Miguel Ángel Osorio Chong asumió facultades casi ilimitadas al inicio del actual gobierno. La tarea más importante que asumió fue garantizar al seguridad de los mexicanos. Hoy, a punto de cumplirse cuatro años del gobierno de Peña Nieto, el país muestra una cara que deja mal parado al súper Secretario de Gobernación.
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Ciudad de México, 7 de septiembre de 2016 (SinEmbargo).- Siempre que en este sexenio se habló de los posibles sucesores del Presidente Enrique Peña Nieto, la lista comenzó, invariablemente, con dos nombres: Luis Videgaray Caso y Miguel Ángel Osorio Chong.
La reciente renuncia de Videgaray a la Secretaría de Hacienda pareciera allanar el camino hacia una potencial candidatura presidencial del ex Gobernador de Hidalgo.
Sin embargo, un repaso incluso somero por los éxitos que podrían atribuirse a la Secretaría de Gobernación y a su titular, en lo que va del actual gobierno, sugieren que su actual apuntalamiento podría ser más producto de la coyuntura que de sus logros.
Tan pronto comenzó la actual administración, Osorio Chong concentró tal cantidad de atribuciones que el Palacio de Cobián quedó transformado en sede de lo que analistas calificaron como una “Súper Secretaría”.
Osorio Chong asumió las facultades de la antigua Secretaría de Seguridad Pública, quedando a cargo de la estrategia de seguridad en el país, quizás el tema más sensible para los mexicanos.
También se erigió como coordinador de gabinete.
Y, a la postre, terminaría siendo responsable de tejer los amarres políticos que harían posible el Pacto por México, un acuerdo del gobierno con los partidos de oposición que permitió la aprobación de una nutrida agenda de reformas, entre ellas la Reforma Energética y la Educativa.
Hoy, a punto de cumplirse cuatro años de la actual administración, el estado del país pareciera sugerir que, en las áreas de su competencia, especialmente la de la seguridad, el “Súper Secretario” Osorio Chong tiene poco qué presumir.
Aquí, un recuento:
MUERTES, SECUESTRO Y EXTORSIÓN SIN FRENO
Probablemente el indicador que más fielmente refleja la violencia que vive en el país es el del número de homicidios dolosos. Un recuento del Semanario tijuanense ZETA, uno de los pocos conteos independientes que aún se realizan en el país, documentó 78 mil casos en lo que va del gobierno de Peña Nieto.
El recuento, presentado hace unos días, supera ampliamente la cifra de la Secretaría de Gobernación de 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va del sexenio.
ZETA advierte que los más de 78 mil homicidios que registró “son quizá sólo una parte de la cara de la muerte y crimen que el gobierno pretende no reconocer”.
En los primeros siete meses de este año se registraron 11 mil 257 averiguaciones por homicidios dolosos, cifra que superó las registradas en los mismos periodos de cada uno de los años previos de la actual administración.
En términos generales, la suma de homicidios dolosos y culposos de los primeros siete meses de este año, 19 mil 882 averiguaciones previas, también es superior en 4.6 por ciento a las registradas en el mismo periodo de 2015 en 4.6 por ciento.
En cuanto a las extorsiones, los números tampoco dejan bien parado a Osorio Chong. En los primeros tres años y siete meses de su gestión se registraron 21 mil 808 casos. La cifra implica 3 mil 492 casos más que las ocurridas en el inicio del sexenio de Felipe Calderón, entre enero del 2007 y julio del 2010.
Lo mismo sucede con los secuestros. En los primeros tres años y siete meses el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere 4 mil 757 averiguaciones previas; mil 475 más que las registradas en el periodo entre enero del 2007 y julio 2010.
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SENSACIÓN DE INSEGURIDAD
La presencia de Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación ha servido de poco para mejorar la percepción de seguridad en el país. Los mexicano, en términos generales, se sienten más inseguros.
Al menos eso es lo que el INEGI expuso en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del año pasado.
Entre marzo y abril 2015 el 73.2 por ciento de la población percibía inseguridad en el país. En contraste, en los mismos meses del 2013 el porcentaje de personas que percibía inseguridad fue de 72.3 por ciento.
DESAPARICIONES
Con Osorio Chong al frente de la seguridad del país los niveles de desapariciones han superado las registradas en los seis años del ex Presidente Calderón.
Desde diciembre del 2012 hasta julio del 2016 ocurrieron 14 mil 934 desapariciones en los fueros federal y común. Es decir, mil 462 desapariciones más que las ocurridas en los seis años del gobierno previo, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
La participación de la autoridad ha derivado también en casos de desapariciones forzadas. Los despliegues de la Secretaría de Gobernación en este tema quedarán marcados por la desaparición de 43 normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
El titular de la Segob ha realizado numerosas reuniones con los padres de los 43, sin embargo, los despliegues no han dado con su paradero, ni evitado que haya más desaparecidos.
El ascenso de las desapariciones también está reflejado en el número de fosas halladas por la autoridad.
Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) apuntaron que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se hallaron 68 fosas clandestinas con los restos de 378 personas.
Por su parte, Peña Nieto registró desde el inicio de su mandato hasta el reciente enero un total de 156 fosas descubiertas que albergaban 303 osamentas.
LA VIOLENCIA VUELVE AL TERRIOTRIO NACIONAL
Uno de los pocos consensos que existen hoy en el país es que la estrategia de seguridad del Gobierno federal, en manos de Osorio Chong, ha fracasado rotundamente y no hay razón alguna para pensar que dará mejores resultados en lo que queda del actual gobierno.
Una de las consecuencias de insistir en esa estrategia fallida es que la violencia sigue hoy, a 10 años de lanzada la guerra contra el narcotráfico, apoderada de vastas regiones del territorio nacional. A continuación mencionamos los casos más graves:
Tamaulipas:
Desde hace unos nueve meses, diversas ciudades de ese estado se han convertido en el campo de batalla donde facciones del crimen organizado se disputan el control del territorio y de las rutas de trasiego de drogas. Las escenas de ejecutados, decapitados y cuerpos desmembrados volvieron al estado tan pronto inició la guerra entre el Cartel del Noreste y Vieja Escuela o Grupo Bravo, escisiones del cártel de Los Zetas.
Guerrero:
Más de mil 500 homicidios se registraron en los primeros ocho meses del año en el estado. La cifra representó un aumento de 32 por ciento frente al mismo periodo del 2015. El Secretario de Seguridad Pública de la entidad, Pedro Almazán Cervantes, dijo que la violencia que enfrenta la región es producto de la batalla entre varios grupos criminales, entre los que se encuentran, Los Rojos, Los Ardillos, Cártel Jalisco Nueva Generación, y los Beltrán Leyva.
Ante la ola de secuestros y las extorsiones que enfrentan, unos 4 mil 500 empresarios del estado informaron que están interesados en armarse para enfrentar la violencia.
Michoacán:
Durante el primer semestre del año, en este estado se cometieron entre 80 y 90 asesinatos al mes, para cerrar con 540 el número total de ejecuciones en el primer semestre del año, de acuerdo con Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La mayoría de los casos ocurrieron en Zamora, Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan, municipios que aportaron al total de la entidad 332 homicidios y que se encuentran en el lista de los 50 municipios más peligrosos del país.
En este clima de violencia, los obispos del estado acusaron a la Procuraduría de justicia de actuar con dolo y no hacer lo suficiente para detener el regreso a la entidad de delitos graves como la desaparición de personas, el cobro de cuotas y los asesinatos a sangre fría que suelen cometerse a plena luz del día sin que la autoridad haga algo.
Estado de México
El Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila Villegas, se ha convertido en una de las entidades más peligrosas del país al colocarse el año pasado incluso por arriba de Guerrero, estado que actualmente atraviesa una grave crisis de seguridad. En lo que va de este 2016 ha mantenido su cifra roja y es el segundo estado con más asesinatos.
Durante los últimos meses, otros delitos como los asaltos en el transporte público también se han recrudecido y ya han cobrado la vida de varios civiles; mientras los feminicidios en la entidad, pese a que en al menos 11 municipios desde hace un año se declaró la Alerta de Género, no han disminuido.
LA REFORMAS FALLIDAS
Osorio Chong fue uno de los principales operadores del Pacto por México, un acuerdo entre el gobierno y las principales fuerzas políticas del país que se oficializó el 2 de diciembre de 2012.
El pacto habría hecho posible la aprobación en el Congreso de 11 reformas estructurales, entre las que destacaron la energética, la laboral, la de telecomunicaciones y la educativa.
A esas reformas encomendó el gobierno sus esperanzas de crecimiento para el país.
Hoy, a casi cuatro años de la firma del acuerdo, representantes de las principales fuerzas políticas opositoras que participaron en el pacto han expresado su arrepentimiento.
Y la mayoría de los indicadores económicos han dejado claro que, hasta hoy, no han dado los resultados que el gobierno anticipaba. Además, la implementación de la reforma educativa se ha transformado en una fuente casi inagotable de inestabilidad social especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
ATOMIZACIÓN DE LOS CÁRTELES
La atomización de la violencia se produjo a raíz de una estrategia encabezada por el actual Gobierno de descabezar el narcotráfico. En enero, Peña Nieto apuntó que habían abatido o capturado a 99 capos de los 122 objetivos criminales fijados por este Gobierno.
Lo que desató más violencia. Según la organización Semáforo Delictivo seis de cada 10 asesinatos se deben a ejecuciones relacionadas con el mercado negro de las drogas.
La Procuraduría General de la República publicó en julio que nueve cárteles operan en el territorio nacional, y 37 células delictivas. En el tiempo que el Gobierno tardó para acabar con Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, otros grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocuparon las plazas vacías.
Al punto que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos catalogó al CJNG y Los Cuinis, como los cárteles emergentes en México. La dependencia federal apuntó que se habían extendido por Michoacán, Jalisco y Colima.
Mientras datos de la PGR también los ubican en Veracruz, Guerrero y Nayarit. Por otro lado, que cárteles hayan crecido a pasos agigantados, no excluye el hecho de que células del crimen hallan aparecido y coludido autoridades locales.
-Con información de Sandra Rodríguez y Juan Luis Hernández
