El obradorismo ha abandonado la tradición mexicana de protección a los migrantes. Lo ha hecho, además, sacrificando la soberanía nacional y probablemente violando convenios internacionales en la materia.

Aunque esto lo sabemos desde hace tiempo, las revelaciones del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, en su reciente libro “Never Give an Inch” según las cuales Estados Unidos le impuso al Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el programa Quédate en México, también conocido como Protocolos de Protección del Migrante, han puesto una vez más el reflector en el Gobierno mexicano. Cómo es de todos conocido, este programa obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la resolución de sus casos en campamentos para migrantes en México, con todo lo que esto conlleva.

Su aceptación entrañó indudablemente que nuestro país acataría en los hechos un acuerdo de Tercer País seguro. Este acuerdo beneficiaba los intereses del Gobierno de Donald Trump pero no necesariamente el de México. Y así fue. A raíz de esto el Gobierno mexicano ha utilizado a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración para impedir el paso de migrantes centroamericanos y de otros países a territorio mexicano. Tal como se práctica en los hechos, esta política contradice el derecho a la libre circulación de personas y el derecho al asilo, que están regulados por diversos mecanismos internacionales. En efecto, son varios los testimonios de violaciones a los derechos humanos en nuestras dos fronteras, como lo han señalado y documentado numerosas organizaciones, entre las que destaca Human Rights Watch.

Estás violaciones a derechos fundamentales ocurren prácticamente todos los días, aunque no podemos dejar de señalar, por su impacto en nuestras conciencias, los casos de los 53 que murieron en un remolque encontrado en San Antonio, Texas y los 55 que murieron en Chiapas, al volcarse el camión en que viajaban hacinados.

A pesar de esto, el Gobierno mexicano ha aplicado, también en este ámbito, su política fallida e infame de austeridad. Así, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no ha sido debidamente equipada tanto en recursos materiales como humanos para desempeñar su misión. Esto tendría que cambiar pronto pero el Presidente y sus representantes en el Congreso han decidido no hacer nada al respecto.

En un sentido más amplio, lo que sigue es que tanto los gobiernos de Estados Unidos como el de México se ciñan de inmediato a los cuatro pilares de respeto a los derechos humanos de los migrantes en los que se funda la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Estos pilares son 1) promover la estabilidad y la asistencia a las comunidades; (2) ampliar vías legales de protección a migrantes; 3) mejorar la gestión humana de la migración; y (4) responder a emergencias de manera coordinada.

Como el caso del tráfico de drogas, el problema de la migración es poliédrico y requiere de enfoques múltiples, así como de la colaboración de todas las naciones en el Hemisferio Occidental. Así, la Declaración de Los Ángeles es ciertamente un paso en la dirección adecuada. Pero para que esta tentativa multilateral tenga éxito se necesita que los países adecuen sus políticas en la materia a los objetivos conjuntos. Hasta ahora el Gobierno mexicano no lo ha hecho y no parece que lo vaya hacer en los dos años que le quedan.

Pero los migrantes y sus familias no pueden esperar más tiempo y cada minuto es esencial. Es hora de regresar a la gran tradición mexicana de asilo y respeto a los migrantes que ha caracterizado a nuestro país a lo largo de su historia. Así debe ser.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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