En mi anterior colaboración establecí que la invitación a Trump para que visitara México podría tipificarse como traición a la patria, pero lo que puede interpretar un ciudadano a favor y en contra no es importante, sino lo que resuelve un Tribunal.
Para iniciar un juicio político que pueda llevar a la destitución de un Presidente, primero se requiere la apertura de un procedimiento penal e investigaciones bien hechas que establezcan la posibilidad fundada de que el mandatario cometió el delito. Después se debe abrir un expediente de procedibilidad en el Congreso de la Unión, para que finalmente sea aprobado por las dos terceras partes del mismo.
Como ven, en las etapas de este procedimiento fácilmente se gastan los 26 meses que le restan al Gobierno de Peña Nieto, y aunque restara tiempo, resultaría casi imposible reunir la mayoría calificada en el Congreso dadas las fidelidades del ADN priista.
Sin embargo, un buen grupo de ciudadanos distinguidos en el país, con honestidad comprobada fuera de toda duda, podría iniciar con el procedimiento e ir creando el precedente de que en México nadie está por encima de la Ley, porque al dejar de ser Presidente Peña Nieto sólo habría que seguir con el proceso en el Sistema Penal, como si fuera cualquier ciudadano. Esto que propongo suena complicado, tal vez poco probable e incluso alguien desde la dimensión del complot podría pensar que viene incluida una estrategia para salvarlo, ahora que muchos creen que ya tienen su renuncia en la mano.
Pero los que vivimos la experiencia del 68 sentimos una gran diferencia; en aquel entonces no hubo duda de que en Tlatelolco se cometieron crímenes, y que los autores materiales fueron tipos vestidos de civiles y con un guante blanco, y soldados que dispararon contra la multitud.
Sin embargo, era imposible obtener siquiera la copia de la averiguación previa, menos pensar en abrir un juicio contra Gustavo Díaz Ordaz porque además los obreros, campesinos y empresarios nacionalistas se sentían identificados con él. Difícil y dura fue la batalla, pero logramos hacer un buen agujero en el principio de infalibilidad presidencial y de indiscutibilidad de sus decisiones; Echeverría terminó entre fuertes rumores de un Golpe de Estado y López Portillo aullando como un perro, Salinas se refugió en Europa y Zedillo perdió la Presidencia, y aunque Calderón la retuvo para Acción Nacional con un fallo muy discutible de los tribunales electorales, también la acabó perdiendo.
Han sido procesos críticos y muy fuertes contra los presidentes, pero ninguno se ha concluido con una sentencia jurídica; ya veo venir mis 71 años y nada me gustaría más que un Tribunal, nacional o extranjero, enjuiciará al Presidente de la República. Sería una alegría hasta mayor de la que sentí al saber que Pinochet había sido detenido en Londres.
