Las elecciones del domingo 2 de junio del 2024, en lo que corresponde al financiamiento de los organismos electorales federal y estatales, y de los partidos políticos, tanto en los ámbitos federal como estatal, le costarán a los mexicanos la fabulosa cantidad de 69 mil 128 millones de pesos. Un presupuesto que por mucho supera el gasto anual de algunos estados como Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- En las elecciones de este domingo 2 de junio del 2024 habrá tres autoridades clave que tratarán de darle certeza a la jornada.
La autoridad administrativa, representada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Institutos electorales de las 32 entidades federativas del país.
La autoridad jurisdiccional, la que aplica e interpreta la ley e imparte justicia en la materia, representada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la autoridad procuradora de justicia en materia electoral: la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, tanto en el ámbito federal como en los 32 estados del país.
A la cabeza de las autoridades administrativas en materia electoral estará el INE, como órgano rector superior que regulará de manera directa las contiendas para presidente de la República, diputados federales y senadores. Mientras que las 32 instancias estatales, los Organismos Públicos Locales, normarán las elecciones de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y de gobernadores en ocho entidades federativas más. Además, los organismos Públicos Locales atenderán, en su caso, los comicios para diputados locales y presidentes municipales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, cuya función primordial es resolver las controversias e impugnaciones electorales, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia. La Sala Superior es la última y la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidatos, partidos y demás actores políticos. La integran siete magistrados electorales y tiene su sede en Ciudad de México.
Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral es única instancia resuelve los medios de impugnación relacionados con la elección presidencial y de gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, así como con las elecciones federales de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional.
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral se encarga de realizar el cómputo final de la elección presidencial de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto al respecto y en su caso, formula la declaración de validez de la elección presidencial y también la declaración de presidenta o presidente electo.
El Tribunal Electoral cuenta también con una Sala Regional Especializada, encargada de resolver los procedimientos sancionadores relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos, la aplicación imparcial de recursos públicos, la propaganda de entes públicos, propaganda electoral, así como actos anticipados de precampaña y campaña. Su actual presidente es el magistrado Luis Espíndola Morales.
Existen cinco salas regionales del Tribunal Electoral en las Cinco Circunscripciones Electorales en las que está dividido el país. La Sala Regional Guadalajara corresponde a la Primera Circunscripción Electoral, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En la actualidad el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera es el presidente de esta Sala.
La Sala Regional Monterrey es responsable de impartir justicia electoral en la Segunda Circunscripción Electoral, la cual comprende los estados de: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La Sala ofrece la modalidad de audiencias virtuales para facilitar a la ciudadanía el acercamiento con las magistraturas que la integran. Asimismo, cuenta con un Centro de Documentación para servicio del público en general. Actualmente la magistrada Claudia Valle Aguilasocho es la Presidenta de esta Sala.
La Sala Regional Xalapa corresponde a la Tercera Circunscripción Electoral, que abarca los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta Sala conoce y resuelve la gran mayoría de los asuntos relacionados con las elecciones en pueblos y comunidades indígenas; por ello, posee el Centro de Documentación más especializado en materia de indigenismo y multiculturalidad. Actualmente, la preside la magistrada Eva Barrientos Zepeda.
La Sala Regional Ciudad de México atiende cuestiones de constitucionalidad y legalidad en las elecciones de ayuntamientos, congresos locales y alcaldías en las entidades que componen la Cuarta Circunscripción Plurinominal: Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, salvo cuando haya alguna cuestión de inconstitucionalidad que pueda ser revisada por la Sala Superior. La magistrada María G. Silva Rojas preside la Sala Regional Ciudad de México.
En tanto que la Sala Regional Toluca ejerce su competencia en la Quinta Circunscripción Electoral, que incluye los estados de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. La preside el magistrado Alejandro David Avante Juárez.
En cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, hay 32 órganos estatales electorales, que son organismos públicos, autónomos, de carácter permanente, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan los partidos políticos, los ciudadanos, son autoridades en la materia electoral, independientes en sus decisiones y funcionamiento. Son responsables de la organización y desarrollo de las elecciones de gubernadores, diputados locales y ayuntamientos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), anteriormente conocida como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), fue creada el 19 de julio de 1994 adscrita a la Procuraduría General de la República. Es la encargada de investigar y perseguir los delitos electorales establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal referido a este tema.
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales busca garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia, contribuyendo a la legalidad en los procesos electorales en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En cada una de las 32 entidades federativas del país hay también una fiscalía especializada en materia de delitos electorales, que atiende los delitos que se cometen vinculados a los procesos electorales estatales.
Las elecciones del domingo 2 de junio del 2024, en lo que corresponde al financiamiento de los organismos electorales federal y estatales, y de los partidos políticos, tanto en los ámbitos federal como estatal, le costarán a los mexicanos la fabulosa cantidad de 69 mil 128 millones de pesos. Un presupuesto que por mucho supera el gasto anual de algunos estados como Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes.
