De acuerdo a un documento, foliado con el número 00513845791, de caso 15-60532, de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito, al que tuvo acceso el diario Vanguardia, un sujeto identificado como José Iruegas Valdez, quien se convirtió en informante en 2011, solicitó protección porque presuntamente tiene nexos familiares con José Luis Garza y Héctor Moreno, quienes al parecer fueron miembros del cártel de Los Zetas
Por Francisco Rodríguez
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo/Vanguardia).- Un hombre que solicitó protección en Estados Unidos por miedo a ser perseguido por Los Zetas, presuntamente también proporcionó evidencias que señalan a un Gobernador de Coahuila como “aliado cercano” a ese grupo criminal, quien, además, “permitió el ataque” de Allende en 2011, masacre en la cual al parecer participaron policías de manera activa.
De acuerdo a un documento, foliado con el número 00513845791, de caso 15-60532, de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito, al que tuvo acceso el diario Vanguardia, un sujeto identificado como José Iruegas Valdez, quien se convirtió en informante en 2011, solicitó protección porque presuntamente tiene nexos familiares con José Luis Garza y Héctor Moreno, quienes al parecer fueron miembros del cártel de Los Zetas
Sin embargo, éstos traicionaron a dicha organización criminal y huyeron a EU con cinco millones de dólares en efectivo y algunos libros de contabilidad del grupo delictivo.
Desde ese momento Los Zetas emprendieron una venganza en Allende, los Cinco Manantiales y Piedras Negras, con el objetivo de desaparecer y asesinar a todos los que tuvieran relación con José Luis Garza y Héctor Moreno.
En la audiencia, Iruega Valdez declaró que tenía miedo de regresar a México porque una prima hermana se casó con un tío de Garza, mientras que Moreno es segundo primo por parte de la madre.
“Los Zetas... enviaron 50 camionetas de gente donde yo nací, fueron a la ciudad y levantaron a muchos miembros de mi familia”, relató.
Declaró que al menos 10 de sus familiares cercanos fueron asesinados, entre ellos su primo hermano, Arnoldo Pérez Iruegas Velasco, quien fue decapitado, y la esposa de Arnoldo, quien en ese momento estaba embarazada de 8 meses.
Iruegas Valdez afirmó que al menos 200 personas asociadas con los Garza y Moreno fueron ejecutadas y que el cártel sigue buscando miembros de la familia.
Por lo que Iruega pidió protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) en EU y acudió a la Corte de Apelaciones demandando a la Fiscal General Sally Q. Yates, la misma que ayer despidió el presidente de EU, Donald Trump, por ordenarle al Departamento de Justicia no defender el veto migratorio.
Además apeló ante la negativa de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés) y el Juez de Inmigración de solicitar la retención.
En primera instancia, el argumento de la negativa estribó en que la tortura se relacionaba con acciones por parte de funcionarios públicos, situación que según la BIA y el Juez de Inmigración, no acreditaba el solicitante.
Sin embargo, con fecha del 23 de enero de 2017, la Corte de Apelaciones anuló la decisión y pidió que se regresara el asunto y se tomara en cuenta las pruebas de que los policías fueron participantes activos en la masacre y de que un Gobernador de Coahuila era un aliado de Los Zetas y permitió el ataque, pues la Fiscal
General consideró que ni la BIA ni el Juez de Inmigración consideraron estas pruebas para determinar si el solicitante sería torturado “por” o con el “consentimiento” de funcionarios gubernamentales, lo que calificó como de un error.
