Jorge Ordoñez es un padre que por tres años ha estado en busca de justicia para su hija, quien fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, se ha encontrado con obstáculos, negación y presunto encubrimiento por parte de la Iglesia.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo). – Jorge Ordoñez emprende desde hace tres años una de las batallas más complicadas: buscar justicia para su hija, quien cuando tenía 10 años fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Jorge Ordoñez, el padre de la menor, denunció en entrevista con SinEmbargo, que luego de acusar formalmente a un sacerdote que abusó de la pequeña en una reunión a la que acudió con su madre en el año 2020, hasta la fecha no solo ha encontrado falta de justicia, sino obstáculos, negación por parte de las autoridades, además del encubrimiento de la Iglesia.
Los obstáculos y la revictiminización es otro de los factores que destacó el hombre, pues narró que cuando acudieron a interponer la denuncia, inicialmente el Ministerio Público se resistió a la querella, pues alegó que la madre estuvo presente en la fiesta donde ocurrió la agresión y porque el sacerdote no había tocado las partes íntimas de la menor, sino solo el abdomen.
Luego del largo proceso que emprendió contra el abusador por la vía penal y la denuncia ante la Iglesia católica, Jorge detalló que sólo ha obtenido la imputación penal, sin que el agresor haya sido encarcelado, y además acusa que es solapado y “protegido” por la Iglesia.
“Ahora no solo estoy acusando al sacerdote, también estoy acusando al Obispo de Chihuahua (Constancio Miranda Weckmann) por encubrimiento porque han pasado los meses y cuando voy a preguntar qué ha pasado con mi denuncia (ante el clérigo) no me contestan”, explicó.
Víctimas y expertos eclesiásticos, que han dado seguimiento a los abusos cometidos por sacerdotes, resaltaron que aún es preocupante el manejo de los casos de abuso infantil por parte de la Iglesia y el encubrimiento que practican.
El antropólogo de las religiones, Elio R. Masferrer Kan, profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH-INAH), destacó en entrevista con SinEmbargo, que uno de los principales problemas es que, a pesar de que el Papa Francisco ha prohibido el encubrimiento, la Iglesia busca proteger su reputación en lugar de abordar adecuadamente las denuncias de abuso infantil.
“(La Iglesia) está protegiendo a su personal, o sea, toda una defensa corporativa. Este es el problema: la Iglesia toma en muchos casos la denuncia de la víctima, quienes tienen, por supuesto, todo el derecho a denunciar, no para evitar que se repitan este tipo de conductas, lo toma como un ataque a la institución, cuando es todo lo contrario; en realidad, los feligreses quieren depurar la institución de elementos perversos que lesionan y desprestigian a la institución. Ellos manejan la noción de escándalo, pero en esa noción de escándalo están acusando a los que denuncian el escándalo como si estuvieran agrediendo a la institución. Y en realidad no es así, la están defendiendo”, señaló el antropólogo de las religiones.
José Leonardo Araujo Araque, víctima de pederastia eclesiástica en el caso Huerta Ibarra e integrante de la Organización Spes Viva, que ha estudiado y acompañado casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes, coincidió en que existe un sistema de encubrimiento sistemático y recurrente por parte de las autoridades eclesiásticas, que perfecciona el abuso sexual con todas estas trabas y normas.
“Nos llama profundamente la atención que se diga que los abusos sexuales son una realidad presente en todos los espacios. Esto es algo que la Iglesia ha utilizado como una forma de minimizar y atenuar el crimen del abuso sexual. Como mencioné antes, es cierto que los abusos sexuales ocurren en todos los lugares, pero el sistema de encubrimiento que hemos encontrado en la Iglesia no está presente en todos los ámbitos. Aquí, en la Iglesia, existe un sistema sistemático y recurrente de encubrimiento por parte de las autoridades eclesiásticas. Contrario a lo que se dice comúnmente, en la Iglesia se perfecciona el abuso sexual con todas estas barreras y normas que dificultan su exposición y persecución”, señaló.
SinEmbargo buscó a la Arquidiócesis de Chihuahua para preguntar sobre el proceso y buscar su postura sobre la denuncia realizada por el señor José Ordoñez, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
LA AGRESIÓN
Jorge Ordóñez relató que el incidente ocurrió el 9 de septiembre de 2020, cuando su hija menor asistió a una fiesta de cumpleaños acompañada de su madre. Durante la reunión, según afirmó el padre, un individuo identificado como Estibal Valenzuela Olivas realizó tocamientos inapropiados a la víctima, quien se sintió incómoda y se retiró en varias ocasiones, pero su madre no le dio importancia al asunto.
“Tenía 10 años. Fue con su madre a una fiesta, una reunión de cumpleaños de un vecino de la señora. Fue una reunión en la noche. En la reunión estaban el vecino, el abusador llamado Estival Valenzuela Olivas, la señora (la mamá de mi hija) y mi hija. Sé que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. No es un hecho que me parezca especialmente significativo, ni mucho menos, pero curiosamente en las primeras declaraciones que dieron el festejado y la señora, niegan que estuvieran bebiendo alcohol. Los tres adultos estuvieron interactuando allí. Entonces, este individuo abusador la tomó, la sentó en sus piernas. Mi hija dice que le acarició los nudos y metió la mano debajo de su blusa, tocándole el estómago. Mi hija se apartó. Todo esto fue presenciado por su madre y otro testigo le dijo a su mamá que se sentía incómoda”, detalló.
El padre señaló que desafortunadamente la madre no le dio la importancia necesaria:
“La madre le dice que vaya a jugar en otro lugar. El agresor la vuelve a sentar en sus piernas y vuelve a realizar estos tocamientos. Mi hija se retira nuevamente. Luego, mi hija le pide a su mamá que se vayan. La señora, sin darle mayor importancia al asunto, le dice que está bien, vamos. Y antes de irse, este individuo le dio un beso en la mejilla a mi hija. Otro detalle que salió a la luz durante la terapia y posteriormente, es que mi hija dice que cuando llegaron a la reunión, este individuo le dijo a su mamá: ‘Oye, ¿y dónde tenías guardada esta joyita?'”
La preocupación del padre se intensificó cuando la víctima reveló el incidente el 26 de septiembre y expresó su negativa a regresar con su madre, ya que los padres están divorciados, optando por quedarse con su padre y su hermano.
Frente a lo narrado, acudieron a una psicóloga especializada en abuso infantil, quien después de entrevistar a la menor, les recomendó presentar una denuncia. Sin embargo, la experiencia en la Fiscalía de Asuntos Especializados de la Mujer fue desalentadora, según contó el hombre.
FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM
LA BÚSQUEDA POR LA JUSTICIA PENAL
Jorge narró que fue decepcionante el momento en que acudieron al Ministerio Público para interponer la denuncia debido a que, después de varias horas de espera y batallar con el Ministerio Público, se les informó que la denuncia no procedería debido a la falta de tocamientos en zonas genitales. A pesar de que la víctima afirmó haber sido controlada contra su voluntad, la coordinadora de ministerios públicos argumentó que no era suficiente para considerarlo como abuso sexual.
“En el Ministerio Público me dijeron que mi denuncia no iba a proceder porque no hay genitalidad. ¡Ajá, caray, pero hay abuso sexual!” —les dije—. Y me respondieron: “Sí, pero no fue violación. No hubo tocamiento en zonas genitales”. Incluso recuerdo que la coordinadora de Ministerios Públicos me dijo: “Es que no le tocó el pechito”. ¡Óigame, pero fue contra su voluntad!, les dije”, narró el padre, quien abundó que finalmente en el MP aceptaron la denuncia “a regañadientes”.
Dos meses después, el padre recibió una llamada del Ministerio Público en la que le informaron que no se presentaría ninguna acción penal contra el acusado debido a la declaración de la madre, quien aseguró que no presenció ningún abuso.
“O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de hacer investigaciones a fondo y dicho sea de paso ni tenía localizado el fulano, aunque sí sabían dónde ir a buscarlo y no lo entrevistara”, detalló, quien abundó que en ese momento, el agresor era sacerdote de la Iglesia San Isidro Labrador en Ciudad Juárez.
“Y ahorita lo tienen escondido como vicario en la parroquia de San Judas Tadeo, pero él originalmente era párroco de San Isidro Labrador”, detalló.
El padre de la menor presentó un amparo contra la determinación del no ejercicio de la acción penal dictada en noviembre de 2020. En abril de 2021, se emitió una orden de búsqueda y en marzo de 2022 apareció el acusado mismo que fue citado a comparecer ante una juez de Control, pero no acudió.
Después de que se le imputaron los cargos por abuso sexual en abril de 2022, se programó una audiencia para vincularlo a proceso penal. Sin embargo, el acusado no asistió a la audiencia, lo que llevó a una nueva citación. Durante este tiempo, se presentaron contradicciones entre los dos testigos y surgieron discrepancias en relación a la custodia de la hija.
“Otra vez lo volvieron a citar y el abogado de él argumentó que hay una alienación parental por mi parte. Pero el juez dijo: bueno, pues como sea, pero vamos a tener que formalizar esto y la Fiscalía le imputa cargos por abuso sexual en abril de 2022”.
Jorge detalló que la Fiscalía llevó a cabo una evaluación psicológica de la víctima y, después de varias periciales, determinó que sí existían elementos que respaldaban la acusación de abuso sexual. Sin embargo, en la audiencia, la defensa presentó una psicóloga particular con un dictamen indicando que no había ocurrido ningún abuso y que se trataba de un conflicto entre la madre y el padre, con acusaciones de alienación parental en contra de Joorge.
A pesar de los diversos estudios psicológicos realizados por diferentes instituciones, incluyendo el DIF, Sedesol y la Fiscalía, que no mostraron evidencia de alienación parental, la jueza decidió determinar que había alienación y ordenó que la hija fuera llevada a un albergue del DIF. Esto generó una situación angustiante para la hija, ya que la niña fue sometida a abuso sexual por parte de otra residente del albergue.
“El día que se le van a imputar cargos, la Fiscalía tenía que presentar una pericial por solicitud de la defensa del acusado en la que se determinaría si yo estaba ejerciendo alienación con mi hija. Pues resulta que la Fiscalía se lava las manos y el imputado contrata una psicóloga particular. A la hora de la audiencia, la psicóloga dice que no pasó nada, que en realidad es un conflicto entre la mamá y yo, que mi hija está siendo manejada por mí. Que dicho sea de paso, hay un montón de estudios psicológicos que le ha practicado el DIF, que le ha practicado la Sedesol, que le ha practicado la Fiscalía y en ninguno ha salido eso (alienación parental), pero nada más llega la abogada y psicóloga contratada por este fulano y resulta que hay alienación parental”, narró.
Después de 15 días en el albergue, la jueza reconsideró su decisión y declaró que no había evidencia de abuso, violencia familiar o alienación, por lo que se emitió una orden para que la hija regresara con su familia.
En tanto que el proceso penal sigue, pero sin avances de acuerdo con Jorge. En cuanto a las acciones de denunciar ante la Iglesia, Jorge hizo la denuncia correspondiente y aseguró que ha estado en constante comunicación con la Iglesia, exigiendo una investigación adecuada y medidas cautelares. Sin embargo, hasta el momento, asegura que no ha recibido respuestas satisfactorias ni acciones concretas por parte de las autoridades eclesiásticas.
“Por un mal consejo del abogado que teníamos en un principio, yo no fui con el Obispo a presentarle una denuncia porque me decía que me esperara. Y en julio de 2021, solo le mandé una carta manuscrita al Obispo donde le digo que hay un sacerdote que cometió abuso, no dije el nombre, pero sí dije que cometió un abuso contra mi hija según el derecho canónico. Pedí audiencia con el Obispo desde julio y no me hizo caso. Me recibió hasta noviembre, el 3 de noviembre, me dijo que iban a suspender a este tipo a más tardar en 15 días y que van a abrir un expediente de juicio eclesiástico. A los 15 días regresaré a pedirle cuentas, pero no sin respuesta, por eso también estoy acusando al Obispo por encubrimiento”, narró.
Jorge agregó que también se dirigió al Arzobispado local en Chihuahua para presentar una denuncia detallada sobre el sacerdote, proporcionando su nombre, dirección y otros detalles relevantes. Entregó la denuncia a una monja en la oficina del Arzobispo, pero hasta el momento no ha recibido ninguna notificación ni confirmación de que la denuncia haya sido recibida o procesada. No obstante, detalló que en alguna de sus visitas, le comentaron que la Iglesia determinó que no había abuso por parte del sacerdote, pero nunca le confirmaron o notificaron oficialmente de tal resolución.
El padre de la víctima abundó que, a pesar de numerosas solicitudes y correos electrónicos enviados a varias congregaciones y dependencias eclesiásticas, no ha obtenido ninguna respuesta. Por lo que, en diciembre de 2022, decidió acusar al obispo de encubrimiento, además de continuar acusando al sacerdote por los actos de abuso sexual.
SIN CIFRAS OFICIALES; BUSCAN COMISIÓN DE LA VERDAD
México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil dentro de los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y lamentablemente, la Iglesia católica no es inmune a la comisión de estos crímenes. De acuerdo con los últimos datos brindados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), hasta el año 2020 se han registrado al menos 271 denuncias de abuso sexual a menores de edad. Por otro lado, la Arquidiócesis ha informado que solo ha recibido 11 denuncias.
El problema del abuso sexual por parte de sacerdotes en México es una preocupación creciente en los últimos años. Sin embargo, no existen cifras precisas que den una imagen completa de la magnitud del problema. Por ese motivo, la organización Spes Viva y el colectivo Nacional Express Viva están realizando un proyecto de propuesta para crear una Comisión de la Verdad que investigue y revele la cantidad de personas involucradas en estos casos de abuso sexual por parte de sacerdotes en México.
“Una comisión de la verdad que nos dé los resultados de cuántas personas se involucran en el crimen del abuso sexual por parte de sacerdotes, así como la cantidad de victimarios. Esto es un lastre que hemos observado en los últimos años y es un fenómeno que cada día se hace más evidente. Tiene su fundamento en el poder mal concebido dentro de la Iglesia, en su estructura clerical y en el clericalismo que permite a los sacerdotes cometer muchos delitos de esta naturaleza”, expresó el experto.
Leonardo Araujo precisó que para desarrollar este proyecto ha tenido reuniones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuenta con la participación de una ex vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU y alianzas con organizaciones norteamericanas.
La historia de abuso sexual por parte de miembros del clero en México se remonta a los años 40, cuando comenzaron a surgir denuncias contra el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y una figura cercana a las altas esferas de la religión católica. Actualmente, se estima que la Iglesia católica cuenta con 90 millones de feligreses en México, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Elio Masferrer Kan destaca que la Iglesia Católica adoptó la premisa de ocultar todos los casos de pederastia y tratarlos internamente como pecados en lugar de delitos. Detalló que estas directrices remontan a una orden del Papa Juan XXIII, que instaba a resolver los problemas de abuso sexual dentro de la Iglesia, y esta mentalidad de ocultamiento se convirtió en un patrón arraigado desde la década de 1960 hasta tiempos recientes.
“Esto formalizó un patrón de ocultamiento. Hablamos de los años 60 del siglo pasado hasta tiempos cercanos, siempre de alguna manera”.
Sin embargo, según destacó el antropólogo, hubo un quiebre en este patrón durante el pontificado de Benedicto XVI, quien no logró romper con la cultura del encubrimiento, misma que sigue vigente. A pesar de que el Papa Francisco ha promovido una postura de “tolerancia cero” hacia el abuso, la Iglesia Católica en México no ha demostrado la intención de tomar medidas concretas.
“Sin embargo, la Iglesia Católica mexicana no tiene pensado cambiar ahora. E incluso hay una reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público, el artículo 12 bis, que ordena a las iglesias, para que sea esa la Iglesia Católica a lo largo del mundo, que tiene que informar a Gobernación de los casos y garantizar que, en caso de que sean menores involucrados en el abuso, se avise a los padres o tutores del menor. Eso no lo cumplen, y Gobernación no se ocupa de que lo cumplan. No tienen voluntad política de perseguir ese tipo de cuestión”, dijo.
El experto también explicó que la falta de cooperación y desobediencia de las jerarquías católicas tanto en México como en Estados Unidos a las directrices de tolerancia cero de Francisco ha complicado aún más la situación. Latinoamérica, en particular México, se ha convertido en un refugio para la Iglesia Católica, lo que ha llevado a casos de pederastas trasladados desde otros países como Europa y Estados Unidos.
“Entonces, esto se complica aún más porque América Latina, yendo a México, ha sido el lugar donde la Iglesia Católica se siente más protegida, y entonces nos mandan casos de pederastas de otros países de Europa, de Estados Unidos, a América Latina y a México. También ha habido casos de traslado de pederastas mexicanos a Los Ángeles, California. Estas son las situaciones”, detalló.
Un ejemplo reciente en Latinoamérica es el caso del padre Pedrajas Pica, un jesuita en Bolivia que abusó de al menos 80 niños y que involucra a 5 provinciales, 3 de los cuales ya fallecieron, que encubrieron estos abusos.
DESLOCALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA
En ello coincide Araujo, quien abundó que a la práctica de desplazar se le llama “deslocalización”, lo cual es un obstáculo significativo para las víctimas que buscan justicia, pues esta práctica de trasladar a los sacerdotes involucrados en abusos sexuales a diócesis lejanas o incluso a otros países es común y es una estrategia que busca eludir la justicia y ocultar los delitos cometidos.
“En la Iglesia, hay algo particular: el sistema de encubrimiento sistemático y recurrente por parte de las autoridades eclesiásticas. Contrariamente a lo que normalmente se dice, en términos de un aforismo que sostiene que no hay crimen perfecto, en la Iglesia se perfecciona el abuso sexual con todas estas trabas y normas”, detalló.
Para evitar que sacerdotes expulsados de la Iglesia se reinserten en el estado clerical y continúen ejerciendo sus funciones religiosas, Araujo dijo que es necesario que la Iglesia sea completamente transparente y revele los nombres de los sacerdotes involucrados en casos de abuso sexual.
“Desgraciadamente, aquí dependemos de la buena voluntad de la Iglesia. La única manera de obtener acceso a esos nombres sería a través de los órganos judiciales y exigiendo a la Iglesia que los revele. De esta forma, todas las personas podrán tener acceso a esa información”, dijo.
En el caso particular del señor Ordóñez Burgos, Araujo, quien dijo conocer del caso, consideró que se ha complicado el acceso a la justicia porque lamentablemente se abrieron muchos frentes, pues la dispersión de esfuerzos y la falta de concentración de la información han dificultado el avance del caso.
Explicó que se sabe que la Arquidiócesis realizó una investigación previa en la que concluyeron que no existían elementos suficientes para abrir un proceso penal administrativo contra el sacerdote acusado. Sin embargo, dijo que se le ha negado al señor Ordóñez el acceso al informe de dicha investigación, lo cual es reprochable.
Al respecto, destacó que es importante que el señor Ordóñez agote todas las instancias penales y civiles para buscar la justicia y, una vez sentenciado, será muy difícil para la Iglesia seguir encubriéndolo.
“Es muy importante acudir a la Fiscalía del Ministerio Público en este caso. Le he dicho al señor Ordóñez que debe sostener su denuncia y llevarla a todas las instancias dentro del Poder Judicial o dentro del Ministerio Público para avanzar en el proceso y obtener certeza sobre los hechos, así como buscar justicia. Una vez que obtengamos una sentencia favorable o un dictamen por parte del Ministerio Público que acuse a esta persona por la presunta comisión de los delitos, será muy difícil para la Iglesia seguir protegiéndola. En ese momento, la Iglesia se verá obligada a abrir un proceso penal administrativo”.
De acuerdo con el defensor de los derechos de las víctimas, las víctimas enfrentan dificultades para el acceso a la justicia y se perpetúa la impunidad por diversos factores. En el ámbito penal, una de las principales razones mencionadas por Araujo es la persistencia de sensibilidades dentro de las autoridades encargadas de administrar justicia con respecto al tema de la iglesia.
“No todos los jueces y fiscales muestran la determinación y valentía necesarias para enfrentar a sacerdotes acusados de abuso sexual. Este elemento subjetivo de temor infundido puede estar basado en razones de orden religioso, así como en la influencia y el poder que la iglesia ostenta, incluyendo su capacidad económica y alcance institucional”, dijo.
Además, también resaltó que el poder de la iglesia logra permear y afectar a las instituciones encargadas de administrar justicia. Sin embargo, el experto sí destacó que a pesar de eso es importante que las víctimas denuncien y se unan en busca de justicia, además de sensibilizar a la sociedad sobre los abusos sexuales en la Iglesia, y que la institución transparente los procesos y que no los vea como ataques.
