Entre las decenas de omisiones que la Procuraduría General de Justicia en la capital del país no ha aclarado en un año están el investigar cómo los tres detenidos sometieron, torturaron y asesinaron a cinco personas en alrededor de 43 minutos; tampoco se ha encontrado el arma calibre nueve milímetros –de uso exclusivo del Ejército Mexicano– con el que se cometieron los asesinatos de un hombre y cuatro mujeres, y de acuerdo con el abogado del caso y las familias de las víctimas no se les ha permitido el acceso a más horas de grabación de los videos de seguridad que captaron la salida de los tres presuntos y en los que se podría observar, dicen, si antes entraron o no más sujetos en el edificio donde se cometió el multihomicidio.
Ciudad de México, 31 de julio de 2016 (SinEmbargo).– Hace casi un año que los representantes de dos de las familias afectadas por el multihomicidio registrado en la colonia Narvarte solicitaron por escrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal profundizar, entre otras líneas de investigación, en la relación que el ex policía preventivo Abraham Torres Tranquilino tenía con la víctima identificada como Mile Virginia Martin, de 31 años y nacionalidad colombiana.
Fue este ex agente ya detenido quien desde sus declaraciones iniciales proporcionó la dirección de un departamento ubicado en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en el que habría convivido con la joven meses antes del crimen y quien, por este vínculo –también acreditado con el registro de llamadas entre ambos–, generó la única línea de investigación que ha seguido la Procuraduría hasta este momento.
Y fue en este departamento de la Colonia del Valle, también, donde se generó la demanda por despojo interpuesta por Mile Virginia Martin el 22 de julio de 2015, pocos días antes de su muerte.
Por eso, a través de una solicitud entregada por escrito desde el 17 de agosto de 2015, los abogados de las familias de la antropóloga y activista Nadia Dominique Vera Pérez y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril pidieron conocer, entre otros elementos, si los agentes de la Policía Investigadora de la Ciudad de México “se entrevistaron con las anteriores inquilinas que cohabitaban en diverso departamento con Mile Virginia Martin, así como a la anterior arrendadora”.
De acuerdo con Karla Micheel Salas, coadyuvante de la familia Vera Pérez en la indagatoria, esta diligencia sobre el departamento de la Colonia del Valle es importante porque “se sabe muy poco” sobre el probable vínculo entre Abraham Torres Tranquilino y Mile Virginia Martin; liga que a su vez sostiene parte de las acusaciones contra los otros dos detenidos.
La respuesta entregada por la Procuraduría diez meses después, sin embargo, fue que la dueña del departamento y el resto de los inquilinos “no fueron localizados”.
El edificio de la Colonia del Valle donde Martin denunció el despojo está ubicado en la calle Adolfo Prieto 1345, casi esquina con calle Pilares. Ahí, este medio recopiló información que indica que la víctima de nacionalidad colombiana –reconocida como Nicole– empezó a frecuentar el departamento 501 como visitante y que, en noviembre de 2014, cuando el inquilino que frecuentaba se fue, se quedó como ocupante junto con otras cinco o seis personas, entre ellas Abraham Torres Tranquilino, que pasaba ahí varios días a la semana y que se identificaba como su hermano.
Tanto “Nicole” como Torres Tranquilino llegaron a este departamento a través de otro particular que ocasionalmente se dedicaba a la música tropical y que dejó de pagar la renta en diciembre de 2014 –al mes de marcharse–, por lo que, a inicios de marzo de 2015, los propietarios dieron la orden de que una compañía de mudanza sacara los muebles y que los dejara en el estacionamiento del edificio.
Horas después del desalojo, alrededor de las una de la madrugada, Mile Virginia Martin llegó con otra persona que también frecuentaba el lugar, a quien conocían como “La Licenciada”, y de entre el mobiliario desalojado y cubierto sólo con sábanas sacaron dos maletas y una caja de cartón.
De acuerdo con la versión obtenida por SinEmbargo, Daniel Gutiérrez Pacheco, primer detenido como probable responsable del crimen múltiple, era otra de las personas que visitaba el departamento en la Colonia del Valle. El vehículo Mustang color rojo captado en el exterior del edificio de la Narvarte el día del crimen fue también observado semanas antes estacionado en el edificio de la calle Adolfo Prieto.
La fuente consultada, y que pidió no ser identificada, dijo que en el año transcurrido desde el homicidio de Martin y de otras cuatro personas en la colonia contigua no ha sido entrevistada por autoridad alguna.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de la organización Artículo 19 y coadyuvante de la familia Espinosa Becerril en la indagatoria, agregó que los datos no obran en la averiguación previa.
NO SIGUE PGJDF NI SU ÚNICA LÍNEA
El 31 de julio de 2015, entre las 2:13 y las 3:02 de la tarde, cinco personas fueron asesinadas en el interior de un departamento ubicado en la colonia Narvarte, considerada zona de alta calidad de vida en la Ciudad de México.
Horas después, al llegar de su trabajo en una dependencia del Gobierno federal, una de las residentes encontró los cuerpos de sus tres compañeras de casa: Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, de 18 años y, en la misma habitación, a Mile Virginia Martin; Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años, yacía en su cuarto, donde también quedó el cadáver del amigo que la visitaba esa noche, el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, de 31 y colaborador de la revista Proceso. En el baño fue encontrado el cuerpo de Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años y que trabajaba en el lugar como empleada doméstica.
Tanto Nadia Vera como Rubén Espinosa habían llegado a la Ciudad de México en 2015 escapando de un entorno de agresiones y amenazas recibidas en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, que en entrevistas con diversos medios de comunicación atribuyeron a empleados del Gobierno de aquel Estado.
Nadia Vera, que había formado parte del movimiento 132 y de la Asamblea Estudiantil de Xalapa, había sufrido además un allanamiento y una violenta detención en 2012. Espinosa, por su parte, reiteradamente denunció haber observado vigilancia por parte de personas que consideraba agentes del Gobierno y similares a los que, como denunciaron sus compañeros reporteros, les tomaban fotografías en las manifestaciones de descontento social que cubrían.
En Veracruz, además, se han registrado unos 19 asesinatos de comunicadores tan sólo en los últimos seis años, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, lo que convierte a ese estado en el más peligroso para ejercer el periodismo en México; país que a su vez es uno de los peor calificados del mundo en materia de libertad de expresión.
Desde un inicio, sin embargo, todos estos antecedentes fueron desestimados por la Procuraduría capitalina y, de acuerdo con los abogados coadyuvantes, sólo incluidos en la indagatoria a través de sus gestiones.
La investigación presentó también desde un inicio una fractura a la cadena de custodia que implicó, dos días después de la primera inspección ministerial en la escena del crimen, la aparición en el expediente de objetos que no habían sido reportados inicialmente. Entre ellos, de acuerdo con lo que han denunciado los abogados coadyuvantes, documentos que vincularon a Mile Virginia Martin con el vehículo Mustang rojo utilizado por los presuntos responsables, teléfonos, computadoras y pequeñas bolsas de droga, todo lo cual cerró la investigación alrededor de la víctima de nacionalidad colombiana.
Un año después, sin embargo, la lista de elementos que se desconocen sobre el entorno de Mile Virginia Martin –y que, de acuerdo con los abogados y familiares entrevistados, es importante conocer el motivo de los asesinatos– es casi la misma que hace un año.
La PGJDF, por ejemplo, no sólo no ha podido localizar al resto de los inquilinos del departamento de la Colonia del Valle ni agregado al expediente la información sobre lo que ahí podría estar ocurriendo. Tampoco, de acuerdo con la respuesta oficial entregada por la PGJDF a las familias el pasado 2 de junio, han podido localizar al representante legal de la empresa MS Model Managment y que fue quien firmó la carta de representación para que Martin entrara a México, debido “no se le encontró en los domicilios referidos”.
Sobre la persona que invitó a Martin a vivir al departamento de la calle Adolfo Prieto, una búsqueda hecha en Google por este medio periodístico arrojó un video en el que se aprecia a un cantante en un concurso televisivo y cuyo nombre coincide con el del contenido en el expediente judicial. Respecto a él, sin embargo, la Procuraduría respondió a la solicitud de información de los coadyuvantes que “no se cuenta con el nombre completo y no hubo resultado en las fuentes de información de la Policía de Investigación”.
¿NO HAY CRIMEN ORGANIZADO?
Entre las diligencias omitidas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México está incluso la de entrevistar a todos los vecinos del edificio de la colonia Narvarte en el que se registró el crimen, en la calle Luz Saviñón 1909.
El motivo para no hacerlas, de acuerdo con la respuesta entregada por la Procuraduría a los coadyuvantes y las familias, es que esas entrevistas no fueron consideradas “determinantes en las circunstancias materia de tres consignaciones y, por lo que hace al presente desglose, no son idóneas y pertinentes para con ello poder acreditar la identidad y participación de otro u otros probables responsables”.
Y como en este caso, dice Maldonado, la PGJDF ha limitado sus actuaciones a sólo tratar de probar la responsabilidad de las tres personas ya detenidas pero sin atar varios cabos sueltos y necesarios para aclarar lo que, insisten el abogado y los familiares, es una de las dudas más importantes que debe resolver el proceso penal: ¿qué motivó el crimen?
“Ya el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que no tiene datos de Mile Virginia; el tema de que recogía droga en el Aeropuerto (versión también declarada por Abraham Torres Tranquilino) ya fue descartado; eso es muy importante porque, si no fue la droga, ¿qué fue?”, plantea Maldonado.
“Tampoco hay rastros de Mile en la Procuraduría General de la República ni en la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada); hemos solicitado registros previos a nivel federal, y no hay un sólo registro de ella o ninguna referencia, y para nosotros es muy importante esto porque descarta la hipótesis de la droga, o por lo menos no fortalece esa hipótesis y nos lleva a que tengan que indagar sobre otras bases. Una de esas bases es lo que comentaba: ¿por qué fue que entró al país a través de una empresa que no existe, a través de una persona cuyos registros no se localizan?”, cuestiona.
En opinión del abogado, una de las omisiones más preocupantes en el trabajo de la Procuraduría es la negativa a investigar la participación de más personas y que está acreditada, entre otros elementos, dice, con la existencia de una pisada de sangre que no corresponde ni con las víctimas ni con los tres detenidos. También, agrega Maldonado, con el registro de unas 16 llamadas a un número de la Ciudad de Chihuahua hechas ese día por Torres Tranquilino; seis de ellas, dice el coadyuvante, entre las dos y las tres de la tarde, que es el momento en el que se registró el crimen.
Tampoco se ha aclarado, agrega, cómo los tres detenidos sometieron, torturaron y asesinaron a cinco personas en alrededor de 43 minutos; no se ha encontrado el arma calibre nueve milímetros –de uso exclusivo del Ejército Mexicano– con el que se cometieron los asesinatos, ni se les ha permitido acceso a más horas de grabación de los videos de seguridad que captaron la salida de los tres presuntos y en los que se podría observar, dice el abogado, si antes entraron o no más sujetos en el edificio.
“Tenemos claro que se trató de una ejecución planeada, orquestada previamente, pero la Procuraduría no ha querido aceptar eso; simplemente dicen que no fue una ejecución sino un ‘crimen violento con arma de fuego’, pero no dicen por qué”, explica Maldonado.
“(Una ejecución) implica más planeación, más sujetos; implica que estén más relacionados con los hechos, e implica, otra vez, llegar al móvil, cuál fue el móvil en ese caso. Para nosotros es muy importante esa parte; sin embargo, sistemáticamente la Procuraduría se ha negado a esclarecer el móvil y a determinar si hay más sujetos que participaron. Eso nos parece sumamente preocupante”, dice.
La negativa de la Procuraduría para tratar de establecer el motivo por el que se cometió el crimen fue asentada incluso por escrito en la respuesta entregada a las familias el pasado 2 de junio: “Esta autoridad investigadora, en estricto apego a la legalidad, debe considerar el despliegue de una investigación con el objeto de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad (…) sin que para determinar el ejercicio de la acción penal en contra de los probables responsables se tenga que establecer el móvil del hecho”.
Para Maldonado, sin embargo, esta respuesta denota la limitada idea que la Procuraduría capitalina tiene sobre el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. “Otra vez, la Procuraduría está entendiendo su labor nada más en términos estrictamente legales, no más allá, a lo que implica una investigación para dar certeza a las víctimas de esclarecer los hechos”, dice.
Uno de los probables motivos por los que las autoridades no quieran profundizar en la investigación, estima el entrevistado, es que las dos principales líneas apuntan a la actuación del crimen organizado; problemática que la administración capitalina ha insistido en que no existe en la Ciudad de México.
“Para nosotros, cualquiera de las dos líneas, derivadas del modo en el que se cometió el crimen, es que es gente profesional, y las líneas de Veracruz o la de la trata de personas (alrededor del entorno de Martin), nos llevan por el carril del crimen organizado”, dice.
La Procuraduría capitalina declinó proporcionar a este medio alguna entrevista relacionada con el caso.
CIUDAD “REFUGIO”
Las omisiones en la investigación del crimen registrado en la colonia Narvarte de esta capital contrastan con los ofrecimientos de “llegar a las últimas consecuencias” hechos por Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y auto-declarado aspirante presidencial en 2018.
Todavía este mes, en entrevista con SinEmbargo, el funcionario dijo que ninguna línea estaba cerrada sino hasta que se agotara “estrictamente con todo lo que están pidiendo la coadyuvancia” y las víctimas.
“El compromiso que hice con ellos es agotar esas líneas y esas diligencias que ellos consideran que son indispensables. Habiendo agotadas esas diligencias, revisaremos qué falta, qué más hay. Cuerda separada, línea paralela, se estará llevando hasta las instancias de la sentencia a las personas que están siendo actualmente procesadas”, aseguró Mancera.
En la misma entrevista, publicada por este medio el pasado 18 de julio, Mancera agregó incluso que “la esencia” de la Ciudad de México sigue siendo la de ser un refugio ante la persecución que sufren los comunicadores en México.
“Hemos ya puesto el refugio. Echamos a andar el sistema de protección. Somos de las entidades en donde más vienen a refugiarse quienes, en el ejercicio del periodismo, pueden estar siendo objeto de alguna persecución, la que fuere, de la naturaleza que fuere. Entonces, yo creo que esta esencia la sigue tendiendo la Ciudad de México”, dijo Mancera al periodista Alejandro Páez Varela.
“Esto es lo que tenemos como instrucción. Es lo que queremos y es el mensaje que queremos darle a todos los que ejercen el periodismo”, agregó.
Un año después del crimen, sin embargo, y al ver que la Procuraduría capitalina no ha robustecido ni aun la única tesis que ha mantenido en la indagatoria, la principal preocupación de las familias es que los tres detenidos por el crimen queden en poco tiempo libres por falta de pruebas.
La defensa del imputado César Omar Martínez Zendejas, por ejemplo, informó Maldonado, presentó recientemente un dictamen pericial que contradice varias de las afirmaciones que lo implican en el crimen.
Por eso, dice Patricia Espinosa Becerril, es necesario que se fortalezcan todas las pruebas para que haya un juicio que satisfaga a todas las partes.
“Eso es algo que nos preocupa, porque no nos convencen en realidad con las pruebas que tienen; no quieren investigar otros elementos y, ¿cómo es posible, que a estas alturas, todas las líneas de investigación supuestamente sigan abiertas?”, dice Espinosa, hermana del periodista asesinado.
“Y nosotros no hemos visto que la línea de investigación del trabajo de Rubén se esté tomando en cuenta; tampoco decimos que es una cuestión por su trabajo o que nos aferremos a que esto viene de Veracruz, no, pero que se nos demuestre que, efectivamente, no viene de Veracruz, y que las pruebas que tienen sí son efectivas como para ejercer un proceso penal”, agrega.
