Hace unos días, El Confidencial dijo que la Guardia Civil interrogó a Felicísimo Ramos, un antiguo director de control de gestión de OHL. “Entonces, Ramos admitió haber ordenado en 2007 a la filial de OHL en México que pagara los 2.5 millones de dólares (1.4 millones de euros al cambio de la época) del presunto soborno al ex Presidente de la Comunidad de Madrid”.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– Un alto funcionario de OHL grabó sus encuentros con políticos españoles para sobornarlos y obtener de manera ilegal obra pública en el Caso Lezo, un escándalo de corrupción que involucra la filial de la constructora en México. De acuerdo con las investigaciones, al menos una parte del dinero que se usó para comprar voluntades cruzó el Atlántico.
OHL ha sido señalada como la fuente de recursos del grupo político del ex Presidente Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Hasta donde se tiene conocimiento, OHL no es investigada aquí.
El diario español El Confidencial narra este día:
“El caso sobre la presunta trama de sobornos que habría diseñado OHL para llevarse adjudicaciones por toda España valoradas en más de 700 millones de euros tiene su origen en un hallazgo sorprendente. La primera pista apareció en abril de 2017, durante los interrogatorios iniciales de la operación Lezo, un procedimiento dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en contratos de la Comunidad de Madrid y en la gestión de la empresa pública del agua, Canal de Isabel II”.
Agrega que OHL es uno de los actores principales de ese escándalo. “Una de las piezas de esta macrocausa gira en torno a un presunto pago de 1.4 millones de euros que la compañía de Juan Miguel Villar Mir habría realizado al expresidente madrileño del Partido Popular (PP), Ignacio González, para amañar el contrato de construcción y gestión de la línea de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación se cerró en 2008 en 364 millones de euros”.
De acuerdo con El Confidencial, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a las oficinas de la empresa para llevarse diversa documentación relacionada con esa supuesta comisión ilegal y para tomar declaración a los directivos y trabajadores que pudieron haber intervenido en ella.
“En uno de esos interrogatorios saltó el primer indicio. Una empleada que ocupaba un puesto de segundo nivel en el organigrama de la compañía deslizó a los investigadores del Instituto Armado en dos ocasiones, probablemente de forma involuntaria, que había un directivo de la multinacional que guardaba grabaciones de sus reuniones con funcionarios y dirigentes políticos de diferentes administraciones. El alto cargo al que se refería la empleada era Paulino Hernández, que en ese momento era director general de Obra Civil Nacional de OHL, es decir, el máximo responsable de la división de grandes obras públicas, la línea de negocio más rentable de la constructora con diferencia”, dice el diario español en línea, uno de los más influyentes.
Paulino ya no trabaja en OHL. Se incorporó al grupo en 1981, solo dos años después de terminar sus estudios. Desde entonces, había permanecido vinculado a la empresa. Sin embargo, en mayo de 2017, solo un mes después de que estallara el caso Lezo, se desvinculó de la constructora, explica la publicación firmada por José María Olmo.
“Aquellos comentarios sobre unas supuestas grabaciones sonaron tan naturales que no llamaron la atención de los agentes. Sin embargo, cuando terminó el interrogatorio, esas palabras empezaron a retumbar en sus cabezas. ¿Y si era cierto que un directivo de OHL tenía audios de sus negociaciones con políticos, técnicos y funcionarios de distintos organismos? ¿Y si en esas conversaciones aparecían hechos delictivos? La UCO solicitó entonces autorización al instructor del caso Lezo, el juez Manuel García Castellón, para registrar la vivienda de Paulino en busca de las supuestas cintas”, dice el periódico.
“La diligencia de entrada en su casa se produjo solo unas semanas después de la primera fase de la operación Lezo. Lo que contó la empleada era verdad. Dentro de la vivienda de Paulino, los agentes encontraron un auténtico arsenal sonoro al más puro estilo del comisario Villarejo, carpetas y carpetas de grabaciones presuntamente realizadas por el propio directivo en las que aparecían decenas de funcionarios y políticos corruptos aceptando dinero y regalos a cambio de contratos de obra pública que alcanzaban importes astronómicos”, agrega.
Hace unos días, El Confidencial dijo que la Guardia Civil interrogó a Felicísimo Ramos, un antiguo director de control de gestión de OHL.
“Entonces, Ramos admitió haber ordenado en 2007 a la filial de OHL en México que pagara los 2.5 millones de dólares (1.4 millones de euros al cambio de la época) del presunto soborno al ex Presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la concesión del contrato para la construcción y gestión del Cercanías de Navalcarnero. El dinero se quedó finalmente por el camino”.
El medio destacó que fuentes cercanas al caso de investigación por corrupción, a cargo de la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción de aquél país, revelaron que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentó los pagos durante un registro hecho en el marco de la operación Lezo, de 2017.
Las operaciones ilícitas se habrían concentrado en dos gobiernos autonómicos de Madrid, los de Andalucía y Canarias; así como en el Ministerio de Fomento, que es el encargado del transporte terrestre, aéreo y marítimo, su control, ordenación y regulación administrativa.
Esta información fue revelada el miércoles pasado, luego de que el juez Manuel García Castellón acordó hacerla pública y con ello se conoció que hay al menos dos directivos de la multinacional involucrados, Felicísimo Ramos y Paulino Hernández, quienes ya fueron citados a declarar.
La investigación abrió otro frente de investigación por corrupción dentro de la constructora, como los de Púnica y Lezo, la primera referente a la financiación irregular al Partido Popular de la Comunidad de Madrid; y el segundo a la adjudicación de una vía de tren en Navalcarnero.
De acuerdo con El Confidencial, desde la fundación de OHL, en 1911, ninguna de las personas que colabora en la estructura de la empresa ha sido condenada por algún caso de corrupción.
Desde el año pasado, la Audiencia Nacional de España realiza una investigación secreta del caso de corrupción llamado “Operación Lezo”, que implica a Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, a altos funcionarios y a la empresa OHL.
