Después de arreglar la mochila, sacar el uniforme y bolear los zapatos negros, Romina no podía conciliar el sueño pensando en los nuevos maestros y la posibilidad de que sus amigos más cercanos quedaran en otros salones. Será su último año de primaria, así que promete que reforzará sus matemáticas y hará bien las tareas de inglés para llegar a secundaria sin rezagos.

De camino a la escuela escucha en el noticiario del radio que miles de escuelas no abrirán en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Se pregunta si sucederá lo mismo en la Ciudad de México y respira aliviada al saber que aquí si comienza normalmente el ciclo escolar. Sin embargo, se preocupa por los millones de niños que hoy no pudieron regresar a la escuela y le cuesta trabajo comprender que el gobierno y los maestros no puedan llegar a un acuerdo.

La CNTE pide derogar la reforma educativa, de un sablazo, sin reparar en los avances que representa, sin apuntar con asertividad qué puntos derivados de esta reforma consideran que deben modificarse. Su argumento se centra en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, quienes, por cumplir más de seis meses de servicio, automáticamente se convierten en un trabajador de base, y exigen que no sean sujetos de evaluación. Negarse a una evaluación resulta irresponsable. ¿Por qué no poner sobre la mesa los requisitos de una evaluación diferenciada que consideren los contextos regionales y los retos individuales de los evaluados? ¿Por qué descalificar una reforma en su totalidad y convertir la intransigencia en el primer punto de una negociación?

La reforma no es perfecta, pero rompe de raíz con el control del reclutamiento y el desarrollo docente que estaba en manos de los líderes sindicales. Tanto el SNTE como la CNTE habían abusado del acuerdo político que permitía dar apoyo electoral a través del uso de mecanismos de control y de movilización de profesores.

Desde su promulgación, a pesar de ser una iniciativa que contó con el apoyo de una amplia mayoría en el Congreso, la reforma educativa ha sido percibida como una imposición al magisterio. La evaluación universal es el punto de quiebra que mantiene encendido el fuego de esta hoguera de desacuerdos. La carrera de un maestro requiere ahora atravesar por evaluaciones regulares en la que sea posible medir su desempeño y su capacidad. El docente será despedido si no aprueba la evaluación después de tres oportunidades ¿Representa esto una amenaza o una violación a los derechos laborales? Para los líderes de la CNTE sí.

Desafortunadamente el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, no ha presentado alguna contrapropuesta de evaluación que ofrezca mecanismos para lograr mejores condiciones laborales y no sea sólo una herramienta para justificar el despido. Con la evaluación planteada en estos términos, la interpretación de que representa una amenaza latente para los maestros es difícil de debatir.

La reforma constitucional no tendría que modificarse, ya que plantea la creación de un servicio profesional docente y el sistema nacional de evaluación educativa. Ambos necesarios para mejorar el aprendizaje de los alumnos de educación básica. Lo que sí requiere un replanteamiento, son las reglas de evaluación de docentes que por su carácter universal pasan por alto las diferencias locales y dejan a un lado los motores de motivación para ser sujeto de evaluación. ¿Por qué no concentrar la negociación en la evaluación y sus posibles mecanismos de aplicación?

Entre 2013 y 2016, la CNTE ha saturado su pliego petitorio con otras demandas que poco tienen que ver con el tema del desarrollo magisterial, han mantenido una huelga indefinida y ahora advierten que no iniciarán el ciclo escolar. Por su parte, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció que, de ser necesario, el gobierno federal recurrirá al uso de la fuerza. No le basta el saldo de Nochixtlán.

Aurelio Nuño asegura que el 90 por ciento de las escuelas iniciaron el ciclo escolar. En contraste, los líderes de la CNTE dan cifras de miles de escuelas que hoy no abrieron sus puertas. Los afectados directos son los millones de niñas y niños que no empezarán clases. ¿Cuánto tiempo más quedarán atrapados en medio de este conflicto?

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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