La semana pasada se celebró el Día Internacional del Derecho a Saber, instituido en 2002 en Sofía, Bulgaria, en el marco de la fundación de la Red de Activistas por la Libertad de Información. A 14 años de su primera conmemoración, hay varias reflexiones que ameritan volver a ser traídas a la mesa.

En materia de acceso a la información, la sociedad sigue dividida, en México y en el mundo, entre quienes sí tenemos acceso a diferentes fuentes de información y quienes no. Ya sea por una absoluta ignorancia de las distintas realidades sociales o por conveniencia, en países como el nuestro los gobiernos y algunas empresas dan por hecho que toda la población cuenta con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y, desde esta perspectiva, construyen sus estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, incrementando con ello la exclusión en la que viven las personas de las comunidades más alejadas y pobres.

Entonces, el primer problema para acceder a la información pública está en la brecha digital. En México, según cifras del INEGI, 42.6 por ciento de las y los mexicanos mayores de seis años no cuenta con acceso a internet. No obstante, el sistema nacional de acceso a la información fue concebido para funcionar principalmente a través de plataformas digitales y bajo la lógica de que las personas nos acercamos a la información, no viceversa. Así, quienes tienen más posibilidades para hacerse de insumos informativos son las y los sujetos que tienen más acceso a servicios, más garantías e, incluso, más libertades.

La exclusión de la sociedad de la información es una fuente importante de poder para los partidos políticos y el gobierno. La gente mal informada o desinformada cuenta con menos herramientas para exigir el respeto a sus derechos, ya que, en ocasiones, desconoce incluso que los tiene. Vivir sin información suficiente provoca también incertidumbre y miedo: carecer de información, a nivel personal y comunitario, facilita el ejercicio de mecanismos de coerción -como la amenaza y la intimidación- por parte de actores políticos y sociales que aprovechan estos vacíos y los usan para su beneficio.

Por ejemplo, en algunas comunidades del estado de Chiapas -una de las entidades con mayor marginación a nivel nacional- la constante amenaza de suspensión o retiro de los apoyos de programas sociales convierten en esclavas y esclavos a las y los beneficiarios. A pesar de que las reglas de operación de dichos programas son claras con respecto al papel que deben desempeñar las y los promotores, así como en lo relativo a la prohibición de su uso para cualquier otro fin que no sea el vinculado al desarrollo social, la falta de acceso a esta información y la manipulación ejercida por parte de las autoridades y promotores/as colocan a las y los pobladores en una posición de desventaja y vulnerabilidad con respecto de quienes tienen el poder de garantizar o no su permanencia en los padrones de beneficiados.

Tal es el caso de lo sucedido en la comunidad de Cuauhtémoc, municipio de Palenque, Chiapas, donde a las beneficiarias del Programa PROSPERA se les condicionó la entrega de los apoyos a la asistencia a chequeos médicos y a reuniones que sólo se ofrecían en el centro de salud de otra comunidad, llamada El Naranjo, para lo cual ellas debían trasladarse, con todas las dificultades que ello implica en contextos de pobreza como éste y -sobretodo- cuando se tienen problemas de salud o discapacidad, so pena de perder lo que para muchas representa su único medio de subsistencia.

En el mismo tenor, también es usual que quienes buscan información – sean miembros de las comunidades o aliados/as de éstas- para atender, comprender o satisfacer necesidades e inquietudes de las y los pobladores son amenazados/as y acosados, en tanto se convierten en fuentes de información que ponen en riesgo el sistema de privilegios, corrupción e impunidad promovido a través del monopolio estatal de la información. Aunque en las leyes y el discurso se hable de la publicidad de la información, no es así: el patrimonialismo de la información sigue siendo la cultura que permea a las instituciones del Estado.

Para que las personas participemos de y en la vida democrática -y nuestra participación sea efectiva- requerimos mucho más que tener la posibilidad de concurrir a las urnas y votar. Requerimos de información plural que nos permita conocer, por ejemplo, las diferentes aristas y perfiles de quienes conformar nuestro gobierno; requerimos también de información que nos permita reconocer el contexto en el que nos encontramos y los retos a los que nos enfrentamos; información que nos permita exigir y proponer, cuestionar y negociar. Requerimos medios independientes, diversos y accesibles que nos provean de información veraz. Sin esto, más de la mitad de las y los mexicanos seguirá siendo incapaz de acceder a la información y el derecho a saber seguirá siendo sólo para unos cuantos. Esta es la deuda pendiente.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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