Un Juez de la CdMx sentenció a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira. José Huber Olea Contró, presuntamente vinculado con Moreira, consideró que Sergio Aguayo dañó la “moral” de ese ex Gobernador de Coahuila a través de un artículo de opinión publicado en Reforma. Esta semana, el reconocido académico, periodista y activista tuvo que pagar 450 mil pesos para evitar que sus bienes sean embargados.

Desde luego, a estas alturas no hacen falta recordatorios de que buena parte del Poder Judicial en México sigue siendo un nido de bichos y de que, en general, sus resultados son una vergüenza. Tampoco es necesario convencer a alguien de que la libertad de la prensa en México es constantemente amenazada. Sin embargo, cuando uno considera la posición y la relevancia de los personajes implicados, es claro que el caso de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo está destinado a convertirse en una exhibición paradigmática tanto del deteriorado estado de justicia y de la libertad de expresión en nuestro país. Y es que hay cuando menos tres maneras distintas de argumentar que un resultado a favor del político priista sentaría un precedente negativo en ambos sentidos.

(1) La primera es que el resultado final probablemente influirá en la altura de la vara con que otros jueces medirán demandas similares. Supongamos que un académico y periodista con la trayectoria, reconocimiento y respeto que merecidamente ha logrado Sergio Aguayo es “derrotado” legal y públicamente por un político con un tufo como el que desprende Humberto Moreira. Entonces, considerando la descomposición del Poder Judicial, sería difícil que otras personas dedicadas al periodismo menos reconocidas estar pueden estar exentas de la posibilidad de sufrir injusticias similares de jueces presuntamente vinculados con políticos menos olorosos y en casos menos publicitados.

Alguien podría objetar que el periodismo en México enfrenta actualmente amenazas más graves que las demandas judiciales de políticos con problemas de indigestión democrática. Aunque esta afirmación puede ser cierta, de ella no se sigue que la posibilidad del uso faccioso del judicial contra periodistas deje de ser una amenaza real contra quienes ejercen esa profesión y, por ende, contra la libertad de expresión en México. Esto es, no se necesita de la violencia física para silenciar a las voces críticas.

(2) La segunda forma de argumentar que una decisión a favor de Humberto Moreira establecería un precedente negativo tiene que ver con la esperable lluvia de demandas contra periodistas que motivaría un “triunfo” legal de ese ex presidente nacional del PRI. Tal como el propio doctor Aguayo ha expresado, los casos de demandas contra periodistas recientemente se han multiplicado.

Si el hecho de presentar, en el marco de un análisis cuidadoso, las posibles acciones u omisiones de Humberto Moreira puede traducirse en una demanda por difamación, entonces críticas a personajes menos olorosos podrían correr la misma suerte. Es decir, si Moreira puede exitosamente alegar que su árbol de moras ha sido dañado, entonces figuras con más escrúpulos podrían sentirse empoderadas para hacer lo mismo. A su vez, este fenómeno generaría un cambio significativo en la forma como se critica públicamente a nuestra clase política; no todas las personas que ejercen el periodismo están en condiciones de enfrentar procesos de este tipo.

Con ayuda de una buena dosis de cinismo, a lo anterior se podría replicar que todas las personas tienen derecho a defender su honor cuando consideran que ha sido dañado. Si bien lo anterior puede ser en principio correcto, de aceptar este derecho no se sigue que quien se defiende deba derrotar a quien supuestamente la ha dañado. A ello debemos sumar que la “difamación” asunto controvertido y gelatinoso, y que cuando las fronteras son borrosas, suele ser mejor borrarlas. También se podría alegar que las periodistas y los periodistas tendrían que criticar con más cautela para evitar expresar difamaciones. Este punto es defendible. Sin embargo, ciertamente este no es el caso de Sergio Aguayo, un escritor analítico, cuidadoso y meticuloso como pocos.

(3) La tercera forma en que una decisión a favor de Moreira constituiría una referencia negativa está relacionada con la desmoralización que, en sentido doble, se derivaría de ella. Para entender el primer sentido de esta desmoralización es necesario tomar en cuenta que los casi 50 años de trayectoria académica, periodística y activista de Sergio Aguayo constituye son, en sí mismos, la aportación invaluable de un individuo a México. En este sentido, su trayectoria ha convertido al doctor Aguayo en un referente para muchas mexicanas y mexicanos -incluido el autor de esta columna-.

Que nuestro país puede castigar injustamente a alguien le ha dado tanto; a quien con su labor inspira a otras personas a seguir sus pasos, es una idea tan ridícula como desmoralizante. A México le urge contar con más Sergios Aguayos, y con menos Humbertos Moreiras. Pero para esto claramente no va a ocurrir si debilitamos a los primeros y fortalecemos a los segundos.

En segundo lugar, un triunfo de Humberto Moreira mandaría el mensaje de que, en pleno 2020 y a pesar de lo que se ha anunciado como un “cambio de régimen”, la justicia en México sigue siendo lamentable. Esto representa una espina en el zapato para todas las personas que queremos ver una transformación real e integral, y un recordatorio contundente de un saldo pendiente el los tiempos de Morena, el partido que controla las dos cámaras y tiene facultad de legislar reformas en materia de impartición de justicia apegadas a derechos humanos y con largo alcance.

Aunque en México existe formalmente la división de poderes, lo que ocurra con el sistema de justicia no está desligado de los resultados que terminará ofreciendo el poder ejecutivo. Un claro ejemplo de ello es el rol de los jueces en el problema de la violencia. Por ende, el Presidente y su partido tendrían que estar conscientes de la urgencia de mandar el los hechos y en el discurso una señal de que estamos en los prolegómenos de una nueva, mejor, era. Un resultado desfavorable para Sergio Aguayo mandaría el mensaje de que no es ahí donde nos encontramos.

La buena noticia es que, a pesar de los resultados provisionales han sido negativos para Sergio Aguayo, su caso se ha colocado en la primera línea del debate público. El poder judicial no está ni debería estar exento de transparencia y de vigilancia ciudadana. En este sentido, el apoyo que periodistas, medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad académica y personas familiarizadas con su trabajo han manifestado a Sergio es impresionante y podría terminar por inclinar la balanza a favor de la justicia.

Ayer, Artículo 19 publicó una carta donde más de 2 mil organizaciones de la sociedad civil, académicas/os y periodistas firmantes expresamos nuestra preocupación por el hostigamiento judicial en contra Sergio Aguayo.[1] Además, este académico dio a conocer en sus redes sociales que la SCJN atraerá el amparo que ha promovido por considerar que la sentencia que lo condena es violatoria de la libertad de expresión.

Ambos eventos representan importantes triunfos para el capital social positivo al que ha dedicado parte de su vida Sergio Aguayo. Si bien se requiere más de una golondrina para hacer el verano, estos eventos son también una ruta abierta hacia la posibilidad real de justicia. Un inmejorable recordatorio de que, incluso en México, cuando lo que se siembra en buena tierra es mucho, unos cuantos bichos difícilmente podrán evitar su cosecha.

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[1] https://articulo19.org/periodistas-academicos-as-y-sociedad-civil-exigen-al-consejo-de-la-judicatura-de-la-cdmx-actuar-frente-al-acoso-judicial-en-contra-de-sergio-aguayo/

Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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