Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) son los responsables de la desaparición de Maximiliano Gordillo Martínez, así lo denunció la familia del joven chiapaneco que desapareció el 7 de mayo, cuando dejó su pueblo en busca de trabajo. De acuerdo con organizaciones civiles, el caso de Maximiliano ejemplifica el número cada vez mayor de mexicanos, mayoritariamente indígenas, que están siendo detenidos y desaparecidos por parte de los agentes de inmigración bajo el argumento de mantener la seguridad nacional.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Maximiliano Gordillo Martínez, originario de la comunidad Tzinil, en el municipio de Socoltenango, en Chiapas, desapareció el pasado 7 de mayo, día en el que salió de su pueblo con dirección a Playa del Carmen, Quinta Roo, en busca de trabajo. Investigaciones realizadas por su familia, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) y el albergue para migrantes “La 72”, señalan que fueron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes detuvieron al joven de 19 años cerca de la comunidad de Chablé, en los límites de Tabasco con el estado de Campeche, luego de confundirlo con un migrante centroamericano.
Hasta hoy el INM ha negado que haya realizado una detención en la fecha referida, sin embargo, las organizaciones denunciantes señalan que hay pruebas para responsabilizar al Instituto. Por eso, a tres meses y medio de la desaparición, el padre de Maximiliano hace un llamado al gobierno y pide “que me devuelvan a mi hijo de buena voluntad, pues aunque ellos quieran ignorarlo, ellos fueron”.
El caso de Maximiliano se suma a los más de 150 incidentes en los que civiles chiapanecos han desaparecido en territorio nacional durante migraciones internas, aseguró Enrique Vidal Olascoaga, vocero de la organización Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, durante una conferencia de prensa realizada este lunes.
De acuerdo con Vidal Olascoaga, el caso de Maximiliano ejemplifica el número cada vez mayor de mexicanos, mayoritariamente indígenas, que están siendo detenidos y desaparecidos por parte de los agentes de inmigración con el argumento de mantener la seguridad nacional.
Cifras dadas por Enrique Vidal señalan que en los últimos meses, tan sólo en Tabasco, se han registrado cinco secuestros masivos de migrantes. Asimismo, recordó que sólo en 2012 la cifra oficial de migrantes desaparecidos era de entre 5 mil y 8 mil.
“Maximiliano salió de su casa sin imaginar qué le iba a pasar”, dijo su padre, Arturo Gordillo, quien también participó en la rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
De acuerdo con su testimonio, el muchacho salió de casa el 7 de mayo rumbo a Playa del Carmen y durante el recorrido, aproximadamente entre las 21:30 horas y 22:30 horas, el camión en el que iba llegó a un puesto de revisión migratoria. Ahí fue detenido e inspeccionado junto con otras seis o siete personas por el personal de la caseta, quienes se los llevaron con el argumento de que eran guatemaltecos.
La familia de Maximiliano se enteró de lo sucedido gracias a un amigo de su hijo, quien presuntamente viajaba a su lado y fue dejado en libertad. Según el padre, el joven le contó que tres hombres armados, dos vestidos de verde claro y uno de azul, los bajaron del camión y les pidieron la credencial de elector para comprobar su nacionalidad.
Maximiliano les mostró su acta de nacimiento original y su Clave Única de Registro de Población (CURP), ya que no tenía el IFE. Sin embargo, los agentes sentenciaron que eran documentos falsos y lo detuvieron.
Desde el incidente, el joven chiapaneco no ha sido visto ni se sabe nada de su paradero. Los familiares han implementado distintas acciones para exigir la devolución con vida de su hijo, entre ellas, presentaron una denuncia por desaparición forzada ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Cristobal de las Casas.
Posteriormente interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Distrito Altos, de la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas, abriéndose la carpeta de investigación con número R.A.0750-078-0301-2016.
También se le solicitó apoyo al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, quien, aparentemente, a pesar de haber manifestado su “buena voluntad para llevar a cabo las acciones pertinentes”, no ha hecho nada.
Según las organizaciones involucradas en el caso, desde el primer día en el que desapareció Maximiliano intentaron tener un acercamiento con el gobierno. Se le pidió al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, que presentara los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en la caseta, así como las carpetas con los registros de ingresos de esa fecha. Sin embargo, el INM niega la existencia de tales documentos, así como el registro del nombre de Maximiliano en su base electrónica.
La negligencia de las autoridades, sumada a las irregularidades del caso, les hacen sospechar que “las autoridades mexicanas de todos los niveles toleran y participan en la violación sistemática de los derechos humanos”, así lo aseguró Vidal Olascoaga, de Voces Mesoamericanas, quien difundió los nombres de los funcionarios a los que hacen responsables por la desaparición forzada del joven.
El agente de migración “C”, Rubén Silva Silva y el coordinador de unidad, Óscar Benjamín Castillo Pavón Carbonell son los individuos señalados como responsables directos del incidente. A ellos se suman el Delgado Federal del INM en Tabasco, Eduardo Hernández Dighero y el titular del Instituto, Ardelio Vargas Fosado, «quienes mantienen un control de sus subalternos, por lo que todo aquello ejecutado por cualquier agente migratorio, es responsabilidad directa suya».
En el ámbito federal, al interior del INM, de los operativos migratorios y de la impunidad que reina hoy en el Instituto responsabilizaron a Mario Madrazo Ubach, Director General de Control y Verificación Migratoria; Segismundo Doguin Garay, Director General de Coordinación de Delegaciones; y César Larriva Ruiz, titular del Órgano Interno de Control.
También señalaron como responsables de la Delegación del IMN en Tabasco a Marco Antonio Cuéllar García, Subdelegado Federal en Tabasco; Santiago Castro Rodríguez, Delegado Local en Tenosique; Carlos Lara Pulido, Subdirector de Control y Verificación Migratoria de Tabasco; Cindy Carolina Escobar Vera, Subdirectora de la Estación Migratoria en Tenosique, y a Lorena del Carmen Hernández Ramón, Jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia en Tenosique.
Las pruebas han llevado al grupo de investigación a decir que “los puestos de migración en vez de proteger (a los viajeros), son recintos que protegen al crimen organizado”.
Según ellos, Tabasco y Chiapas son dos estados en los que se vive un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y en los que las autoridades participan con los delincuentes para extorsionar e incluso traficar con migrantes.
Según Voces Mesoamericanas, el INM lleva trabajando desde el 2005 bajo un régimen de militarización en el que buscan contener el libre tránsito de las personas con la excusa de la seguridad. Este estado de militarización es una forma de blindar la frontera sur de México y de apoyar a Estados Unidos en su política de restricción migratoria. Cifra que da cuenta de ello es que en 2015, 190 mil personas fueron detenidas por agentes del INM en todo el país, un 120 por ciento más que en 2013.
Maximiliano es uno de esos miles. El joven, quien apenas el 21 de agosto cumplió 19 años, salió de su pueblo en busca de mejores oportunidades, pero se convirtió en víctima de la violencia y la impunidad que aquejan al país. Hoy su familia pide su regreso mientras lo recuerda como un joven alegre y trabajador.
“Exigimos a las autoridades que nos devuelvan a nuestro hijo. En Villahermosa nunca denuncian nada porque le tiene miedo de la policía y corren el riesgo de perder su vida. Yo no tengo miedo, lo que tengo es mucho el dolor”, dijo el padre de la víctima, quien junto a su esposa y su hijo de 10 años, aún conserva la esperanza de que su hijo no haya sido entregado al crimen organizado, haya muerto siendo torturado o haya sido deportado a Guatemala.
