A partir del gobierno encabezado por el priista Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), que introdujo el modelo de economía neoliberal en nuestro país, se fue adoptando lo que más tarde se denominaría Nueva Gerencia Pública (NGP), que prometía resolver los problemas de desequilibrio económico, corrupción, desigualdad, pobreza, sobrerregulación administrativa, atraso, proteccionismo e ineficiencia, endeudamiento público, inflación, etcétera. Con la “reforma del Estado”, impulsada desde esa administración, México ingresaría a la modernidad.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Durante los 36 años de gobiernos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha definido como neoliberales, desde 1982 hasta 2018, incluyendo cuatro administraciones priistas y dos panistas, se le hicieron 496 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el andamiaje jurídico que permitió el saqueo de los bienes públicos en beneficio de una minoría privilegiada, en la cual se entreveran los intereses de la cúpula del sector privado con los políticos en el poder público.
En gran medida, las 18 iniciativas de reformas constitucionales que el Presidente López Obrador entregó en la Cámara de Diputados el lunes 5 de abril del 2024 pretenden revertir esas disposiciones legales que fueron promovidas en detrimento de los intereses y derechos de la mayoría de los mexicanos.
En la iniciativa de reformas para la Simplificación Orgánica y Administrativa de la Administración Pública Federal, que será dictaminada en agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con el propósito de que la nueva legislatura que iniciará sus tareas el jueves 1 de septiembre pueda analizarlas y en su caso, aprobarlas, se advierten las consecuencias de las reformas constitucionales que profundizaron un modelo de gobierno, calificado como neoliberal, durante cuatro administraciones priistas y dos panistas, así como su impacto en la realidad del país.
Explica la iniciativa del Presidente López Obrador que a partir del gobierno encabezado por el priista Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), que introdujo el modelo de economía neoliberal en nuestro país, se fue adoptando lo que más tarde se denominaría Nueva Gerencia Pública (NGP), que prometía resolver los problemas de desequilibrio económico, corrupción, desigualdad, pobreza, sobrerregulación administrativa, atraso, proteccionismo e ineficiencia, endeudamiento público, inflación, etcétera. Con la “reforma del Estado”, impulsada desde esa administración, México ingresaría a la modernidad.
En un primer momento -argumenta la iniciativa-, el “adelgazamiento” de la Administración Pública Federal (APF) consistió en la eliminación de unidades administrativas de las secretarías y la privatización de empresas paraestatales. Entre 1982 y 1988, México pasó de tener 1,155 empresas paraestatales a 412. Para 1993, sólo restaban 213.
Durante el sexenio 1989-1994, se reformó la Constitución, en su artículo 27, para abrir al capital privado la generación de energía eléctrica, y el artículo 28, para permitir la desincorporación de empresas del Estado consideradas estratégicas y prioritarias, y concesionar la construcción de carreteras a empresas privadas, entre otros objetivos.
Entre 1982 y 1994, se desincorporaron Teléfonos de México, la banca comercial, Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), Fertilizantes Mexicanos, el sistema estatal de Televisión Imevisión, Mexicana de Aviación, Compañía Minera de Cananea, Diesel Nacional (Dina), Tabacos Mexicanos, empresas pesqueras, astilleros e ingenios azucareros, entre muchas otras.
De 1995 a 2000, se privatizaron los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos marítimos y otras actividades.
Al amparo del llamado Pacto por México que firmaron el Presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD, se reformaron 156 artículos constitucionales, que tuvieron como objetivo fortalecer el proyecto neoliberal y privatizador. Denominadas estructurales, incluían, entre otras, la Reforma Energética, la Reforma en Materia de Competencia Económica, la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Reforma Hacendaria, la Reforma Laboral, la Reforma Educativa y la Reforma Política-Electoral que dio origen al Instituto Nacional Electoral (INE), que los partidos políticos se repartieron como botín.
Hoy veremos las últimas seis de las 18 iniciativas de reformas que el Presidente entregó a la Cámara de Diputados el lunes 5 de febrero del 2024, que serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Costitucionales en agosto y que la nueva legislatura federal, cámaras de diputados y senadores, podrían aprobar cuando inicie sus tareas en septiembre.
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS
1.- La iniciativa advierte que tiene por objeto modificar el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, con lo que jurídicamente se les reconoce una mejor situación que la de ser sujetos de interés público.
Un avance sustantivo de esta reforma en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas es el establecimiento, en el artículo 2o. constitucinal, de entre otros derechos, el de ser consultados sobre las medidas administrativas o legislativas que impacten significativamente en su vida o entorno; a recibir los beneficios en los que los particulares obtengan algún lucro por actos administrativos que se expidan a su favor, así como el derecho de las mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes a una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género; el derecho al respeto, desarrollo y establecimiento de sus sistemas normativos internos, sin que esto implique vulnerar otros derechos fundamentales.
ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
2.- En lo que se refiere a la atención médica integral, la iniciativa de López Obrador pretende reformar el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atención médica integral, universal y gratuita.
“Bajo la premisa de construir un país con bienestar, las acciones de este gobierno, en términos de salud, se han conducido con el firme compromiso de consolidar una transformación que cobije a la población y brinde la certeza jurídica de poder garantizar y hacer efectivo el derecho universal a la protección de la salud; de forma específica, a través de dotar de certeza y explicitar que el Estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita; incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios, para garantizar a todas las personas su derecho humano a la salud”, explica la iniciativa de reformas.
El Artículo 4º constitucional quedaría en los siguientes términos: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar este derecho. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general […]. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
SERVICIO FERROVIARIO DE PASAJEROS
3.- Otro Proyecto de Decreto propone reformas y adiciones el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir precisiones con respecto al servicio ferroviario de pasajeros.
Dice el documento: “La presente iniciativa propone establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recuperar la relevancia del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, con el objeto de generar bienestar social en el país, a través de la creación de fuentes de empleo y la mejora de la movilidad de las personas, contribuyendo a descongestionar carreteras y vías internas, así como brindar servicios de transporte férreo al alcance de la ciudadanía y resguardando los intereses de la Nación”.
Agrega que “el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. Los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. En cualquier caso, se dará preferencia al servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en términos de lo que determine la legislación aplicable”
DERECHO A LA VIVIENDA
4.- También propone el Presidente López Obrador reformas y adiciones al Artículo 123 de la Constitución, para la creación de un Sistema de Vivienda para todas las personas trabajadoras.
El referido artículo quedaría en los siguientes términos: “El derecho a la vivienda social como un derecho de la clase trabajadora. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras”.
Explica la iniciativa que “el fondo a que hace referencia el párrafo anterior establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley”.
Se establece también que “las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el fondo, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras. Después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley”.
Advierte la iniciativa que “en cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho”.
PROTECCIÓN A LA SALUD
5.- Con respecto al problema del consumo de drogas sintéticas, otra de las iniciativas del Presidente propone reformas a los artículos 4o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Protección a la Salud por el uso de Sustancias Tóxicas.
En el documento se explica que la “iniciativa tiene por objeto garantizar, por parte del Estado, el cumplimiento efectivo del derecho a la salud, para lo cual se propone prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.
SIMPLIFICACIÓN ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA
6.- El Presidente López Obrador también envió una iniciativa de reformas que involucran a prácticamente todas las dependencias del gobierno, pues pretende la Simplificación Orgánica y Administrativa, de la Administración Pública Federal. En la Exposición de Motivos de la iniciativa se explica que “tiene por objeto racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente. Se propone la fusión, integración o extinción de 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, o unidades administrativas, y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado.
