Cada mañana, sin exagerar, amanezco con la noticia de un nuevo accidente vial en el que está involucrado algún tráiler. Obviamente, mis posibilidades informativas de esas horas matinales se limitan a las carreteras que conducen a la capital y la zona suburbana de la misma. Todos los días hay cuando menos una volcadura, un choque, una llanta desprendida que mata transeúntes o vecinos. Frecuentemente ocurre inclusive en vías rápidas de la propia capital e incluso en sus calles interiores. Usted lo habrá constatado a través de los noticieros de radio y televisión. En todo el país ocurre lo mismo. Miles de muertos cada año. Debiera ser un escándalo.

Les confieso que a medida que me entero de más y más casos aumenta la angustia que siento en la carretera al manejar mi auto a un lado o detrás de alguno de esos monstruos. Basta un coletazo del remolque para sacarnos del camino… y de la vida. En cualquier curva o vado el peso de la carga puede vencer la precaria estabilidad del tráiler y provocar la volcadura que significa aplastarnos como sapos. Y hay que tener en cuenta que cada día circulan por las carreteras de toda la República casi medio millón de ellos.

No dramatizo. Las estadísticas del INEGI indican que más de cinco mil personas mueren cada año por accidentes viales. En más de mil de esos descensos se ve involucrado algún tráiler, especialmente de doble remolque. A su vez, el Instituto Mexicano del Transporte reporta que de 30 mil accidentes anuales, el tractocamión doblemente articulado participa en tres por ciento de los casos, genera 2.2 por ciento de fatalidades y 1.6 por ciento del total de lesionados. Es decir, ese tipo de vehículos provoca cada año la muerte de no menos de seis mil 600 mexicanos y deja lesiones a otros cuatro mil 800. Muchos de ellos quedan incapacitados de por vida.

Culpar de estos asesinatos a los choferes puede no ser estrictamente justo. Los registros indican en efecto que la mayoría de esos percances, el 90 por ciento, son debidos a fallas de los conductores. Impericia, exceso de velocidad, sueño. La verdad no obstante es que los verdaderos responsables son los propietarios de esos vehículos, integrantes por cierto de una mafia intocable. A ellos me refiero cuando digo traileros criminales. Las condiciones mecánicas deplorables por falta de mantenimiento, la antigüedad de los vehículos, la sobrecarga ilegal y la explotación infame de los choferes, a quienes se obliga a jornadas extenuantes, sin descanso, para ganar pagos extras, son factores determinantes.

Sin embargo, hay otros culpables. Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezados por el secretario Gerardo Ruiz Esparza, son a menudo responsables por sus omisiones en la aplicación de leyes y reglamentos, de sanciones para los infractores. Cómplices también son los elementos de la policía Federal de caminos y las policías estatales que a cambio de extorsiones solapan las irregularidades en que incurren conductores y dueños de estos enormes camiones. En un sector donde existen grandes intereses económicos –y hablamos de miles de millones de pesos-- el tema está marcado por la corrupción. No hay de otra.

La Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal establece en su artículo 50 una carga máxima de 80 toneladas para un tractocamión, lo cual es en sí mismo una aberración. En muchos países del mundo el tope es mucho menor. Mientras en Estados Unidos se tiene autorizada la circulación de vehículos con un máximo de 25 metros de largo y 39 toneladas de peso en total, en nuestro país la norma 012 de la SCT permite unidades de 31 metros de largo con hasta 80 toneladas de peso, convirtiéndola en la única nación que excede los estándares internacionales. Criminal. Lo peor es que ese límite tampoco se cumple y que es común que uno de esos vehículos transporte impunemente hasta ¡110 toneladas de carga!

El problema mayor, desde luego, es la circulación permitida en México de los tráilers de doble remolque, que por su peligrosidad están prohibidos en gran parte del mundo. La mayor infamia es la indiferencia o cerrazón del Congreso mexicano para modificar la legislación en el sentido de vetar definitivamente el tránsito de esas moles mortales. Las peticiones en ese sentido de diversos sectores productivos, incluidos los propios transportistas conscientes, que se han hecho desde hace años y sexenios, han sido literalmente ignoradas. Hoy hay una nueva iniciativa de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados que lo propone.

El Diputado federal panista Jorge López Martín, autor de la iniciativa, ha explicado que ésta se sustenta en la obligación del Estado a garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, y por lo tanto a traducir este mandato en la protección y prevención de percances causados por ese tipo de transporte. Tiene toda la razón. También cuando advierte que “resulta criminal dejar indefensos a los ciudadanos que transitan por las carreteras del país”.

La propuesta contiene referencias al panel de expertos a la Comisión de Transportes de la anterior legislatura (2012-2015) que pidió prohibir de inmediato la circulación de esas unidades de doble remolque, que en su mayoría transportan para colmo sustancias peligrosas altamente tóxicas y combustibles. Nadie les hizo caso. Sólo la colusión podrida entre traileros, legisladores y autoridades puede explicar tamaña irresponsabilidad, que cuesta vidas humanas todos los días. Todos los días. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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