto político en la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Pero que la Corte se pronuncie no solamente va a implicar el beneficio a su asunto, sino a cualquier asunto de desaparición forzada”, agregó.
La decisión de llevar el asunto ante la Corte no fue caprichosa, sino consecuencia de la falta de cumplimiento de las autoridades involucradas y, aún más, del Tribunal Colegiado que cerró el asunto sin haber vigilado el acatamiento de su resolución, apuntó Rivero.
La resolución judicial, emitida hace 14 meses, es la primera en la que el Poder Judicial ha ordenado abrir cuarteles militares e interrogar a mandos castrenses por un caso de desaparición forzada, pese a que desde la llamada “Guerra Sucia” –cuando la desaparición forzada se utilizó como un mecanismo de contrainsurgencia– ha habido una demanda histórica por investigar a los militares y abrir los cuarteles para buscar a los desaparecidos, abundó el defensor.
De cumplirse, podría beneficiar la resolución de otros casos de desaparición forzada en los que hayan participado miembros del Ejército, ya sea de los años de la “Guerra Sucia” o de casos recientes, ocurridos en el contexto del supuesto combate al narcotráfico. El caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero –en el que se ha señalado la posible participación de militares- también podría verse favorecido por esta resolución.
Rivero, quien también defendió al profesor tzotzil Alberto Pathistán, consideró que en el asunto de los normalistas desaparecidos forzadamente no necesariamente tendría que reconocerse que hubo participación de los militares para que se ordenara investigar al Ejército.
“En este tipo de casos de desaparición forzada el Estado tiene la obligación de agotar todas las hipótesis. Una hipótesis, por más que no haya elementos objetivos, pero por el contexto en que se han dado estas desapariciones forzadas, que son contextos políticos que no se deben dejar a un lado, si esa es una posible línea de investigación, yo creo y estoy seguro que las autoridades tendrían que ordenar la apertura de cuarteles militares aunque no haya expresamente un reconocimiento como posible línea de investigación.
“En el caso de Ayotzinapa yo sí veo que hay este contexto político donde se ha hablado mucho de los militares que pudieron haber participado en su detención. Entonces yo creo que eso es suficiente para motivar la apertura de los cuarteles y que los precedentes que se puedan generar en el caso de Edmundo y Gabriel sí tocarían también ese tema de Ayotzinapa […] Estoy seguro que los precedentes y si la Corte decidiera atraer el asunto sí impactarían directamente al tema de Ayotzinapa”, expone.
El caso de los eperristas desaparecidos también sentaría un precedente por la orden judicial de crear comisiones especiales de búsqueda de los desaparecidos forzadamente. De acuerdo con el abogado, hasta ahora en ningún caso de desaparición forzada se han creado comisiones de búsqueda por un mandato judicial, sino que más bien han sido una respuesta a la presión política y de las organizaciones que acompañan a las víctimas, incluido un caso de alto impacto como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
