Pareciera que un espíritu maligno, de esos que suelen agobiarlo a menudo, vino a voltearle al Presidente el tablero de ajedrez. La tragedia de Ciudad Juárez, en la que murieron 39 migrantes encerrados en una jaula infernal, además de marcar a su administración le trastoca de manera definitiva su estrategia pre electoral, basada en el juego de las corcholatas. Si ya una de ellas se había visto abollada por los accidentes ocurridos en el Metro capitalino, ahora los otros dos se ven necesariamente comprometidos y afectados.

No se trató de un accidente. Tampoco de un caso de complicidad entre un grupo delincuencial y una partida de policías municipales. Fue efectivamente un crimen de Estado. Hay culpables, que deben pagar por ello.

Y ningún funcionario hasta ahora ha renunciado o ha sido cesado de manera definitiva o al menos temporal para que no interfiera en la investigación “exhaustiva” que se ha prometido. Nadie.

Dos secretarios de Estado tienen una clara responsabilidad en esta infamia: Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación, y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón. Del primero depende orgánicamente el INM y el segundo es responsable de ejecutar la política migratoria del gobierno, dictada por el propio López Obrador, que es finalmente la causa de fondo de lo sucedido.

La reacción de Andrés Manuel acusa la gravedad que para su proyecto tiene esa infamia. A su respuesta, obvia, de que llegará hasta las últimas consecuencias, se hará justicia, se castigará a los responsables, no habrá impunidad y no somos iguales, sobrevino de inmediato la decisión de proteger a sus presidenciables.

Optó por encubrirlos.

Dispuso todo para sacarlos del tema, cuanto antes. Para ponerlos a salvo, a cualquier precio. Les mandó señal de hacer mutis. Y ordenó a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, salir a dar la cara para a la vez centrar el tema en la presunta responsabilidad de los agentes migratorios y policías privados involucrados en los hechos, finalmente protagonistas menores.

Las dos primeras conferencias de prensa de la funcionaria, acompañada de la fiscal especializada en Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, resultaron lamentables. Fuera de la afirmación reiterada de que no habrá impunidad, que se llegará hasta las últimas consecuencias, que este es un gobierno que respeta los Derechos Humanos, no informó nada. En cambio, indujo la responsabilidad del crimen. Ojo, hacia los empleados menores y la empresa de seguridad privada. Esa es su tarea, obvio.

Me parece que inclusive la filtración a las redes sociales y luego a los medios del video de 32 segundos en el que aparecen los migrantes encerrados ante la aparente indiferencia de sus custodios pudiera ser parte de la estrategia: culpar a los celadores por su evidente indolencia, pero sin subir la responsabilidad a otros niveles de mandos, incluidos de entrada el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Salvador González Guerrero, y el mismo titular del INM, Francisco Garduño Yáñez. Sin embargo, también eso se les ha revertido.

El propio López Obrador dio la pauta de inmediato. En una primera declaración en su conferencia de prensa matutina al día siguiente de los hechos, lo que hizo fue culpar a las propias víctimas: «Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia».

Por supuesto ofreció una investigación a fondo, independiente y profesional; aseguró que no habrá impunidad, que se hará justicia, que no somos iguales, etcétera, etcétera, etcétera.

Y a partir de ahí, sin ningún recato, escapó a los cuestionamientos de los medios. “Yo en eso no me meto”, dijo de plano ante las preguntas sobre la tragedia. “No quiero yo meterme porque como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos», dijo con absoluta frialdad, como si hablara de un asunto baladí e intrascendente.

Lo que al parecer el Mandatario no esperaba fueron las acusaciones entre sus dos corcholatas, uno personalmente y otro a través de una senadora afín, lo que le vino a complicar el tinglado. Y es que el asunto tiene implicaciones que van mucho más allá de la lealtad al jefe o las convicciones políticas de los protagonistas.

Es sálvese el que pueda.

Nadie, ni el propio tabasqueño, puede prever ahora las consecuencias que a mediano y largo plazo tendrá este crimen. Y menos, la decisión presidencial de encubrir a los culpables. De lo que podemos estar seguros es de que sin duda las habrá. Más temprano que tarde. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

CONMOVEDOR. Don Ricardo Salinas Pliego –que por cierto adeuda al fisco más de 39 mil millones de pesos– donó 100 mil pesotes con el fin de ayudar a clínicas veterinarias que apoyan a los perritos que han vivido con maltrato. El empresario consentido de la “4T” comentó que hace la donación “porque si no nos ayudamos entre nosotros ¿quién nos va a apoyar… el gobierno?”.

Twitter @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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