Con tres asesinatos y al menos dos ataques en contra de periodistas, marzo se convirtió en uno de los periodos de mayor violencia contra la prensa en México en la última década, sólo comparable a los diez días de 2012 en los que, en Veracruz, asesinaron a cuatro comunicadores; entre ellos la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– No había pasado ni una semana del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea en Chihuahua cuando, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, la casa del reportero Julio Omar Gómez fue incendiada de manera intencional por agresores que también le dispararon a su guardaespaldas.
Un día después, en Poza Rica, Veracruz, el jefe de redacción del periódico La Opinión fue atacado por pistoleros que lo dejaron entre la vida y la muerte.
Antes, el 2 de marzo, en Guerrero, había sido asesinado Cecilio Pineda Brito, director de La voz de Tierra Caliente. Y, el 19 siguiente siguiente, Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político, fue también víctima de homicidio frente a su familia.
Marzo se convirtió así en uno de los periodos de mayor violencia contra la prensa en la última década, considera Leopoldo Maldonado, encargado del programa de Protección de la organización Artículo 19, sólo comparable a los diez días de 2012 en los que, en Veracruz, asesinaron a cuatro comunicadores; entre ellos la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez.
“No hay una política de Estado en materia de protección a periodistas”, dice Maldonado.
“Hay una serie de acciones fragmentadas, hay leyes, instituciones especializadas en materia de libertad de expresión, específicamente en materia de protección y de procuración de justicia, pero ninguna de estas instancias tiene una coordinación eficiente y efectiva”, agrega.
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México lleva años en la lista de los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo. De acuerdo con el conteo de Artículo 19, Breach Velducea, corresponsal en Chihuahua del periódico La Jornada, se convirtió en la periodista número 103 en ser asesinada en este país desde el inicio de este siglo.
La misma estadística muestra que la violencia se agudizó a partir de 2006, año en el que fueron asesinados 10 periodistas y en el que, en diciembre, tomó posesión el Presidente Felipe Calderón, que también entonces declaró su estrategia de “combate frontal” al narcotráfico.
A partir de entonces, indica el conteo de Artículo 19, en el país han sido asesinados 78 comunicadores; 48 en el sexenio de Felipe Calderón y otros 30 –hasta el crimen de Miroslava Breach, registrado el 23 de marzo– en lo que va de la administración del priísta Enrique Peña Nieto.
“Hablamos de un deterioro de las garantías que hay para el ejercicio del periodismo prácticamente en cualquier parte del país”, dice Javier Garza Ramos, periodista y asesor en materia de seguridad de la Asociación Mundial de Periódicos.
Como Maldonado, Garza advierte que el contexto de ataques a la prensa de la última década motivó la creación de diferentes instancias para atenderla, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en funciones desde 2010; el mecanismo de protección a periodistas y defensores, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y la federalización de los delitos cometidos contra representantes de medios de comunicación.
Instituciones, observan los entrevistados, que, de no ser por su ineficacia, dejarían a México como uno de los países que mayor respuesta ha dado a la problemática de agresiones a la prensa.
“Creo que México es el país que más atención pone para garantizar la libertad de expresión, si lo mides por el numero de instituciones, instrumentos o leyes que se han creado”, dice Garza.
“El problema es que nadie se ha tomado el cuidado de que esos instrumentos y leyes funcionen. En México creen que creando una ley ya se solucionó el problema (…) ¿Cómo te explicas que estamos peor que la época en la que no teníamos estas cosas?”, agrega.
En el centro de la problemática, ubican los entrevistados, se encuentra la impunidad en la que, advierte Maldonado, han quedado hasta un 99.7 de las agresiones cometidas contra los comunicadores y que han sido atendidas por la Feadle.
“Creo que está claro que la falta de impartición de justicia es un elemento clave para que estos hechos se sigan multiplicando de manera casi perenne durante más de una década”, dice Carlos Lauría, director del Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés).
“Es evidentemente un impedimento mayúsculo en términos de encontrar respuestas, y es un incentivo para que se sigan produciendo, porque los responsables de estos crímenes, evidentemente, sienten que el peso de la ley nunca va a caer sobre ellos; entonces, es un mensaje de que pueden seguir haciéndolo sin ser castigados”, agrega Lauría.
Si bien este tipo violencia tiene en los periodistas a las víctimas directas, las consecuencias de las agresiones en su contra, advierten las fuentes entrevistadas, es para la sociedad entera y, en específico, para la salud de la democracia mexicana.
“Es una profunda crisis de libertad de expresión, que deja a la democracia herida, porque ya no es una cuestión sólo de periodistas; obviamente que ellos están sufriendo directamente, pero ¿cuál es el problema cuando se afectan derechos humanos fundamentales tan importantes? Primero, que la sociedad mexicana en su conjunto, incluyendo periodistas, no pueden debatir en forma abierta, franca, los temas que más afectan a los ciudadanos”, advierte Lauría.
“En muchas regiones, no sólo en la frontera norte, hay periodistas y medios con terror, amordazados, que trabajan en un clima de intimidación en el que es muy difícil informar sobre los temas que más importan a sus comunidades, y una sociedad menos informada es una sociedad menos democrática”, agrega.
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El silenciamiento de los periodistas que ven caer a sus compañeros es una de las principales consecuencias, coincide Garza, que también hace notar cómo este tipo de violencia se ha concentrado en estados de la república fuera de la Ciudad de México.
“Están inhibiendo las coberturas en las distintas regiones, que es un problema principalmente de los estados y que es uno de los factores que está deteriorando el periodismo local, que de por sí está siendo azotado por factores económicos, tecnológicos, y aparte este de violencia, estás dejando a grandes sectores de la población sin informarse”, dice Garza.
“Imagina el clima de enfriamiento del periodismo en Chihuahua, por ejemplo, con el caso de Miroslava, si vemos que la hipótesis es que la pudieron haber matado por investigar grupos del narco en colusión con políticos. ¿Cuál es el efecto en el periodista que a lo mejor ahorita lo estaba investigando pero no había publicado? Es un efecto inhibidor, como lo hemos visto en Tamaulipas, como lo hemos visto en Veracruz”, agrega Garza.
Además de la impunidad, menciona Lauría, la incapacidad del Gobierno mexicano para detener los ataques a la prensa muestran que defender la libertad de expresión y el derecho a la información, aun cuando están consagrados en la Constitución Política, no son una prioridad en México.
“Con (Vicente) Fox se creó una Fiscalía de Atención a Delitos Contra Periodistas, a la que después con Calderón se le amplió la facultad para convertirla en Feadle; también se creó el mecanismo de Protección y luego hubo una enmienda constitucional ampliando las facultades de la Federación para intervenir. Es decir, se crearon organismos procesales e investigativos”, dice Lauría.
“Y uno puede pensar que ya no hay excusas; sin embargo, la impunidad sigue presente. Y creo que aquí hay una cuestión clave de si es esto para el Gobierno de México un tema central, y esa es la cuestión: no lo ha sido; no es un tema prioritario para la agenda de México”, agrega.
