Los casos de los migrantes Elvin Mazariego, guatemalteco, y Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, ambos asesinados en México, exhiben el problema estructural que hay en materia migratoria y que no se ha atendido al menos desde hace 10 años, luego de que se encontraran 72 cuerpos de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas.
–Con información de Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- Insuficiencia renal o cardiaca, asfixia por ahorcamiento, lesiones, infecciones, paros cardiorrespiratorios, infartos e incluso “caída de litera” son algunas de las causas que han ocasionado en los últimos siete años la muerte de migrantes que se encontraban resguardados en las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con datos de esta dependencia, de 2013 y de 2015 a mediados de 2019, al menos 20 migrantes —principalmente centroamericanos— fallecieron en su paso por México; 17 eran hombres y tres, mujeres, una de ellas de 10 años de edad.
No obstante, no se trata de una cifra definitiva, ya que de acuerdo con la solicitud 0411100072919, el número total de migrantes fallecidos no puede conocerse con certeza debido a la falta de protocolos de atención del Instituto. Por ejemplo, hay un vacío de información del periodo de 2006 a 2012 y tampoco se sabe nada de los posibles casos ocurridos en 2014.
Lo que sí se conoce son las causas detrás de las muertes registradas por las autoridades migratorio: insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, asfixia por ahorcamiento, víctima de sus lesiones, complicaciones de infecciones, paros cardiorrespiratorios, trauma penetrante en abdomen, choque séptico, infarto agudo y “caída de litera”.
Estas causas de fallecimiento coinciden con lo que organizaciones de derechos humanos han denunciado sobre la situación en la que se encuentran las Estaciones Migratorias que controla el INM. Aunado a ello, se suman los recientes episodios de esta semana en los que elementos de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano se han visto involucrados en el asesinato de dos migrantes centroamericanos.
Para organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de los migrantes, los casos de Elvin Mazariego y Victoria Esperanza Salazar, ambos asesinados en México —el primero por miembros del Ejército Nacional y ella en manos de la policía de Quintana Roo— son la muestra de que la migración sigue sin atenderse de manera humanitaria y se apuesta por la captura, detención y deportación, lo que convierte justo a las Estaciones Migratorias en la principal respuesta del Estado para los migrantes de cualquier edad.
Para Ana Saiz Valenzuela, Directora general de la organización Sin Fronteras, los casos ocurridos esta semana demuestran un problema estructural que tiene muchos años, al menos desde el 2010 cuando ocurrió la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamulipas.
Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, describió a su vez en entrevista que estas casas migratorias son lugares donde los migrantes reciben “tratos crueles, inhumanos y degradantes que van desde una presión de la disuasión para que firmen sus actas de deportación hasta malos tratos físicos y psicológicos, particularmente hacia las mujeres”.
“Nosotros estando en Tapachula (Chiapas) y con el colectivo de monitoreo con otras organizaciones estamos revisando las estancias migratorias y estancias provisionales desde hace años. Una de las cosas que hemos denunciando es que las personas son privadas de la libertad, en sí mismo las personas no deberían de ser detenidas por un trámite administrativo. Según la ley los migrantes no tendrían que estar mucho tiempo detenidos en esos lugares, pero nosotros hemos documentado casos en los que han estado meses. Son lugares que no están adaptados para quedarse mucho tiempo”, indicó.
La información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indica que la causa de fallecimiento más repetida es la de asfixia por ahorcamiento, le siguen las provocadas por infecciones no atendidas, complicaciones de enfermedades crónicas y las derivadas de accidentes.
Resalta lo ocurrido a una niña guatemalteca de 10 años de edad, que en 2019 sufrió un accidente dentro del dormitorio en donde estaba con su mamá; se cayó de la litera y el golpe provocó el deceso, de acuerdo con lo que investigó la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sobre este caso, Sin Fronteras solicitó información al INM sobre la cantidad de niños y niñas “resguardados” tan sólo en la Estación Migratoria de Las Agujas, en la Ciudad de México. No hubo respuesta de la dependencia porque “no se tenía bien documentado”.
Brenda Ochoa señaló que los encargados del INM siempre dan excusas para justificar la muerte de migrantes y también mencionó el caso de un joven haitiano, quien falleció en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.
“Lo único que dijeron era que las personas se encontraban mal de salud al ingresar a la estación migratoria, sin embargo, lo que nosotros hemos documentado es que dentro de la estación migratoria hay malos tratos y carente hay personas que al sentirse en encierro les detona problemas psicológicos fuertes y que ponen en riesgo su vida”, detalló la directora del Fray Matías.
Y esta situación data de años.
LAS “CÁRCELES” DEL INM
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano ha denunciado el hacinamiento, la detención prolongada, la falta de información, precaria alimentación y condiciones sanitarias de mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres dentro de las Estaciones Migratorias.
Además se detectaron reportes de personas que no son encontradas en los registros de las Estaciones a pesar de permanecer en estos lugares por tiempo prolongado, separación de familias y deportaciones masivas sin estudios individualizados de casos ni respeto.
Saiz Valenzuela comentó que la política de atención migratoria se concentra en atrapar a la persona migrante, detenerla y luego deportarla, debido a que el INM se maneja como una institución de Seguridad Nacional.
“Tiene a su cargo estos lugares que en realidad son cárceles desde el punto de vista de las instalaciones o bien, son espacios como una oficina mal puesta para hacer una estancia provisional en donde tienen a la gente comiendo, durmiendo y todo en una misma habitación”, comentó.
Agregó que las prioridades son evidentes desde el presupuesto, ya que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene cerca de 27 millones de pesos anuales, y el del INM es hasta 100 veces superior y la mayoría es destinado a las Estaciones Migratorias.
El Centro Fray Matías, que lleva documentando este abuso hacia los migrantes en México desde 1997, explicó que en los recorridos que han realizado por estos centros migratorios han observado que “no son adecuados los baños ni las camas, no hay ventilación, nada. Inclusive parecen prisiones”, detalló Ochoa.
Cuando los migrantes se sienten mal y acuden a los médicos que están en estos lugares simplemente les dicen que están fuera de servicio o sólo les dan una pastilla, agregó.
“El INM tiene muchísimo presupuesto y gran parte se va en estos centros porque la política de privación de la libertad es cara y es riesgosa; no le invierten a entender cómo debe ser una nueva política migratoria en México y aquí, la responsabilidad viene desde las más altas esferas, no se ha determinado una política propia, asumiéndonos como un país de tránsito y destino”, dijo la Directora de Sin Fronteras.
¿Qué implica asumirse como tal?, pues aplicar los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que prevé primero identificar a las personas, darles documentos, una estancia legal en el país, acceso a la justicia, al sistema bancario, a los derechos, “eso dice el pacto mundial, que la gente tenga un trabajo regular, ir a la escuela y eso es en lo que no se ha invertido”, agregó Saiz Valenzuela.
