El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene grandes retos que, si no son superados, implicarán un grave riesgo político para la 4T. Este año la violencia rompió un nuevo récord (10 por ciento más que en 2018), en un contexto (2018) de repunte de la corrupción y desaceleración económica, con el peso de la pobreza (44 por ciento poblacional) y el reducido nivel de gasto social (10.7 por ciento del PIB en promedio).
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Los grandes retos del Gobierno de la 4T (seguridad pública, corrupción, crecimiento económico, gasto social y pobreza) serán también los grandes riesgos políticos del sexenio.
De acuerdo con las últimas encuestas (Demotecnia, GEA-ISA y Mitofsky) de aprobación de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la confianza ciudadana en su gestión decayó en ocho puntos porcentuales en promedio, entre febrero y mayo de 2019.
La media de aprobación y confianza en el Gobierno de la 4T se sitúa de ese modo en 68 por ciento. Aunque los resultados son “buenos”, según las casas encuestadoras, no obstante indican que AMLO es hoy más “vulnerable” que a principios de año, ya que el hecho de “gobernar desgasta”, dijo Rodrigo Galván de las Heras (Demotecnia) en entrevista con Carmen Aristegui.
Guillermo Valdés (GEA-ISA), Ricardo de la Peña (GEA-ISA) y Roy Campos (Mitofsky) describieron una tendencia similar a la de Galván: AMLO se mantiene fuerte por lo que representa. Es decir, una esperanza frente a los políticos corruptos, y una alternativa de solución a los problemas nacionales.
Sin embargo, los directivos de las casas encuestadoras advirtieron que la piedra angular de AMLO es también su propia piedra de toque. Así, el populismo que lo impulsa y lo mantiene a flote, con el paso del tiempo, podría ser el peso y el desgaste que lo hundan, si es que su promesa no se cumple, o si su cumplimiento es insoluble.
Al día de hoy, las encuestas indican que gran parte de la fuerza de AMLO se sustenta en el desgaste de la oposición, en la lucha anticorrupción y sus programas sociales. Asimismo, la situación de inseguridad, le endeble economía nacional y la polarización son factores que minan la popularidad del Presidente de la República.
“Podemos ver que la aprobación depende de un elemento particular respecto a una visión de inconformidad y perspectiva de mejora personal”, explicó de la Peña durante la publicación del informe de GEA-ISA.
Pero sí en los próximos dos años —que es el tiempo que la gente está dispuesta a esperar para ver resultados, según las encuestas— no hay solución efectiva, el país podría experimentar la cruda posterior a la esperanza.
A continuación, SinEmbargo presenta un balance de las condiciones nacionales y las medidas adoptadas por el Gobierno de la 4T, sobre los grandes retos y riesgos del sexenio.
SEGURIDAD PÚBLICA
Las cifras anuales de delitos (en general) y delitos de alto impacto a nivel nacional alcanzaron su peor nivel en 2018. Desde el 2000, la tasa general de crímenes por cada 100 mil habitantes tuvo un repunte acumulado de 11.7 por ciento; y la tasa de ilícitos de alto impacto repuntó en 21.5 por ciento, de acuerdo con las cifras oficiales.
Asimismo, entre enero y abril de 2019, el país experimentó los peores niveles de violencia, en comparación con los mismos periodos de los últimos 19 años.
Por un lado, la tasa general de delitos fue 13.9 por ciento superior a la del mismo periodo en 2000 y 3.9 por ciento superior a la del año pasado. Por otra parte, la tasa de delitos de alto impacto de los primeros meses de 2019 fue 9.9 por ciento superior a la de hace 19 años y cuatro por ciento mayor a la de 2018.
Como parte de la estrategia de pacificación del país, el Gobierno de AMLO ya implementó la Guardia Nacional en ocho entidades federativas (CMX, GRO, GUA, HIS, MEX, MIC, MOR, VER) y dos ciudades (Ciudad Juárez y Tijuana). También dividió el territorio nacional en 266 coordinaciones donde operará la Guardia; inició programas sociales (e.g. “Jóvenes Construyendo el Futuro”) para desincentivar la delincuencia y ha sostenido reuniones diarias de seguridad pública con miembros del gabinete del Poder Ejecutivo.
CORRUPCIÓN
La percepción acerca de los niveles de corrupción en México ha ido en aumento en los últimos años, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Mexicana, en el que el país se ubicó en la posición 138 de 180 naciones evaluadas, mientras que un año antes se ubicó en el lugar 135.
La impunidad en casos de corrupción en la actualidad es crítica. Un ejemplo de ello es el índice de judicialización de presuntos casos de corrupción de funcionarios públicos.
Entre diciembre de 2000 y octubre de 2018, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) remitió 971 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, hasta enero de 2019, sólo 23 estaban consignadas y una implicó sentencia condenatoria. Esto quiere decir que en 18 años, el Ministerio Público federal resolvió el 2.5 por ciento de los casos.
Para la previsión y lucha contra la corrupción, el Gobierno federal ha promovido decretos y acuerdos, entre los que destacan las reformas para la instalación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; para la extinción de dominio; la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; la creación del Código de Ética para funcionarios públicos; las modificaciones a la Constitución (artículos 19, 22, 73, sobre todo), a Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (artículos 75 y 127), al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una contracción de 0.2 por ciento en el primer trimestre de 2019, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). El arranque económico de este año, comparado con el de 2018, fue 0.1 por ciento superior. Dicha variación, empero, es la más baja en los últimos 10 años.
La desaceleración económica por la que atraviesa México ha generado una reducción de las expectativas de crecimiento para el país en 2019. Entre febrero y marzo, algunas de las principales calificadoras crediticias (HR Ratings, Moody’s y S&P) establecieron rangos de 1.7 a 2.2 por ciento. Y el 29 de mayo pasado, el Banco de México estableció una perspectiva de 0.8 a 1.8 por ciento. Para el año 2020, en cambio, la expectativa se sitúa entre 1.7 y 2.7 por ciento.
En este contexto, la nueva administración ha tomado medidas para impulsar el desarrollo económico de la Nación, entre las que destacan el plan de rescate a Petróleos Mexicanos (Pemex), la cancelación de las condonaciones fiscales, el aumento al salario mínimo, el programa de inversiones en infraestructura (e.g. Tren Maya) y las adecuaciones a la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2019.
GASTO SOCIAL
El gasto social en México (educación, protección social, salud y vivienda) entre 2007 y 2018 equivalió al 10.7 por ciento del PIB anual, en promedio. Las cifras de la Secretaría de Hacienda indican que la inversión de 2017 y 2018 (10.2 por ciento, respectivamente) fue la más baja desde 2008 (9.8 por ciento).
La información disponible para el primer trimestre de 2019 indica que la inversión en gasto social (2.5 por ciento del PIB) fue similar a las del mismo periodo en 2018 (2.6) y 2017 (2.5). No obstante, en estos últimos tres años, el país tuvo la inversión más baja registrada desde 2009 y 2010 (2.5 por ciento en cada año).
Para salir adelante en materia de bienestar social, en México “es urgente un aumento de al menos dos puntos del PIB”, de acuerdo con Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).
En lo que va del sexenio de AMLO, el Gobierno ha impulsado programas de becas para estudiantes de preparatoria y universidad, así como becas laborales.
También anunció la permanencia de las estancias infantiles, la fusión de Diconsa y Liconsa, la derogación de la Reforma Educativa, entre otros.
POBREZA
La clase media mexicana decayó en 10 por ciento real entre 2005 y 2018. Esto implicó que al menos 2.1 millones de personas perdieran poder adquisitivo, en un entorno de precarización de los empleos y salarios. Inclusive, durante el sexenio pasado, las cifras del Inegi señalan que, a la par que los empleos con menores ingresos aumentaron 39 por ciento, los empleos con ingresos medios y superiores decrecieron en 14 por ciento.
Aunque la pobreza dio marcha atrás en 0.8 puntos porcentuales entre 2008 y 2016, en México cuatro de cada 10 personas viven en la carencia, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para enfrentar la situación de pobreza en el país, el Gobierno de la 4T ha instaurado medidas de austeridad y la entrega de mayores apoyos económicos a personas con discapacidad y adultos mayores. Asimismo fue creado el Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado y una serie de acciones para fortalecer la economía en la frontera norte de México (e.g. reducción de precios a energéticos y beneficios fiscales regionales).
