En el último año han entrado en vigor una serie de reformas que apuestan al combate a la corrupción y la impunidad. Por un lado, el nuevo Sistema de Justicia Penal se hizo realidad en todo el país a partir de junio y, en el mismo mes, las reformas que dieron cabida al Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, y como en todo, los cambios no se vuelven realidad una vez que se aprueban y requieren una serie de acciones gubernamentales y ciudadanas para que sean efectivas y atiendan los problemas por los que, en principio, fueron creados. De esta manera, uno de los grandes pasos para pensar en la efectividad de éstas nuevas leyes tiene que ver con las designaciones de los funcionarios, definir quién se hará cargo de instrumentar el cambio.

Si bien existen requisitos legales para cada uno de los puestos, pueden caber en una serie de personas que no son precisamente idóneas. Por ello, es necesario hablar de los perfiles y no de los requisitos. La idoneidad del perfil de cada una de las posiciones se relaciona primero con la institución que representará y luego con el contexto y las necesidades que esta acarrea. Luego entonces, hablar de “probidad y honradez” –como se incluye en los requisitos– se vuelve totalmente vacío si no se tienen hechos y experiencia de fondo sujetos al escrutinio público.

En México el modelo de designaciones se presta al contentillo de quienes las realizan y también al nivel de participación y vigilancia de la sociedad del proceso de designación. Así, en lugar de garantizar que todas y cada una de las designaciones se lleven a cabo con una participación efectiva y sustantiva de la sociedad y definir –mediante reglamento– un modelo de designación participativo, nos quedamos a expensas de la voluntad de las y los involucrados.

No quiero decir que no existan casos exitosos, precisamente en ellos me baso para hablar de voluntades. La designación de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), por ejemplo, abrió la participación para que al final seis de siete fueran tomados de la lista provista por expertos ciudadanos. Asimismo, la participación ciudadana en el proceso del ombusman nacional fue determinante para la no ratificación de Raúl Plascencia Villanueva.

También nos encontramos con casos contrarios, como el del ministro Eduardo Medina Mora, en el que no bastó la gran participación, el rechazo ciudadano y una supuesta apertura.

En agosto, en la mesa temática “Anticorrupción” de la Alianza para el Gobierno Abierto, uno de los compromisos del Ejecutivo fue garantizar la participación ciudadana sustantiva y efectiva en los procesos de designación de los organismos encargados de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), principalmente de la Fiscalía Anticorrupción, el Comité Ciudadano, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los encargados de los órganos internos de control. Al final, algunos de los participantes estaban convencidos de que una reforma tan de “avanzada” no podría cumplimentarse adecuadamente sin la vigilancia de la designación.

Luego, la semana pasada, en un hecho sin precedentes, un grupo de organizaciones de derechos humanos, de transparencia y de rendición de cuentas, así como grupos empresariales, lanzaron la campaña #VamosPorMás, con la que se vigilará y monitoreará el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y la construcción de la nueva Fiscalía General de la Nación. La primera acción: las designaciones contra la corrupción y la impunidad.

Aunque históricamente nos han vendido que las designaciones solamente les corresponden a los facultados constitucional o legalmente, llamase el Ejecutivo, el Legislativo o incluso el Judicial –como en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, es necesario que defendamos nuestro derecho a participar en ellas. De otra forma, habrá cuotas. Así, la participación ciudadana podrá funcionar como la verdadera oposición a los intereses políticos y económicos, algo que es difícil encontrar en las instituciones encargadas de las designaciones.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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