El Gobierno federal mantiene una campaña optimista en torno a los resultados que, hasta ahora, ha dado la Reforma Energética y los que, a su juicio, se darán en el mediano plazo. Sin embargo, especialistas del sector energético tienen una opinión diferente, particularmente en el tema de Petróleos Mexicanos, la empresa emblemática del Estado mexicano y la que más dinero le ha dado al país. En un análisis sobre las nuevas condiciones legales en las que se mueve la petrolera –hoy a punto de la quiebra por malas gestiones, saqueo y corrupción–, los expertos plantean: el Gobierno federal y el Congreso, liderado por el PRI, hicieron una reforma que le abrió todo a todos, pero a Pemex le ataron aún más las manos; ahí, dicen, el objetivo es claro: lo que quieren es su extinción.
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Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– La publicidad de la Presidencia sobre la Reforma Energética asegura que uno de los beneficios de esta modificación Constitucional es dar más autonomía a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que esta empresa estatal, sostén de un tercio del presupuesto federal, invierta sus ganancias en donde le “sea más conveniente”.
La redacción de la Ley de Hidrocarburos, sin embargo, le impide a Pemex participar en las nuevas condiciones de apertura buscando exclusivamente su beneficio debido a que, primero, debe considerar que sus operaciones de negocios “no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados”.
Tal previsión quedó establecida en el Artículo 42 de la citada Ley publicada en agosto de 2014 y, de acuerdo con el doctor en Economía del Petróleo, Fluvio César Ruiz Alarcón, permite entender cómo la Reforma Energética trata de proteger la creación de un “mercado” privado por encima del interés de la hoy Empresa Productiva del Estado.
“Este artículo para mí resume cuál era la idea de la Reforma. El Artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos dice que, si a juicio de la Secretaría de Energía (Sener) o a instancias de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o de la [Comisión] Reguladora de Energía (CRE), se considera que ciertas actividades de Pemex impiden el establecimiento de condiciones efectivas de competencia, se le puede instruir a Pemex a dejar de hacerlo”, explica Ruiz Alarcón en entrevista.
“Lo que significa eso es que, para quienes diseñaron la Reforma, el establecimiento de condiciones efectivas de competencia es más importante que el destino de Petróleos Mexicanos”, agrega.
De esa intención por mejorar las condiciones para las empresas privadas que están empezando a participar en el mercado mexicano, explica, derivan medidas como el adelanto de la apertura en el mercado de importación de gasolinas y las denominadas “regulaciones asimétricas”.
Una de estas “regulaciones asimétricas” es la publicada el 22 de marzo pasado para regular las “ventas de primera mano” de gasolina y diesel en territorio nacional y que permite la terminación de contratos de los actuales expendedores con la empresa Mexicana sin penalización para los primeros.
“Para evitar barreras a la entrada de nuevos competidores, y en ejercicio de su atribución de regular y promover el desarrollo eficiente de la comercialización, esta Comisión considera conveniente permitir la terminación anticipada de los contratos [con Pemex], sin penalización alguna para el adquirente”, dice la resolución de la Comisión Reguladora de Energía sobre ventas de primera mano de diesel y gasolina en “condiciones de regulación asimétrica a Petróleos mexicanos”.
El mismo texto limita incluso la forma en la que la Empresa Productiva del Estado mexicano puede diseñar sus negocios, al establecer que “Pemex y sus entes controlados no podrán condicionar la suscripción de contratos de ventas de primera mano y comercialización con terceros a la celebración de contratos de franquicia”, entre otras restricciones.
De acuerdo con una entrevista otorgada por Rosanety Barrios Beltrán, jefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Sener, estas “regulaciones asimétricas” tienen la intención de “emparejar” las condiciones de un mercado formado por los 78 años de monopolio de Pemex y atraer la llegada de nuevas empresas.
Para Fluvio Ruiz, sin embargo, es un tratamiento que debería corresponder a la destrucción de un monopolio privado y no a la de la principal empresa pública mexicana. Tratamiento, dice, que no reciben monopolios privados reales, como Teléfonos de México (Telmex) o Televisa.
“Es el quid del asunto: El trato a Pemex es como si fuera un monopolio privado, no del Estado. Así hubieran tratado a Telmex; así deberían tratar a Televisa”, agrega quien también fungió como consejero profesional en la antes paraestatal y hoy como asesor.
Pemex, si bien ha sido un monopolio durante casi ocho décadas, se encuentra en uno de sus peores momentos.
En febrero de este año emitió un informe a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportando una reducción en las ventas de un 28 por ciento, aumento de 19 por ciento en el costo de producción y, en total, pérdidas por 522 mil millones de pesos; casi el doble de las registradas en 2014.
La situación, sin embargo, no corresponde con una empresa que produce 2.5 millones de barriles diarios, y así lo advierte el propio Gobierno federal en el documento “Principales elementos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 2016-2020”, presentado en diciembre de 2015.
“Pemex presentó niveles de producción de crudo y gas similares a los de empresas petroleras internacionales. Sin embargo, su patrimonio es negativo”, dice el texto.
Los motivos de esta situación, agrega, son los altos costos financieros y de operación en lo que debería ser su área estratégica, Exploración y Producción (PEP), donde los impuestos y los derechos, agrega, “son mayores a los rendimientos”.
Lo mismo ocurre en la nueva empresa denominada “Transformación Industrial”, donde los costos de venta –incluyendo las que reciben la aplicación de la regulación asimétrica– también “son mayores a los ingresos”.
El contexto geopolítico es también adverso. El mismo documento admite que, “además” de la Reforma Energética, o el aumento de la competencia por el mercado, Pemex enfrenta la caída en los precios internacionales del petróleo crudo y del gas natural, el aumento de la oferta de éstos combustibles en Estados Unidos y Canadá y, también, el aumento de la oferta por parte de Irán, así como la desaceleración de China y, en general, un lento crecimiento económico mundial.
“De continuar así, Pemex producirá menos hidrocarburos con costos y pasivo laboral cada vez mayores, y no logrará revertir su situación financiera”, dice el texto oficial.
CARGOS A PEMEX; “ENTREGA” A PRIVADAS
El pago de derechos exigido a Pemex es mucho más pesado que el que cargan otras empresas extractivas privadas, como las mineras de minerales preciosos, y mucho menor que el que se solicita ahora el Gobierno federal mexicano a las compañías interesadas en la Reforma Energética.
Un análisis del investigador Víctor Rodríguez Padilla, profesor del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muestra cómo, por ejemplo, las mineras extractoras de oro y plata regresan al Estado mexicano sólo un 1.08 por ciento del valor de su producción, mientras que Pemex regresaba, antes de la Reforma, alrededor del 70 por ciento.
“Con una mano el fisco mantenía el petróleo con firmeza; con la otra, regalaba el oro, la plata y todo lo demás. Hablar de saqueo, expoliación y rapiña no era exceso”, advierte el ensayo “Petróleo y Minería en México: la nueva realidad extractivista”.
La misma carga se mantiene aún después de la entrada en vigor de la Reforma Energética; obligaciones que el investigador estima reducidas sólo en 10 puntos porcentuales (para quedar en un 60 por ciento del valor de la producción e impuestos) pero “sigue siendo un régimen fiscal excesivo y desigual con respecto al que se aplica en los contratos, lo cual traduce un trato inequitativo y discriminatorio contra la empresa pública”.
Esta carga contrasta marcadamente con los beneficios ofrecidos a las empresas privadas en las tres convocatorias de la Primera Ronda de Licitaciones de la Reforma, en las que la variable en competencia fue el porcentaje ofrecido como participación del Estado en las utilidades.
En “Los contratos y el régimen fiscal de la Ronda Uno”, que es un análisis concluido en enero pasado, Rodríguez Padilla explica cómo el diseño de los contratos permitió a los contratistas quedarse con porcentajes de ganancias tan altos que equivalen a la proporción que le quita a Pemex en impuestos.
“En nueve de los bloques, Hacienda estaba dispuesta a dejar en manos del contratista entre 76 y 84 por ciento del valor de la producción. Para los otros cinco bloques, Hacienda estaba dispuesta a ceder entre el 80 y el 90 por ciento del valor de la producción. En otras palabras, la pretensión del Gobierno era recuperar, a lo sumo, 14 por ciento del valor de la producción. ¡Todo un regalo para las compañías petroleras!”, dice el texto sobre las condiciones de la primera convocatoria de la Ronda Uno.
En resultado de la tercera convocatoria, agrega el investigador, en la que participaron varias empresas mexicanas de reciente creación, se demostró que el Gobierno mexicano “mintió” cuando “justificó la apertura de la exploración y extracción de hidrocarburos por la imperiosa ‘necesidad’ de incorporar a las mejores empresas de la industria petrolera internacional, empresas con tecnología, conocimientos, experiencia y capital que no tenía Pemex”.
Este tipo de tratos fiscales y financieros desiguales en beneficio de las compañías privadas y que se le niega sistemáticamente a Pemex prueba que la histórica modificación al Artículo 27 Constitucional aprobada en diciembre de 2013 es, plantea Rodríguez Padilla, “una contra-reforma que arrincona a Pemex e induce su extinción”.
