El Senado dejó pendientes las designaciones de dos magistrados de la Sala Superior —que quedaron vacantes tras la salida de José Luis Vargas e Indalfer Infante—, instancia que tendrá que calificar la elección, para lo cual tendrá que recurrir a la designación de un Magistrado proveniente de las salas regionales.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llega incompleto por primera vez en su historia a una elección presidencial, ante la cual tendrá la última voz, y en medio de disputas en su interior que lo han llevado a tener cinco magistrados presidentes en los últimos cinco años, dos de ellos, de hecho, han dejado la presidencia en medio de señalamientos de sus propios compañeros por malos manejos como fue el caso de José Luis Vargas, cuyo mandato concluyó en octubre pasado, y el de Reyes Rodríguez Mondragón.
La Sala Superior del Tribunal Electoral, que actualmente preside la Magistrada Mónica Soto, tendrá a más tardar hasta el 6 de septiembre para realizar el cómputo final de la votación y proceder así a la declaración de validez de la elección de la próxima Presidenta o Presidente de México. La Ley orgánica que rige al Poder Judicial de la Federación estipula que para la calificación de los comicios presidenciales se necesitan al menos seis magistrados; el Tribunal actualmente sólo tiene cinco magistrados debido a que el Senado cerró sesiones hace un mes sin haber nombrado a los dos integrantes que hacen falta.
La propia Ley contempla soluciones frente a estos escenarios. Por ejemplo, prevé que ante una ausencia definitiva la Sala Superior designe a un Magistrado o Magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad. Además indica que en caso de que hubiera un empate al momento de votar la validez de la elección, será la Magistrada presidenta Mónica Soto, quien tendrá el voto de calidad. La Magistrada Soto ha dicho que esta será la ruta a tomar, por lo mismo ha dado a conocer que entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre próximo, esa institución definirá quien será el sexto magistrado que se integrará a la Sala Superior para cumplir con el número de magistrados necesarios para declarar la validez de la elección.
El exconsejero electoral de la Ciudad de México, Eduardo Huchim, expuso que aún cuando existe la vía de recurrir a magistrados de las salas regionales, lo cierto es que la Ley señala que sólo es ante vacancias definitivas, un supuesto que para él no aplica en este caso. ”¿Por qué digo que no es definitiva? Porque el Senado puede nombrar en cualquier momento a los magistrados faltantes. No es el caso, pero la Sala Superior tiene que cubrir ese vacío legal, no puede dejar de hacer la calificación de la elección presidencial”.
“Esta es la situación, que tiene que llamar a uno o dos magistrados de salas regionales, con el criterio de mayor antigüedad en el tribunal y en caso de empate con el criterio de la edad. De esa suerte hay cinco candidatos: Gabriela Eugenia del Valle Pérez, de Guadalajara; Claudia Valle Aguilasocho, de Monterrey; Enrique Figueroa Ávila, de Jalapa; María Guadalupe Silva Rojas, de la Ciudad de México, y Alejandro David Avante Juárez, de Toluca. La Sala Superior debe designar de estos magistrados regionales. Si se usara el criterio de la antigüedad sería Gabriela Eugenia del Valle Pérez”, señaló.
No obstante, diversas voces han advertido sobre los riesgos que implica que este poder esté incompleto. “Por primera vez en la historia democrática de México, vamos a llegar con un Tribunal Electoral desintegrado. Y esto es, sinceramente, muy grave. El problema no es si tenemos suficientes recursos o personas para resolver los asuntos. Claro que los tenemos, tanto a nivel local como a nivel federal. Ese no es el problema, en absoluto. El problema es que si está desintegrada la Sala Superior y están desintegrados las regionales y los locales, es porque un Poder de Estado decidió violar de manera descarada la Constitución polítida y no asumir su responsabilidad de nombrar a las y los magistrados electorales”, sostuvo hace unas semanas la Magistrada Janine Otálora Malassis en un foro realizado por el Institituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Mientras que Jorge Aljovín, analista y especialista en derecho electoral, advirtió sobre el riesgo de que un Tribunal “incompleto y fracturado, precedido por luchas de poder entre las propias magistraturas y la falta de acuerdo políticos para su designación por parte de los legisladores, en especial en la Cámara de Senadores” califique una elección presidencial. “Esto puede dar lugar a una narrativa de falta de legitimidad y fraude electoral ante un resultado cerrado, porque si bien se establece un mecanismo para cubrir las vacantes, se tratará de magistraturas de salas regionales que no fueron elegidas para ello, por lo que la inexperiencia puede pasar la cuenta”.
“Yo veo que si entre la candidata ganadora y la que tiene el segundo lugar hay una distancia amplia de más de 10 puntos porcentuales, yo creo que sería solamente el deseo de ensombrecer la elección que se presente una demanda de nulidad. Pero si la elección es por una distancia de pocos puntos porcentuales ahí sí vendrá un problema para el propio Tribunal, un Tribunal incompleto”, coincidió al respecto Huchim.
El Observatorio de Designaciones, impulsado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, señala cómo el Senado dejó pendientes las designaciones de dos magistrados de la Sala Superior —que quedaron vacantes tras la salida de José Luis Vargas e Indalfer Infante— así como otros 48 pendientes en tribunales estatales electorales y salas regionales y especializadas del Tribunal Electoral.
“Esta situación nos parece preocupante, es la primera vez que registramos estas situaciones, nosotros ya lo calificamos como una decisión deliberada por parte del Senado, por el tiempo, por los argumentos y por la poca seriedad que le han dado a estos procesos y más, digamos, estas instituciones en estas elecciones que vamos a tener el domingo próximo”, expresó en entrevista Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas. “Lo que nos preocupa es que toda la condición de los conflictos, incluso la validez de la elección, se vaya complejizando y nos plantea como un escenario de debilitamiento institucional porque no están completos los órganos”.
El Observatorio señaló que ellos tienen registrados 42 vacantes en los tribunales estatales, además de una magistratura faltante en cada una de las cinco salas regionales, más una en la Sala Especializada y las dos de la Sala Superior. “En todos los estados, excepto Tamaulipas, hay vacantes, en total son 126 magistraturas de todos los estados, digamos de las 32 entidades federativas, y todos los estados, a excepción en Tamaulipas, está incompleto, estamos hablando de que esas 42 vacantes son más o menos del 33 por ciento, esto con datos aproximados”.
A eso se suma otro factor que ha traído inestabilidad a este Tribunal. Sus pugnas internas, la más recientes de las cuales se dio en diciembre pasado cuando Reyes Rodríguez Mondragón dejó la presidencia del TEPJF tras una fuerte presión ejercida por los otros magistrados Mónica Soto Fragoso, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, quien denunció que en su gestión hubo injerencia de despachos de abogados en la vida interna del Tribunal.
Este episodio mostró, como ningún otro, la división en este Tribunal. Reyes Rodríguez Mondragón había asumido de manera plena el 2 de septiembre de 2021 luego de que Jose Luis Vargas dejara la presidencia en medio de fuertes señalamientos de corrupción y una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por enriquecimiento ilícito. Los demás magistrados incluso acusaron a Vargas de “abuso” de poder, quien por lo mismo dejó la presidencia el 5 de agosto de ese año para ser sustituido de manera interina y por unos días por Reyes Rodríguez y posteriormente por Felipe Fuentes a quien sucedió, ya de manera plena, nuevamente Reyes Rodríguez, quien, se pensó, sería el que presidiría el Tribunal en el proceso electoral. No obstante, como Vargas los señalamientos por malos manejos lo llevaron a dejar la presidencia.
Al igual que Jose Luis Vargas, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón trató de minimizar los señalamientos en su contra de permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna del Tribunal Electoral. La tensión aumentó cuando los magistrados Mónica Soto Fragoso, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña no acudieron a su informe de labores, un desaire que incluso llevó a que la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, le escribiera para que, él y los otros “magistrados rebeldes”, desistieran de su intento de quitar de la presidencia de ese Tribunal a Reyes Rodríguez Mondragón, un personaje que trabajó en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, como reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio.
“Ojo, si tengo que salir a decir lo que pienso lo haré. A estas alturas de mi vida lo único que me interesa es la tranquilidad de mi consciencia. Y voy con todo!!!”, escribió Piña a Fuentes Barrera para presionar la permanencia de Rodríguez Mondragón. “Tus compañeritos tienen mucha cola que les pisen. Si se enfrentan van a salir muchas cosas. No conviene”, amagó en otros mensajes que escribió entre el 4 y el 11 de diciembre, cuando el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aceptó presentar su renuncia como presidente del Tribunal Electoral, una posición que ahora tiene Mónica Soto.
La Magistrada Mónica Soto ha sostenido que el Tribunal Electoral está listo para recibir todos los medios de impugnación que se presenten, “así como lo hemos hecho en todo este proceso electoral y posterior a la jornada electoral”. “Somos la última instancia en este país (que valida las elecciones) y el Tribunal no se va a involucrar en las campañas electorales, porque su función es proteger el ejercicio pleno de los derechos de todos”.
Ayer dos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvieron lo mismo. El Consejero Arturo Castillo aseguró que la Ley prevé la solución ante esta situación y confió en que la Sala Superior contará con las competencias y el conocimiento necesario para declarar, en su caso, la validez de la elección. “Efectivamente se deberán designar a una o dos magistraturas de las salas regionales. Estas personas son profundamente competentes, al igual que todos los integrantes de las salas del Tribunal Electoral. Han trabajado durante muchos años en esta materia. Confiamos en que, atendiendo a esta solución que da la propia ley, la Sala Superior tendrá todas las competencias y el conocimiento necesario para declarar, en su caso, la validez de la elección”, afirmó Castillo.
En ello coincidió la consejera Dania Paola Ravel, quien consideró que la calificación de la elección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está garantizada. “La legislación establece los mecanismos para que esto se pueda llevar a cabo e incluso en una condición extraordinaria como la que estamos viviendo, con una Sala Superior incompleta, respecto a las magistraturas que tienen, está perfectamente establecido que se puede llamar a una magistratura de la mayor antigüedad de la sala regional, entonces, ese mecanismo se tendrá que activar por parte de la sala superior ante este contexto”, precisó.
Para Eduardo Huchim se trata de un Tribunal inestable. “Todo comenzó cuando fue separada por presiones la Magistrada Janine Otálora Malassis, ahí comenzó el problema que luego fue sucedido por otro, luego por otro y luego por otra, el único que no ha sido presidente de los cinco magistrados actuales es Felipe de la Mata”.
“Hay dos bloques: de un lado están Janine Otálora y Rodríguez Mondragón y del otro lado están Mónica Soto, la presidenta y los dos felipes, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. En la práctica lo que yo veo es que estos dos magistrados del bloque mayoritario quieren el control del Tribunal y el dominio tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, de tal suerte que de un colectivo de siete está resultando en la práctica que las decisiones más importantes las tomas dos de un colectivo que debería ser de siete y que actualmente es de cinco”.
Jorge Aljovín expuso en ese sentido que “es un Tribunal fracturado e infectado por el germen de la lucha de poderes y egos. Hoy más que nunca se ha tenido un tribunal más de corte político que técnico y con peligrosos visos de pactos con las fuerzas políticas que quedaron claros con la rebelión en contra del ex magistrado Vargas, el zafarrancho por la salida de Reyes Rodríguez de la presidencia y finalmente con la filtración de mensajes de WhatsApp (de la Ministra Norma Piña)”.
“La integración de este Tribunal es la más atípica que ha existido de las tres integraciones que ha tenido este Tribunal, empezó en 1996 con una integración en la que se le podría referir así como puro magistrado de peso pesado, que venían del Poder Judicial, gente de mucho estudio, con una capacidad muy abierta para crear nuevas jurisprudencias, digamos, que es la época dorada del Tribunal, luego vienen las renovaciones que todos conocemos, a partir de 2003, que generaron las condiciones del 2012, un Tribunal que ya permitía que los partidos se metieran, prácticamente, hasta la cocina, había magistrados que venían súper recomendados de los partidos políticos y luego este último Tribunal que es la integración que sale a raíz de la Reforma Electoral de 2014, el pacto por México, aquí ya se descararon porque los partidos metieron justamente a sus mensajeros, o a sus representantes”, expuso Andrés García Repper, experto en derecho Electoral y Constitucional.
García Repper recordó el “caso ominoso” de Reyes Rodríguez Mondragón, “que venía de haber sido toda la vida secretario en particular del propio Roberto Gil, que fue el secretario técnico de la Comisión de Justicia en el Senado, cuando Roberto Gil era el presidente de la Comisión de Justicia y a él, a Reyes Rodríguez, le tocó integrar todos los expedientes, de todos los aspirantes a magistrados y ya que los integró le dijeron ‘tú también inscríbete, te vamos a hacer magistrado’ y llegó a la sala de Monterrey”.
En el caso de los magistrados que integran actualmente la Sala Superior indicó que empezaron a dejar de llevarse bien cuando resolvieron las impugnaciones en la elección de Puebla, en el 2018, en la que se confirmó el triunfo de la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, quien fallecería en diciembre de 2018.
“Ahí hay un primer rompimiento, se empiezan a delinear dos frentes de magistrados y luego empieza a ver muchos emblemáticos que en los que los magistrados empiezan a tomar partido, como cuando deciden meterse a conocer sobre actos legislativos, que normalmente no son electorales, hay pleitos en la presidencia, cambian como ya sabemos cinco veces de presidencia, y el Senado en esta moratoria constitucional que decide asumir desde que Andrés Manuel empieza a plantear, el plan A y el plan B, no hay negociación para renombrar a las dos vacantes, que son aquellas, justamente, que no fueron objeto de la prolongación del cargo y llegamos a este escenario, es inédito”, señaló.
Al respecto, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, indicó que la salida frente a este problema es que se aprueben las dos magistraturas vacantes de la Sala Superior en un periodo extraordinario, porque la Legislatura formalmente termina hasta el 31 de agosto, que, la nueva legislatura tome los dictámenes que hizo la pasada y sin cuestionarlos los someta al Pleno y la tercera, recurrir a las magistraturas estatales, por la que ha optado el propio Tribunal.
“Lo ideal es que ya se haga pero ya sabemos que hay algún sector aparentemente del bloque mayoritario, que está de acuerdo con esta situación irregular, insisto, debe corregirse, no es un asunto de simpatías, sino es un asunto de cumplir con lo que establece la Constitución”, puntualizó Huchim.
