De pie sobre el balcón, Angélica Rivera observaba el zócalo con el torso erguido. Cubierta con un delicado encaje azul, bordado con incrustaciones de piedras, la imagen de la primera dama confirmaba una noticia que el portal Cuna de Grillos había adelantado: durante la ceremonia del grito por la Independencia usaba nuevamente un vestido que estrenó en 2014, en un encuentro con la monarquía española.

La nota de la repetición del atuendo diseñado por el mexicano Benito Santos rebotó en la prensa durante varios días. Se trataba, decían, de un adelanto a las medidas de austeridad que el gobierno de su esposo, Enrique Peña Nieto, ha propuesto para el próximo año fiscal.

Mi apuesta era que en los siguientes días algún miembro ofendido del gobierno nos diría que esto era un invento, porque la señora Rivera no es funcionaria pública, no recibe un sueldo del gobierno y, por tanto, no está incluida en las medidas de austeridad, simplemente porque en los años anteriores nosotros tampoco hemos pagado sus vestidos, sus zapatos, sus peinados, sus costosos maquillajes.

Hasta el momento en que escribo esta columna, tal desmentido no ha sucedido. Leo este silencio como un reconocimiento tácito de que en México se usa a conveniencia el membrete de que Rivera “no es funcionaria pública” y por tanto no le aplican a ella las medidas de austeridad, como tampoco las de transparencia en el gasto, la rendición de cuentas, los límites legales para recibir regalos.

La ley no obliga a Rivera a declarar sus bienes, dado que ella no recibe un sueldo. Sin embargo, tampoco existe información pública sobre todos los gastos en especie que ella recibe diariamente e incluyen hospedajes, transportes, seguridad, vestimenta, arreglo personal.

La repetición del vestido y el mutismo oficial sobre la versión de que era una medida de austeridad adquirió un significado mayor cuando leí, en plena fiesta familiar por la independencia a ritmo de mezcal y Juan Gabriel, que el periódico británico The Guardian se disculpaba con el amigo del presidente, Ricardo Pierdant y con su hermana, Aurora Pierdant, por varios fragmentos de un reportaje publicado en agosto, que causó conmoción en las redes sociales y los periódicos mexicanos.

En sendas cartas, el medio anunció que retiraba de su sitio web las notas que aludían a los hermanos y su supuesto conflicto de interés con el gobierno de Peña Nieto. Al anuncio sobrevino otro silencio oficial y la omisión a las respuestas que aún quedan vigentes sobre el caso.

Desde la investigación que hicimos en Univision durante varios meses sobre el empresario y su relación con el presidente, habíamos detectado un reto especial: comprender cómo Pierdant logró comprar un departamento contiguo al de la familia presidencial, de contado y sin la ayuda de un amigo rico, mientras enfrentaba litigios por otras deudas.

El tema incluía un componente más misterioso, que se aunaba a dos coincidencias inexplicables: ¿por qué Pierdant, que ha invertido en propiedades en distintas zonas de la ciudad de Miami, decidió comprar el departamento justo encima del que Rivera había adquirido en 2005?

Y, más curioso aún, ¿por qué la compra y escrituración del inmueble del empresario, sucedida entre el 22 y el 26 de enero de 2010, coincidía exactamente con una visita de Peña Nieto a Miami?

La respuesta a estas preguntas no tenía, sin embargo, una repercusión legal para el presidente, que necesitara aclararse.

Más tarde surgieron otras que sí lo tienen, de acuerdo con la ley que regula en México el comportamiento de los servidores públicos: ¿Por qué Peña Nieto aceptó que su amigo le prestara un departamento de lujo durante sus viajes a Miami? ¿Por qué no pagó de su bolsillo o, incluso, del erario público, el espacio extra que necesitaba durante sus vacaciones?

En este punto Pierdant fue muy claro, cuando respondió a Univision. Dijo que los préstamos habían sido para su amigo y ex compañero de la universidad, a quien conocía desde los 18 años. A su amigo, que sí es funcionario público y sí tiene obligaciones de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso, o en este caso el ahorro, de dinero.

Si bien no se ha publicado hasta ahora algún contrato de Pierdant ni alguno de sus hermanos con el gobierno federal, el empresario sí aceptó haber sido proveedor del PRI en 2011 en el Estado de México con su hermano Jorge Pierdant, como denunció en 2012 Ricardo Monreal, cuando era coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

Los años siguientes colocaron a Peña Nieto en una encrucijada mayor. Su amigo Pierdant, que le dejaba usar su condominio sin cobrarle y vendió material de campaña al PRI durante la sucesión inmediata de su puesto como gobernador, le prestó en 2014 a su esposa 29 mil dólares para cubrir los impuestos del departamento de ella, como publicó el reportero Julio Roa primero en su portal Enlapolitika y luego en The Guardian, en el reportaje que firmó en coautoría con José Luis Montenegro.

¿En qué condiciones sucedió este préstamo? ¿Tuvo intereses, se firmó un contrato, en cuánto tiempo se devolvió el dinero? La respuesta a estas preguntas, que lucirían como una exageración si no se tratase de un préstamo a la familia presidencial de un país, resulta todavía más apremiante, luego de que documentos del condado de Miami probaran que la causa del préstamo no se sostenía.

La versión –que Peña Nieto hizo suya en una entrevista con Joaquín López Dóriga- consistió en que Rivera estuvo impedida de pagarlo ella misma porque se encontraba en México y Pierdant en Miami. ¿Sabía ella que los impuestos se pagaron por Internet?, preguntamos al vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, antes de publicar documentos oficiales que probaban que Pierdant pagó los impuestos de Rivera con un cheque electrónico.

Días más tarde supimos, también por información pública, que durante cuatro años ella pagó el mismo predial por medio de un despacho de Miami, lo cual reforzó las preguntas: ¿Por qué le pidió el préstamo al amigo de su esposo, si ella misma podía pagarlo desde México o por medio de este despacho? ¿Cómo y cuándo Rivera le devolvió el dinero a Pierdant? Eduardo Sánchez respondió que consultarían con la oficina de la primera dama sobre el pago electrónico. Luego, otra vez, vino el silencio.

Considero que las dos cartas de disculpa que publicó The Guardian no eximen al gobierno federal de responder a ninguna de estas preguntas. Ciertamente no se ha publicado algún indicio de que Ricardo Pierdant o alguna empresa de su propiedad recibieron contratos del gobierno federal, que probarían un conflicto de interés en el préstamo del inmueble o un pago por el favor.

Es cierto que su hermana, Aurora Pierdant, ganó en tribunales un litigio en contra de su sanción como funcionaria pública, de acuerdo con registros judiciales. Es también cierto, como se observa en un expediente que obtuvimos en Univision gracias a una solicitud de acceso a la información, que ella ganó por concurso, presentando la oferta más barata, la plaza para impartir un curso de derecho petrolero, que lo impartió y cobró un millón de pesos por su trabajo.

Lo que también es cierto es que a pesar de que el periódico británico haya reculado en la publicación de estos datos, no así en el préstamo del predial, aún no tenemos, y me temo que quizá no las tendremos, una explicación, una conferencia de prensa en la que se muestren documentos, que respondan a ninguna de las otras preguntas que atañen a este caso.

Considero que como periodistas y ciudadanos bien nos serviría, en los momentos políticos tan difíciles que vive la imagen pública de este gobierno, que la Presidencia no se cobije en esta decisión editorial de The Guardian para guardar el caso debajo del colchón.

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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