Después de la mayor filtración de documentos financieros de la historia: Los Panamá Papers, ahora tenemos la nueva filtración de datos bancarios de paraísos fiscales se llama: Bahama leaks. De una lista de nombre de más de 175 mil, al menos 432 mexicanos o personas con inversiones en nuestro país han aparecido con empresas asentadas en uno de los paraísos fiscales más conocido del mundo: Bahamas.

Los datos, contenidos en 1.3 millones de archivos que constituyen Bahamas Leaks, fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que compartió su hallazgo con el Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus socios, como ocurrió en abril Consorcio pasado con la revelación conocida como Panama Papers. En el caso mexicano, en esta ocasión los socios del ICIJ son periodistas que trabajan para Aristegui Noticias, la revista Proceso, así como en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los nombres de los mexicanos surgieron dentro de una investigación periodística internacional llamada Bahamas Leaks,  a través de la cual se logró identificar 175 mil 888 firmas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personajes de todo el mundo.

Tener cuentas offshore no es un delito per se. El delito sería abrir una cuenta para evadir el pago de impuestos según las leyes mexicanas. La pregunta, que todavía no se ha hecho a esos mexicanos es: ¿Declararon dicha transferencia a las autoridades mexicanas?

El antecedente es contundente. Después de la publicación de los Panamá Papers en abril 2016, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) inició 67 auditorías de los nombres que aparecían en la lista filtrada. Y, mejor aún, el SAT pudo recuperar 438 millones de pesos de impuestos evadidos y aún se encontraban en proceso de cobrar 187 millones de pesos más. Nunca se supo la identidad de las personas que mandaron su dinero a Panamá para evadir impuestos.

En el caso de Bahamas Leaks la lista no es menor, hay nombres de accionistas que cotizan en bolsa así como ex servidores públicos y funcionarios en activo. Por ejemplo, el ex Gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, quien también fue secretario de Energía, así como de Economía en el Gobierno del ex Presidente Vicente Fox; Niurka Saliva Benitez, esposa del ex Alcalde de Cancún, quien fue encarcelado en el año 2011 acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.

Otro de los personajes vinculados con la política encontrados en Bahamas Leaks fue el ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien junto con socios, los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda crearon la empresa en el paraíso fiscal en octubre del 2014.

Un nombre en la lista sobresale. Es el de Sergio Villareal, quien hasta hace poco se desempeñó como gerente de comercialización de petroquímicos básicos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según la investigación realizada es completamente irregular que la paraestatal tenga subsidiarias internacionales a nombre de personas físicas que son sus empleadas.

Muchos empresarios hablan que en México no se cumple con el Estado de derecho. Que es un país sin leyes y que la impunidad es lo que reina. Entre los empresarios surgidos en la base de datos está Gastón Azcárraga, quien fue uno de los dueños de la desparecida Mexicana de Aviación así como de Grupo Posadas que aglutina a más de 100 hoteles. Así como Olegario Vázquez Raña, su hijo Olegario Vázquez Aldir y su esposa, María de los Ángeles Aldir, quienes conforman uno de los grupos empresariales que más han expandido sus negocios durante los últimos dos sexenios, comenzando por haber obtenido la concesión de la tercer cadena de televisión abierta y la asignación por 7 mil 359 millones de pesos para la construcción de la pista 3 del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Otros empresarios surgidos en esta investigación están vinculados al Grupo Bachoco y Grupo Soriana, una de las cadenas de tiendas de autoservicio más conocidas en el país anunció la compra de 157 sucursales de uno de sus principales competidoras, Comercial Mexicana.

Ricardo Pierdant, quien recientemente cobró notoriedad en los medios de comunicación por haber pagado 29 mil 703 dólares del impuesto predial para un departamento en Miami propiedad de la Primera Dama,  Angélica Rivera, y que ha hecho negocios tanto en México como en Estados Unidos  a través de al menos 15 empresas, tiene dos compañías en Bahamas: Grantley Ventures Ltd. y Crimson Worldwide Ltd.

Cada día es más difícil perseguir la corrupción. La filtración de bases de datos –como Panamá Papers y Bahamas Leaks- tienen un fin periodístico y de interés público. Está claro que tener dinero en paraísos fiscales no constituye un delito. Pero puede ser un delito grave en la forma de evasión fiscal. Lo que aporta el ejercicio periodístico es transparencia y rendición de cuentas. El periodismo hizo su parte. Habrá que esperar a que las autoridades hagan el suyo.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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