Una de las mujeres buscadoras de fosas clandestinas del colectivo Solecito, en Veracruz, manifestó que las restricciones impuestas por el Fiscal General de la entidad, Luis Ángel Bravo,“son exageradas”. Al momento de realizar sus operativos de búsqueda se les prohíbe ingresar con celulares, tomar fotografías, filtrar información detallada a los medios, entre otros. Por ello, la entrevistada acusa los riesgos a los que la actual administración los expone, situación por la que aseguró que al funcionario “le importa más la imagen de su Fiscalía que la seguridad de las madres de desaparecidos”.
Por Miguel Ángel León Carmona
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– “A Luis Ángel Bravo le importa más la imagen de su Fiscalía que la seguridad de las madres de desaparecidos. Dijo que para la búsqueda de fosas clandestinas “cero celulares y cero periodistas, no le importó dejarnos incomunicadas en terrenos del crimen organizado. Hoy a un compañero lo mordió una culebra y si lo salvamos fue de milagro”, habla una de las buscadoras del colectivo Solecito.
Ella asegura que su grupo ha concluido que tal metodología impuesta por el Fiscal General en las labores del predio Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, lleva por objeto más bien aminorar el escándalo que ya significa, tan solo por cifras, 78 cavidades subrepticias y 28 cadáveres; nueve de ellos con tejido en estado de putrefacción.
La entrevistada, quien prefiere mantener el anonimato, asegura que desde las planeaciones de la brigada Luis Ángel Bravo a guiños y ademanes convenció al grupo que lo mejor sería negar el acceso al predio a los reporteros y evitar el uso de equipos telefónicos, que para el día de arranque se convertiría en una regla inquebrantable.
“Yo estuve en las primeras reuniones y no recuerdo ese pinche acuerdo; es más, ni siquiera firmamos alguna minuta. Así que nos cansamos de ser prudentes y ahora como colectivo fijamos una advertencia: si nos quieren quitar los celulares llamen a la prensa” comparte la mujer, quien nunca deja de referirse en plural, a nombre de todas sus compañeras de causa social.
La mujer describe una de las mayores cualidades, quizá, del Fiscal oriundo de Córdoba, Veracruz, la tierra de Javier Duarte de Ochoa: “Ah cómo es bueno para enredar a la gente” opina otra de sus compañeras.
Las madres no saben cuándo ni cómo fue que comenzaron incluso a entregar una lista a la segunda de Bravo Contreras, Rosario Zamora González, directora general de Investigaciones Ministeriales, un listado de 13 personas; nadie más entra. Nombre, apellido, ocupación, todo para cotejar con la credencial de elector que no se trate de algún reportero infiltrado, asegura.
Y es que pareciera que Luis Ángel Bravo emula las técnicas paranoicas del góber tuitero, que de acuerdo con el corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, en su libro El Infierno de Javier Duarte, página 32, en cada reunión privada en Casa Veracruz queda prohibido el uso de celulares, iPads, cámaras, plumas, gafas y todo lo que pudiera grabar.
Lo anterior a raíz del escándalo del pasado 17 de abril de 2013 cuando funcionarios de su gabinete, entre ellos Salvador Manzur, fueron ventilados en las redes sociales lucrando con programas de asistencia social en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Y si de hechos que empañen la imagen del Fiscal General se trata, basta remontarse al mes de abril del año corriente, cuando la Primera Brigada Nacional de Búsqueda evidenció 15 narcofosas en las ciudades de Córdoba y Paso del Macho y miles de restos óseos carbonizados. Todo lo anterior con presencia de asociaciones civiles y medios de nivel nacional e internacional.
Es así como la integrante del colectivo Solecito cuenta las exigencias de Luis Ángel Bravo Contreras, pero a la vez deja entrevisto la ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues el grupo no cuenta con asistentes médicos, vehículos en caso de emergencia, nada. “Si el compañero hoy se encuentra estable fue gracias a los medicamentos que la gente dona para nuestro botiquín”.
No obstante que Bravo Contreras asegura “todo marcha en orden en Colinas de Santa Fe” y Namiko Matsumoto, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presume “tener de su lado a todos los colectivos de desaparecidos en Veracruz”; sus faltas serán presentadas en las siguientes horas ante Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en una mesa de trabajo en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
“PRIMERO LA IMAGEN, LUEGO LA SEGURIDAD DE NOSOTRAS”
La entrevistada relata que toda búsqueda en el puerto de Veracruz comienza un día antes, a las 23 horas como límite, el colectivo Solecito debe hacer llegar al Fiscal una lista con 13 nombres, ni uno más, con datos puntuales de los buscadores, así sean los mismos que desde hace dos meses de trabajo han cavado en el predio.
“La restricción es exagerada, teníamos prohibido ingresar con celulares, tomar fotografías, filtrar información detallada a los medios, pero si nos pasa algo allí adentro, cómo nos comunicamos con las personas de afuera. Se les olvida que los terrenos fueron empleados por el crimen organizado o qué pasa” cuestiona la madre de desaparecida.
Fue el día lunes 12 de septiembre, durante las primeras horas de labor de excavación, cuando uno de los integrantes del Solecito fue atacado por una culebra. “No había paramédicos, no había ambulancia y para colmo ni siquiera celulares. Cuando pasaron el reporte a Rosario Zamora no sabía ni qué hacer, pero claro ya habíamos resuelto el problema”.
De acuerdo con la madre, el momento que se vivió fue de pánico, ignoraban si el reptil era venenoso. Fue gracias a una de sus compañeras, con conocimientos básicos en primeros auxilios, salvó la vida del herido y “a Luis Ángel Bravo de un escándalo”.
Son los detalles que el colectivo Solecito expondrá a Roberto Campa Cifrián en las horas siguientes, todas, en consenso, “diremos que la imagen de la Fiscalía va primero que nuestra seguridad”, sentencia la buscadora de fosas ilegales.
