Con 72 asesinatos, 13 desapariciones y 40 ataques a medios de comunicación, el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en uno de los más violentos para el periodismo mexicano, según organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras.
Aun cuando hubo tentativas para proteger a los comunicadores, las agresiones persistieron e incluso se incrementaron en la administración que está por concluir el 1 de diciembre. En estos momentos, no sólo los periodistas son amenazados, secuestrados o acosados en lo individual; los atentados alcanzaron los edificios de las empresas periodísticas con bombas e intimidaciones escritas.
Darío Ramírez, director para México de la organización Artículo 19, aclara que si bien el asesinato y la desaparición son los sucesos más recurrentes y graves, no hay que olvidar que los hostigamientos, amenazas, detenciones arbitrarias y violencia física han ido en aumento, lo que ha inhibido el ejercicio independiente y crítico del periodismo.
El domingo 29 de julio ocurrió un ataque contra el diario El Norte -el tercero en menos de 20 días- durante el cual, un grupo de encapuchados roció con gasolina las oficinas, lo que provocó un incendio. Este atentado se suma a la lista de ataques contra los medios y periodistas, de los que más del 80 por ciento no han sido aclarado por las autoridades.
“Los ataques que ha sufrido Grupo Reforma en su periódico El Norte en los últimos 19 días muestran a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno como espectadores; es decir, ya podrían haber tomado o implementado las medidas que le dieran la seguridad al diario para seguir haciendo su labor, pero sin duda ese papel de espectadores que tienen los diferentes autoridades ante los ataques son señales de aliento a los perpetradores, porque al final, en 19 días, ninguno de los responsables de atacar un medio de comunicación ha sido traído a la justicia”, expone Darío Ramírez.
Abunda en que se trata de una señal de aliento para quienes perpetran este tipo de acciones. “La señal de seguridad que mejor podrían dar, no es poner un convoy de militares en la puerta del periódico El Norte, sino sería agarrar a los causantes que están cometiendo estos actos y dando una sentencia y castigo ejemplar”.
MAYOR INCIDENCIA BAJO EL GOBIERNO DEL PRI
El saldo de muertes y desapariciones de profesionales de la información que deja la administración de Calderón es más grave en Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como en Michoacán, donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cuestionado por si la violencia para los periodistas y medios se agudizará en caso de que el candidato del tricolor, virtual ganador de las elecciones del 1 de julio, Enrique Peña Nieto, tome posesión como Presidente de México, Darío Ramírez hace hincapié que los estados más peligrosos para la prensa son gobernados por el PRI. “Si tomamos como hipótesis que esos contextos estatales de un alto grado de violencia contra la prensa se van a replicar en la Presidencia de la República todos esperaríamos a que los niveles de violencia se mantengan o se agraven. La verdad es que habrá que esperar también para ver cuáles son las políticas y qué tipo de respuestas da el nuevo gobierno hacia este fenómeno que sinceramente no es nuevo”.
LA CONTRADICCIÓN
Desde que Calderón declaró un “embate” contra el crimen organizado en diciembre del 2006, la agresión contra periodistas fue en aumento. Los ataques a las instalaciones de los medios informativos se hicieron más evidentes y en menos de un año, ocho periodistas murieron asesinados en Veracruz.
Se volvió lugar común responsabilizar al “crimen organizado”, si el móvil de las acciones en contra de reporteros. “Desde el sexenio de Calderón, la respuesta que han dado varios funcionarios en relación a la violencia contra la prensa es que el principal perpetrador es el narcotráfico o el crimen organizado. Cuando dicen esto, lo dicen en un tono como si eso justificara su inacción y éste no es el principal responsable, pero si sí lo fuese, pues lo que se estaría esperando es que evidentemente hagan algo contra el que sea y en este sentido me parece que la incapacidad de los diferentes mandatos se debe a una comodidad de no tener una prensa crítica contra las autoridades de la diferentes ordenes de gobierno”, puntualiza Darío Ramírez.
Una vez crispada la violencia en contra de los profesionales de la información, así como de sus medios, dos diarios mexicanos expusieron en sus editoriales su posición. “El Mañana” de Nuevo Laredo informó que dejaría de publicar “hechos violentos” después de ser atacado con un artefacto explosivo:
“Ante la lealtad que debemos a nuestros lectores, declaramos ante ellos que El Mañana es un instrumento para libertad y la democracia, por tanto no está hecho para la mezquindad de ningún grupo de poder fáctico o delictivo que así lo pretenda. Por ello, este periódico apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país”, publicó la mañana del 10 de julio de 2012.
A su vez, El Diario de Juárez publicó una carta dirigida a los grupos criminales que se disputaban la plaza de Cuidad Juárez y que la convirtieron en una de las ciudades más violentas del país. La carta titulada “¿Qué quieren de nosotros?” daba a conocer la impotencia por los asesinatos a colaboradores de ese diario. La dirección del periódico pedía claridad en lo que debía publicarse o no, y reconocía a los cárteles como gobernantes de facto:
“Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias. Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”, publicó El Diario de Juárez el 19 de septiembre de 2010.
¿QUÉ PASARÁ?
Darío Ramírez concluye que “para generar un cambio profundo tienen que suceder dos cosas. Primero que el gremio periodístico tenga acercamientos solidarios fuertes y que la competencia editorial y productiva no se antepongan ante la capacidad de los medios de exigir cuentas a las autoridades.
El gran ausente en todo este desarrollo o degradación del ejercicio de la libertad de expresión en México, son los mismos medios; es decir, ellos sí podrían elevar la presión a las autoridades de Veracruz que llevan nueve asesinatos en un año o las tres agresiones a El Norte en 19 días; es decir, la prensa debería ejercer ese nivel de presión a las autoridades para buscar soluciones, según Ramírez.
“No sucede y mientras no suceda hay voces como Articulo 19 y otras organizaciones pero que no tenemos la suficiente presencia pública para buscar esta reacción y al mismo tiempo ese refundar el periodismo con una visión independiente, una visión crítica y que a lo largo de esa nueva perspectiva la sociedad se vaya sintiendo más cercana a la prensa, que reproduce sus intereses, que le ayuda a tomar decisiones y conceptos más profundos en un desarrollo de la misma democracia mexicana”.
